La misma vivienda social de siempre
foto de flickr.com/photos/relajate
Hoy me tocó estar presente junto a mi socia Camila Cociña en el foro “Las Siete Diferencias” organizado por la Universidad Nacional Andrés Bello, pensado para que los encargados de área urbanística de los grupos Tantauco y Océanos Azules explicitaran sus diferencias frente a un panel de expertos. Una de las siete diferencias apuntaba a las políticas de vivienda social. Sin querer ahondar en lo dicho por las candidaturas, quisiera recordar aquí la importancia que ha tenido este tema en el desarrollo político de Chile. Partiremos por recordar las definiciones que de la misma “vivienda social” se han hecho en los últimos 40 años (y algo más).
El arquitecto Pablo Cid recopiló en su tesis de título las siguientes definiciones:
“… bien de primera necesidad al que tiene derecho toda familia, planteándose atención preferencial por los más pobres y estimulándose la autoconstrucción”. Eduardo Frei Montalva (1964 – 1970)
“… derecho irrenunciable que el Estado debe proporcionar a su pueblo, no puede ser objeto de lucro, sino de necesidad”. Salvador Allende (1970 – 1973)
“… bien que se adquiere con el esfuerzo de la familia para el ahorro, y con aportes del Estado a través del subsidio”. Pinochet, Aylwin, Frei, Lagos, Bachelet (1973 – 2007)
No intentaré disertar sobre el tema técnico específico sino dejar estas definiciones como materia de reflexión hacia la próxima elección presidencial y hacer un breve comentario.
La principal discusión que queda en vivienda social, según lo señalado por los equipos programáticos de los dos grandes conglomerados políticos, es el tema de aumentar los estándares de metros cuadrados. Hay un consenso entre los dos equipos con más posibilidades de encabezar el gobierno de que el subsidio a la demanda es la mejor política pública para construir viviendas. La candidatura oficialista, además, manifestó cierta preocupación por que los subsidios no solo focalizaran hacia el aspecto social de las familias, sino que también se orientaran hacia conseguir ciertos objetivos urbanísticos, especialmente de localización.
Existe además una situación no resuelta en torno alos mecanismos para intentar frenar la segregación socioespacial a través de las cuotas de vivienda social en los proyectos urbanos condicionados. La situación se encuentra abierta, puesto que no han funcionado los mecanismos de condicionamiento durante la actual administración y, si bien en Océanos Azules defienden el perfeccionamiento de los instrumentos, éstos son criticados por Tantauco en base a la evidencia empírica de su fracaso.
Aparte de una definición de la vivienda misma, que entraña la discusión ideológica que cristaliza a través de políticas y mecanismos, existen otros paradigmas que merecen ser discutidos. Luego del foro de hoy queda claro que la definición se mantendrá en el “bien que se adquiere con el esfuerzo de las familias”. Hay otros aspectos que no quedan claros. Por ejemplo, la argumentación de que se requiere abrir el mercado de suelos para hacer posible la construcción de más viviendas sociales funciona para el paradigma de subsidio familiar para la participación del mercado privado. sin embargo, ¿qué hay de la posibilidad de que el Estado construya? ¿Se incluirá en las modificaciones propuestas a la constitución la posibilidad de que el Estado capte plusvalías? ¿Que ocurre con situaciones como los paños urbanos en manos de las fuerzas armadas que hoy en varias ciudades del país se están utilizando para negocios inmobiliarios?¿Hay alguna crítica al papel de los instrumentos financieros, si es que en Chile, según estimaciones del Banco Central, la deuda como porcentaje de los ingresos de los hogares se acerca al 70% y de ellas la mayor parte corresponde a deudas hipotecarias?
Bastantes preguntas. Al parecer tendrán que responderse en unos cuatro años más.
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