Cierre del ascensor Cordillera en Valparaíso: ¿Un problema de gestión pública?

Si hacemos el ejercicio de pensar en Valparaíso, probablemente, una de las primeras imágenes que veremos serán sus ascensores. Y es que éstos se transformaron en un símbolo del puerto, símbolo que el viernes 28 de julio comenzó a decaer con el cierre definitivo del ascensor Cordillera, el segundo más antiguo de Valparaíso. Pero de este hecho, contra el que algunos ahora protestan, e independientemente de reversibilidad que tenga el caso, se generan diversas preguntas que vale la pena darle algunas vueltas.

Los ascensores son parte del casco histórico de la ciudad, algunos aun conservan su función de medio de transporte, pero su valor se torna invaluable principalmente por su calidad patrimonial. En su conjunto son parte esencial de Valparaíso y fueron componente relevante a la hora de declarar a la ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Además de este reconocimiento hay que recordar que estos 15 ascensores fueron declarados Monumentos Históricos por el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), pero como ya hemos visto en ocasiones anteriores este título honorífico no es siempre sinónimo de protección.

En un rápido chequeo por la administración de los ascensores debemos decir que cinco son de propiedad del municipio y los otros diez pertenecen a privados. Por lo que, a pesar de las declaraciones del CNM o de la UNESCO, sus dueños son libres de cerrarlos cuando así lo quieran.

Muchos han sido los proyectos que han buscado darle un nuevo giro a los ascensores, potenciarlos, buscar salidas económicas, etcétera. Durante el gobierno de Bachelet, el Ministerio de Bienes Nacionales anunció la probabilidad de comprar casi la totalidad de los ascensores, para terminar definitivamente con el eterno problema de la mantención, pero finalmente no se llegó a acuerdo. Recientemente, a fines de mayo, la agrupación de Usuarios de Ascensores de Valparaíso firmó un protocolo con el objetivo de integrar los ascensores al sistema de transporte del puerto. Sin embargo, antes que se entregue el estudio que se comprometió a realizar “Trolebuses y Ascensores”, ya nos llegaba la noticia del cese del funcionamiento de segundo ascensor más antiguo de toda la ciudad. Luego de la noticia, comenzaron a formarse distintos grupos en contra del cierre de estos ascensores y diversos políticos, tanto a nivel local como nacional, salieron en defensa del patrimonio.

Pero a propósito del post del domingo, que reflexionaba sobre esta nueva idea de pensar los proyectos como procesos a largo plazo, no sólo para una selección nacional de fútbol, sino también para hacer ciudad, es fundamental pensar en los ejecutores de la ciudad. Es decir ¿Quiénes deberían ser los encargados de velar por el mantenimiento de los ascensores, patrimonio nacional y de la humanidad? ¿Es mejor que estén en manos de la municipalidad o del gobierno? ¿No será acaso algo similar si depende un gobierno temporal, ya sea éste local o nacional?

Es aquí donde el tema se pone interesante y se extrapola al mismo problema de muchos otros casos. Buenas ideas y grandes proyectos se quedan entrampados en el tiempo, por la carencia de una institución que se encargue de los grandes temas de nuestras ciudades, a nivel interministerial, pero sobre ellos. Para que cada cuatro años, cuando cambie el gobierno, no se pierdan todos los avances realizados, y peor aun, no se pierdan planes completos por la rotación del personal de los servicios públicos. No puede ser que cuando cambia el bloque político que dirige una determinada municipalidad tenga que comenzar todo prácticamente de cero. Quizás sería eficiente una delegación de tareas, insisto tanto a nivel de planes locales como grandes proyectos a nivel nacional, en entidades autónomas y con un grado importante de independencia del Estado, muchas veces incluso se ha planteado incorporar a la “academia” a estos organismos autónomos ideales. Así se podría realizar una descentralización efectiva a nivel de gestión, una mejor capacidad para enfrentar las necesidades y administrar los recursos, un diálogo permanente entre el Estado, los gobiernos locales, el sector privado y la sociedad civil, y por qué no dar un paso más para la tan anhelada modernización del Estado.