El derecho a la ciudad en Santiago (1)

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La semana pasada tuvo lugar en Santiago el Workshop “La ciudad Justa”, que reunió a expertos mundiales en urbanismo y las distintas disciplinas relacionadas con el estudio de la ciudad y el territorio; entre sus caras visibles estuvo la conferencia dictada por Edward Soja en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la PUC. Dos de los temas que salieron al ruedo, fueron la “justicia espacial” y el “derecho a la ciudad”, dos conceptos que se encuentran en mayor o menor medida insertos en el debate a nivel internacional, y debieran permear nuestra discusión a nivel local. Aprovechando este acontecimiento especial como excusa, reseñaré algunos aspectos de la situación de Santiago, que al mismo tiempo se relacionan con el gran énfasis en la ciudad que ha aparecido en diversas agendas entre organismos internacionales y que ocupó, por ejemplo, la reflexión en la última convocatoria que el World Bank realizó en su concurso de ensayos orientado a la juventud del mundo.

Para referirnos a estos temas, creo necesario abordar la dualidad de las metas que aparecen en el desarrollo urbano en la ciudad de Santiago, como son la agenda social y la orientada a la competitividad. Esperaremos continuar luego con los siguientes capítulos después de éste, donde utilizaremos de ejemplo los conceptos diferenciados de gasto e inversión. Entre “capítulos” tendremos la oportunidad de enriquecer las reflexiones con el debate que podamos levantar en el blog.

La inversión: infraestructura estrella

Como ha dicho el cineasta local Orlando Lübbert, Santiago es una “ciudad segregada en la que virtualmente podemos viajar en pocos minutos de Dallas a Bangladesh”[1]. En Santiago de Chile es posible llevar una vida del primer mundo, moviéndose por autopistas de última generación, consumiendo productos de lujo, viviendo en los suburbios del barrio alto; pero también vivir en los extra-muros, en barrios gigantescos de una homogeneidad social avasalladora, absolutamente alejados de las oportunidades que la vida en la ciudad debería proveer.

Mi experiencia en Santiago ha sido en tiempos de un desarrollo enorme. Una de las vedettes de los gobiernos de la Concertación ha sido la red de autopistas urbanas construidas bajo el sistema de concesiones implementado en el período de Ricardo Lagos – quien luego sería Presidente de la República – en el Ministerio de Obras Públicas. Ha sido el MOP quien ha liderado la dotación de infraestructura a nivel nacional y especialmente en la capital, y ha permitido que Chile se posicione al tope de los rankings de competitividad de infraestructura a nivel latinoamericano[2] y Santiago como la mejor ciudad para hacer negocios en la región[3].

Tales logros contrastan con el fracaso de la reforma al Sistema de Transporte Público bautizado como Transantiago, y también lo hacen los montos de inversión anunciados en sus lanzamientos: US 1.429 millones para las autopistas de uso particular versus US 292,5 millones anunciados en gasto público-privado para el proyecto de reforma del transporte público[4]. Además de esto, la implementación del Transantiago ha tenido un gran impacto político y social – ha sido la principal crisis que ha tenido que enfrentar el gobierno de Michelle Bachelet – debido a que las dificultades técnicas en su puesta en funcionamiento han afectado a la mayoría de la población de Santiago que utiliza el transporte público para sus viajes diarios[5].

El gasto: el problema de la vivienda en Chile, y el caso de Santiago

Cuando hablamos de segregación y de pobreza urbana en Chile, y particularmente en Santiago, es preciso hacer una diferencia con respecto a la situación de los pobres urbanos en el resto del “sur global”. Actualmente, la agenda mundial se ven fuertemente impactada por lo que Sheppard, Angel y Civco grafican diciendo “para dar respuesta al crecimiento urbano de aquí al 2030, deberíamos ser capaces de construir, sólo en los países en vías de desarrollo, una ciudad de 1 millón de habitantes por semana usando 1.000 dólares por vivienda durante los próximos 23 años”[6]. Esto se manifiesta de forma directa la agenda global ejemplificada en instituciones como UN Habitat, Cities Alliance, Un Techo Para mi País, documentos como las Millenium Goals redactado por la Millennium Project’s Task Force on Improving the Lives of Slum Dwellers, además de recientes iniciativas académicas como Global Studio y parte importante de la discusión en el Urban World Summit organizado por la Rockefeller Foundation durante el 2007, sólo por citar algunos ejemplos que mezclan iniciativas tanto gubernamentales como privadas.

