Cámara aprueba informe que apunta a gobierno de Lagos por fallas en cárceles concesionadas

(El Mercurio. 06/08/2009)

Por 39 votos a favor a favor, 4 en contra y una abstención, la Cámara de Diputados aprobó el informe de la comisión investigadora del proceso de cárceles concesionadas, el cual sostiene que el ex Presidente Ricardo Lagos y los ex ministros de Obras Públicas, Javier Etcheberry, Jaime Estévez y Eduardo Bitran tienen responsabilidad política en las fallas de este plan, que significó millonarios desembolsos para el Estado por concepto de indemnizaciones y pagos imprevistos.

“Quedó demostrado en la comisión que no hubo una política completamente seria en relación a la implementación del proceso de cárceles concesionadas. Ello se vio reflejado en un cúmulo de impedimentos que frustró que el conjunto de cárceles, que se habían prometido a través de un discurso presidencial, no se entregaran en tiempo y forma”, señala el texto.

El plan contemplaba construir diez cárceles -las obras de cuatro están paralizadas, una está abandonada, otra está relicitándose- en tres grupos, para lo cual se incorporaron capitales privados, a los cuales se les adjudicó el diseño, la construcción y administración de los recintos. Esta innovadora modalidad buscaba acelerar los proyectos, pero derivó en conflictos con las concesionarias, con demandas e indemnizaciones millonarias, pagos por el 90% de contratos cuando había sólo 43% de avance de las obras.

El documento señala que “de las declaraciones de los ex ministros Estévez y Bitran, junto con las del titular de Justicia, se concluye una falta de preparación en la puesta en marcha del proceso de concesiones de cárceles”.

Añade que “las situaciones descritas anteriormente, denotan que la implementación y posterior puesta en marcha del proceso de concesiones carcelarias obedeció a lógicas poco técnicas en su implementación, corroboradas por la Contraloría cuando ha planteado que se omitieron auditorias, como, asimismo, en que los controles internos de fiscalización tampoco funcionaron adecuadamente”.

Señala demás que Gendarmería tampoco estaba preparada presupuestariamente para avocarse al nuevo sistema de concesiones carcelarias, ya que la escasez de personal, hizo que los turnos de los funcionarios se extendieran más allá de lo previsto.

El documento también describe el perjuicio para las Pequeñas y Medianas Empresas que participaron en el proceso de construcción de las cárceles y el perjuicio para el Estado chileno por las indemnizaciones millonarias que debió realizar.

Concluye señalando que la responsabilidad de los inspectores fiscales “sólo es perseguible desde el punto de vista civil”, pero no ocurre lo mismo con “la responsabilidad de quienes, teniendo la obligación de implementar el proceso de concesiones carcelarias, no lo realizaron de acuerdo a parámetros que aseguraran un óptimo resultado, o bien, implementando dicho plan lo hicieron negligentemente”. Dichas personas, enfatiza, “no puede quedar sin sanción política”.