Cierre de calles y pasajes ¿Espacios comunitarios o seguridad ciudadana?

El fallo dado a conocer el pasado 28 de Abril por la Corte Suprema, en cuanto a la prohibición del cierre de calles o pasajes ha reabierto la polémica en torno a los beneficios que traen esta clase de medidas en la comunidad. El máximo tribunal revisó una disputa entre vecinos de una calle de Cerrillos que buscaban dar más seguridad a su vecindario, y determinó que es ilegal bloquear estas arterias, pues son bienes de uso público. La medida responde así a la falta de normativa que existe en la actualidad, ya que en la mayoría de los casos eran las propias municipalidades las que autorizaban esta clase de iniciativas a través de ordenanzas.

La disposición debiera afectar a cientos de casos a lo largo del país, ya que dicha acción era autorizada por algunos municipios como una de las principales alternativas para combatir la delincuencia en los puntos más conflictivos de sus comunas. En este sentido, la alta sensación de inseguridad de la población ha propiciado la adopción de diversas medidas de protección que se han considerado eficaces para reprimir la delincuencia, entre las que destaca el cierre de calles y pasajes.

En concreto, el arbitraje del tribunal judicial rige para los vecinos que cierran calles o pasajes con entradas y salidas en ambos extremos. Según la Contraloría, que ante una falta de una norma de general aplicación, sus dictámenes sobre la materia se han transformado en referentes normativos, las únicas vías que se pueden cercar son las que tienen un solo acceso –denominados pasajes ciegos- y los pasajes peatonales, excepto cuando converjan en una avenida o calle principal.

Hasta ahora la falta de un criterio uniforme, en cuanto al procedimiento o requisitos que deban cumplir los vecinos para la solicitud de cierre, se ha transformado hoy en la principal problemática a la hora de abordar tanto los beneficios como contras que traen este tipo de soluciones. En la actualidad, se pretende que dicha problemática quede zanjada a través de un proyecto de ley vigente en el Senado que determina el traspaso de la responsabilidad a los municipios. En la propuesta, se destaca que las municipalidades contarán con la atribución de autorizar hasta por un plazo de dos años, renovable, el cierre o medidas de control de acceso de pasajes y vías locales sin salida, con el objeto de garantizar la seguridad de los vecinos.

Lo cierto, es que la situación dista bastante de estar cerrada, propuestas como la anterior sugieren análisis y discusiones amplias por parte de los distintos sectores de la opinión pública. ¿Deben los municipios hacerse cargo de esta clase de situaciones? ¿Cuáles son los puntos de vista entre las distintas partes del embrollo? ¿En qué medida el cierre de calles funciona como medida efectiva de seguridad ciudadana? ¿Se justifica limitar la accesibilidad a ciertos lugares públicos en pos de la seguridad ciudadana? En virtud de conocer más acerca de la polémica, hemos decidido informar acerca de las distintas perspectivas que surgen en torno a ésta.

La importancia de los municipios

El proyecto de ley vigente en el Senado señala la importancia de facultar a los municipios en materias de prevención de la delincuencia y control de los espacios públicos en sus comunas. En la voz de los expertos, los gobiernos locales cuentan con ventajas comparativas, con respecto a los gobiernos regiones o nacionales, en términos de que se hallan mejor capacitados en función de promover y coordinar la participación civil en las distintas estrategias de prevención. La experiencia demuestra que la prevención de los fenómenos delictivos alcanza un mayor grado de éxito, en aquellas estrategias que involucran la descentralización de las políticas de seguridad a través de la participación comunitaria (sociedad civil) y los distintos niveles institucionales (la policía, los gobiernos nacionales y locales). En este sentido, el hecho de que el cierre de calles o pasajes comience a depender de la decisión de los municipios, es un avance sustantivo en términos de facultar a esta clase de entidades en las distintas políticas aplicadas a las realidades locales.

¿Espacios comunitarios o seguridad ciudadana?

Si bien hay un claro consenso en cuanto a la importancia de empoderar a las municipalidades en estas materias, existen fuertes desacuerdos en los resultados que trae la aplicación de estas prácticas en la comunidad. Algunos sectores confían en que el cierre de calles es un mecanismo eficaz de protección ante los altos índices de delincuencia que presentan algunas zonas, ya que a la vez que proveen mayor sensación de seguridad a los vecinos producen la participación de los mismos a la hora de tomar decisiones respecto a la seguridad ciudadana. La decisión comunitaria de bloquear una vía aseguraría -según esta perspectiva- la acción permanente de los vecinos y municipalidades al tener que consensuar los horarios de funcionamientos y mecanismos de mantención de la reja.

En sentido contrario, algunos especialistas apuntan a que las políticas públicas preventivas más exitosas están dirigidas al crecimiento económico, poniendo espacial hincapié en la intervención local y el desarrollo comunitario dirigido a la recuperación de espacios por parte de la propia comunidad. El hecho de permitir un uso intenso y apropiado de los distintos espacios públicos por parte de los diferentes segmentos de la población, sería un factor clave en la mejoría de la percepción de seguridad que presentan las personas en su espacio inmediato. Lo anterior, contribuye a una interacción entre los vecinos que fortalece la cohesión social de la comunidad y por ende lleva a una apropiación de los espacios públicos, permitiendo el desplazamiento de la actividad delictual.

Asimismo, se destaca como el cierre o control de accesos produce muchas veces resultados no deseados en cuanto los efectos son sólo de corto plazo, ya que al aumentar la inseguridad fuera de los espacios cerrados se atenta contra la percepción de seguridad de los propios vecinos. La preservación y recuperación de espacios públicos que se vean afectados por la delincuencia u otras amenazas a la seguridad de los habitantes resulta una herramienta muchos más eficaz en el largo plazo, en tanto el flujo peatonal no solo cumple el rol de vigilancia sino tambien constituye e integra los barrios de la ciudad.

En definitiva, es importante que se discuta la idea de cierre bajo un concepto más amplio de intervención urbana, siendo para ello necesario que se considere la opinión de los distintos sectores afectados en la tomas de estas decisiones. En función de esto es clave que las medidas adoptadas cumplan con requisitos o condiciones mínimas en base a estudios adecuados de la realidad local. Es importante que los municipios analicen las características de cada calle o pasaje en función de los requerimientos específicos de seguridad ciudadana y los efectos que producirán estos cambios en los alrededores.