La reivindicación de las inmobiliarias?

Hace poco tiempo, un grupo de empresas de la Cámara Chilena de la Construcción hizo un estudio que concluyó que la industria inmobiliaria tiene bastante descontento al sector público -…aunque probablemente no sea necesario hacer un estudio para darse cuenta-. Como este hecho no favorece a nadie, se decidió tomar medidas para poder revertir la situación, dejando mejor parados a los inmobiliarios. Y acá el plato fuerte es un novedoso código de autorregulación, una especie de manual de buenas costumbres para relacionarse mejor con los vecinos.

Este código implicaría, aparte de cumplir con todas las normas pertinentes (urbanismo, construcción, seguridad y medio ambiente), comunicar la información relevante del proyecto a los vecinos, ya sea el tipo de trabajo que se realizará, en qué horario, movimientos de tierras, de camiones y otra serie de actividades que podrían ser molestas. La propuesta apuntaría a compensar a los vecinos por todas aquellas externalidades negativas que genera la construcción de edificios o conjuntos de casas. Para ello se pretende incorporar procesos de participación ciudadana durante el período de evaluación y desarrollo delproyecto, entregando beneficios a las comunidades cercanas materializadas en áreas verdes o equipamiento. Este sistema estaría basado en el mismo modelo de responsabilidad social utilizado en mineras o grandes plantas industriales en el país.

El hecho de involucrar a la ciudadanía en proyectos inmobiliarios evidentemente no es gratuito; bajo las circunstancias actuales, casi el 20% del promedio de proyectos inmobiliarios construidos anualmente (620) estarían paralizados. La causa principal son los reclamos de los vecinos en los municipios, cambios en los planes reguladores o exceso de burocracia. Un ejemplo concreto de esto fue lo ocurrido en Ñuñoa, donde se congelaron lo permisos de edificación producto del reclamo de los vecinos por el boom inmobiliario que se estaba viviendo. La Cámara Chilena de la Construcción pone énfasis en los problemas que esto acarrea, principalmente en los 35.000 puestos de trabajo que se estarían perdiendo en el país y en la baja de participación de la actividad sectorial.

En primera instancia esta medida suena muy bien. Si las condiciones de edificación propuestas en el Plan Regulador Comunal no satisfacen de todo a los vecinos, viene bien que los inmobiliarios, si es que les corresponde, se puedan hacer cargo. Total son ellos quienes ejecutarán un proyecto próximo a la vivienda de otras personas y por lo tanto son precisamente quienes tienen la posibilidad concreta de hacerles la vida más amable.

La pregunta que surge ahora es en qué medida lograrán materializar estas acciones:

Mitigando las externalidades a corto plazo (durante la ejecución de la obra) y a largo plazo (el proyecto terminado en su entorno mediato).¿Definiendo con los vecinos a qué hora les acomoda más el tráfico de camiones?,¿Dejando un área verde para el barrio a modo de disculpas por haber metido tanto ruido y echado polvo durante un año al lado de su casa?

Esperemos que el sector privado logre acá ser tan eficiente como dice serlo.

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FUENTE IMAGEN: Corbis (libre de derechos)