La visión de la vivienda, ilustrada en slogans como el de Cities Alliance “Cities without slums” o, en mi país, el caso de “Un Techo para Chile”, ha estado fundamentalmente centrado en satisfacer la demanda de vivienda básica. En la mayor parte de los países “subdesarrollados”, las iniciativas de vivienda se enfocan en la situación de los slums o asentamientos informales, con variados resultados. En el caso de Sudáfrica, por ejemplo, la importancia política del tema de vivienda se ve ejemplificado en la redacción de la constitución política de 1994, que terminó con el régimen del apartheid, donde se establece que “toda persona tiene el derecho a una vivienda adecuada”[7]. Evidentemente, esta reivindicación es un desafío que la capacidad de las políticas públicas en países como Sudáfrica, donde gran parte de la población vive en asentamientos informales, no ha podido resolver. El billón de personas que viven en slums en todo el mundo nos harán volver una y otra vez sobre lo mismo.

Esto plantea un problema para entender el impacto de las políticas de vivienda en la conformación urbana de las ciudades chilenas. Visto desde lejos, las políticas de vivienda en Chile constituyen uno de los mayores éxitos cuantitativos en cuanto a la cobertura del déficit, llegando a frenar e incluso reducir la brecha a través de la implementación de políticas subsidiarias.

El modelo funciona entregando la construcción y oferta de viviendas sociales a los privados, siendo el estado responsable de subsidiar la demanda, es decir, entregar a las familias el dinero necesario para que puedan entrar al mercado. Esto ha significado el aumento en la capacidad de cobertura, mediante una acción descentralizada y agilizada por la provisión de oferta para una demanda abundante, garantizada por los subsidios estatales. Para entender el impacto y la importancia que esto tiene, no solo en la cobertura del déficit sino también en la industria inmobiliaria, sirve una mirada a la construcción de viviendas en Santiago: por ejemplo, durante el 2002 el 80% del total de viviendas construidas en la ciudad formaron parte de los programas de vivienda social[8]. Es necesario entender que estas cifras no sólo tienen un evidente impacto en términos cuantitativos, sino que ha sido mediante estos mecanismos como se ha construido gran parte de las ciudades chilenas, determinando enormemente las cualidades de nuestro espacio urbano.

¿Cuál es el problema?

El problema se encuentra en la estructura y ejecución de las políticas subsidiarias. El modelo funciona entregando un subsidio de US 7.200 del Estado a la familia, sumado a un ahorro de la familia de US 300[9], lo que deja un monto con el que cada ejecutor privado debe incluir compra de terrenos, la urbanización y la construcción final de las viviendas, incluyendo un margen de ganancias. Esto redunda evidentemente, según las lógicas de mercado, en la búsqueda de los suelos más baratos en la ciudad. La situación se hace aún más crítica debido al particular régimen político-administrativo chileno, donde la institución que debe encargarse de la vivienda es el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, siendo este mismo el organismo encargado de la regulación del crecimiento y la planificación del desarrollo de nuestras ciudades ¿Qué ha significado esto? Ha hecho evidente una contradicción que determina la precariedad de la forma en que viven millones en Santiago; el hecho de que un Ministro de Vivienda y Urbanismo sea “evaluado” políticamente según la cantidad de viviendas que ha logrado entregar, ha significado que progresivamente se cometieran irregularidades en las autorizaciones de construcciones de vivienda social fuera del límite urbano determinado como la máxima extensión urbana posible en los instrumentos de planificación emanados del mismo ministerio.

El resultado de esto en nuestra ciudad, es que millones de pobres han sido relegados a las zonas más alejadas de la ciudad, según lo ha determinado el precio de suelo, incluso fuera de los límites urbanos legales. La conformación física de nuestras ciudades es profundamente desigual, y en Santiago se manifiesta a través de las llamadas “cuñas de pobreza” en el sur, sur poniente y norte, en varias comunas que se agrupan conformando enormes ghettos construidos por privados, financiados por el Estado.

Continuará…

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[1] LÜBBERT, Orlando. “Taxi para Tres: un filme santiaguino”. ARQ (Santiago), mar. 2002, no.50, p.28-29. ISSN 0717-6996.ç

 

[2] América Economía Infraestructura

 

[3] Rankings Mastercard y América Economía Especial Ciudades

 

[4] Según datos oficiales. Seguimiento disponible en Plataforma Urbana

 

[5] Santiago, a su vez, es la mayor concentración urbana de Chile; representa el 36% de la población del país.

 

[6] ARAVENA, Alejandro. Ciudades: minas de oro o bombas de tiempo. Revista Foco 76. Chile, 2007, N.05 pp. 18-21 ISSN 0718-4077

 

[7] Constitución política de Sudáfrica

 

[8] ORELLANA, A. Las dos caras del éxito de la política de vivienda en Chile: ¿Una cuestión de gobernabilidad metropolitana? Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales. Barcelona: Universidad de Barcelona, 1 de agosto de 2003, vol. VII, núm. 146(047). <http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-146(047).htm> [ISSN: 1138-9788]

 

[9] MINVU, conversión aproximada