Alcalde Mayor: Visión territorial y necesidades urbanas.
Siguiendo la línea de el artículo “Un Alcalde Mayor para Santiago 2.0” ya están sobre la mesa las inquietudes de connotados arquitectos y urbanistas que manifiestan desde varios frentes su preocupación sobre la ausencia de institucionalidad al momento de pensar la ciudad como conjunto, intentando dejar atrás la amalgama de comunas bajo una gobernación o intendencia, sin atribuciones directas sobre la coordinación de intervenciones urbanas.
Allard, Poduje, Gutierrez y Echeñique opinan desde el bullado ejemplo, el por todos pronosticado caos vial para Sanhattan que ha evidenciado las limitaciones de municipios y autoridades ministeriales regionales o nacionales, que no han tenido la capacidad de comprender el impacto de intervenciones urbanas de gran escala, que pese a la presión orquestada del mercado, han erróneamente sido manejarlas como intervenciones puntuales. Incluso considerando la posibilidad de condicionar la inversión privada a través de mitigaciones viales o conectividad al transporte público subterráneo, las negociaciones son duras, las intervenciones tardías y los acuerdos aún poco evidentes.
¿Y que está sucediendo mas allá de los alrededores de nuestro principal centro financiero global?
No cabe duda que otros problemas de similar causa se están presentando en la mayor parte de las comunas del Gran Santiago, como también en las ciudades mas pobladas del país (que por lo demás estrenan nuevas autoridades edilicias). En el Gran Valparaíso se viven hoy congelantes conflictos de interés; con menos intensidad y no por ello menos preocupantes, en el Gran Concepción, Puerto Montt, Coquimbo y Antofagasta, siendo problemas urbanos latentes bajo la misma falta de institucionalidad.
Pero consideremos por ahora el caso de Valparaíso para expandir este debate sobre el territorio.
A través de variados artículos nos enteramos del conflicto que vive desde hace años la ciudad puerto patrimonial en lo que respecta al controversial proyecto de recuperación de borde costero, hoy conocido como Puerto Barón. El municipio, la comunidad, los empresarios marítimos y los sindicatos portuarios acumulan criticas a la iniciativa liderada por una empresa autónoma del Estado, EPV y sus planes de expansión, y la empresa privada concesionaria, con una aparente deserción del debate por parte del Gobierno regional y central.En esten contexto, hace un par de semanas un grupo empresarial de la Región de Valparaíso, ha anunciado que la autoridad marítima ha dado la autorización para construir un nuevo puerto en el sector de Laguna Verde, muy cerca del Puerto actual y en pleno aprovechamiento de otras importantes inversiones estatales recientes, como el acceso La Pólvora, el Antepuerto de Placilla y la nueva Zona Logística EPV.Así las cosas, la reacción privada ante la comprensión del territorio, se adelantó a la visión decisiva que pudo haber logrado el Estado.
Aunque el nuevo puerto es anunciado como granelero y aun no se conocen las reacciones de la comunidad local, parece posible que absorba en alguna medida, los excedentes de EPV y, en un hipotético escenario planificador, pudo (¿y aún puede?) aportar a la solución del conflicto que enfrenta a los porteños ante los destinos de su, para algunos ciudad-puerto y para otros, puerto-ciudad.
Por tanto, tal como ocurre en Santiago, ¿Quien une con una mirada territorial esta sumatoria de iniciativas que pudieran dar solución adecuada y equilibrante a cada uno de los intereses que se están enfrentando en la ciudad?
Siendo que la mayor parte de las ciudades portuarias, que iniciaron sus proceso de reconversión en los últimos años del siglo XX, tomaron decisiones en torno a relocalizar las funciones productivas, de manera de generar áreas especializadas, compatibles con sus contextos inmediatos, Valparaíso deberá continuar enfrentando la indefinición de una visión territorial coordinada, que permita compatibilizar los conflictos y no perder las oportunidades que ofrece cada una de sus posiciones: el patrimonio como factor de desarrollo productivo y el puerto como fomento a la industria exportadora/importadora, cada uno emplazado según sus ventajas expansivas, en logros de la calidad de vida urbana que nuestro progreso económico va paulatinamente materializando en nuestras ciudades.
Sin duda, el Alcalde mayor aparece como una necesidad de coordinación que, por las razones que sean, no ha sido abordada por la clase política y que aparece urgente de solucionar para no continuar siendo espectadores de la lamentable sumatoria de omisiones, incompletas o malas decisiones sobre la ciudad. Un debate que surge como una clara y nueva oportunidad de modernización institucional y de acercar a los ciudadanos a la plena y ansiada satisfacción urbana.
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