Integración Social: Nueva Ley obligaría a inmobiliarias a ceder 5% de superficie para Vivienda Social

A la hora de criticar la vivienda social en Chile nos enfrentamos muchas veces a planteamientos referidos a su tamaño (bajísima cantidad de m2) o a la calidad de su edificación; existe sin embargo un factor más, tan relevante como el resto pero posiblemente mucho más decisivo a la hora de construir Vivienda Social, dado a su imposibilidad de variar en el tiempo: su localización.

Bajo esta visión es que el MINVU enviará al congreso un proyecto de ley que busca precisamente hacerse cargo de la localización en la ciudad de la vivienda social, garantizando suelo urbano para la construcción de ésta. El proyecto de ley plantea que todos los proyectos inmobiliarios privados deberán entregar un 5% de la superficie total para la construcción de viviendas sociales o bien, pagar el valor equivalente. Lo que se busca así, es terminar –o revertir en la medida de lo posible- con la lógica imperante de trasladar la vivienda social a la periferia, alejando a los pobladores de sus redes familiares y fuentes de trabaja, quedando insertos en una periferia por lo general sin equipamiento y obligando a éstos a largos tiempos de desplazamiento. Así lo plantea la Ministra de Vivienda y Urbanismo, Patricia Poblete Bennett:

“Lo primero es la convicción de que la segregación social plantea un dilema ético ineludible y que la segregación urbana no se revierte de manera espontánea, o simplemente aumentando los recursos que el Estado destina a los subsidios habitacionales. Nuestra propuesta parte por reconocer que las condiciones marginales de los conjuntos de viviendas sociales dan cuenta de la incapacidad del sistema para generar ciudades equilibradas, donde los que tienen menos puedan vivir cerca del lugar donde nacieron o donde vive su familia de origen, aun cuando se trate de sectores donde el valor del suelo jamás podría ser abordado por el actual sistema.”

De llevarse a cabo la iniciativa y aprobarse los cambios, que modificarían la Ley General de Urbanismo y Construcción (LGUC), los inversionistas privados deberán participar en la solución del problema de la segregación urbana, haciendo conciliar los intereses económicos personales con los de la sociedad toda.

El debate promete tensionar las relaciones entre el gobierno y los empresarios; algunos ya han calificado la iniciativa como un impuesto encubierto para el sector privado, pudiendo convertirse en un desincentivo para los actores inmobiliarios. En esta materia la postura del MINVU es categórica: “Nuestra propuesta no es un “impuesto” ni una “expropiación forzosa”, sino una exigencia urbanística y social, a través de la cual el Estado protege el bien común” .

Luego de años en que la cantidad primó a la hora de tomar decisiones en torno a la vivienda social, el debate se centra ahora poco a poco hacia la calidad y la integración; y ésta va de la mano de construir ciudades cuyos niveles de segregación no sean los actuales, donde los pobres de nuestra sociedad son una y otra vez marginados hacia la periferia. En esta línea se plantea la nueva ley, y en esta línea también han trabajado ya algunas iniciativas, de índole privado y público, cuyo principal motor ha sido la radicación de las familias en sus lugares de origen, aunque esto implique una mayor inversión en los terrenos. Así se plantea el Proyecto Elemental, en proyectos como Quinta Monroy o Renca, y así se plantea también el proyecto Ribera Norte en Concepción, iniciativa estatal que consiguió la radicación de 1500 familias en un sector aledaño al centro de la ciudad.

www.elementalchile.cl

www.riberanorte.cl

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