1 de December, 2010

“Salud Cota Mil” o la segregación territorial de un derecho constitucional

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Hace ya más de un año, Felipe Berríos S.J. iniciaba un debate parcialmente difundido por los medios escritos, que fue capaz de incomodar ampliamente a la clase dirigente nacional: alumnos, padres y apoderados aceptaron la invitación para defender o aceptar las críticas. Se intentaba explicar el elitismo de algunas de estas autodefinidas por ley “organizaciones sin fines de lucro” ante la formación de nuevos profesionales, potencialmente ciegos a cierta realidad nacional vinculada al crecimiento equitativo, al reconocimiento del otro y, de cierto modo, a la distribución territorial notoriamente desequilibrante del acceso igualitario a la educación, al menos de su completísima infraestructura edificada.

Por estos días, una de aquellas universidades acusada de tal falta de universalidad, anuncia el inicio de las obras de un nuevo Hospital ubicado en terrenos precordilleranos colindantes, parte de la misma faja de equipamientos de educación superior y salud que se han concentrado en ese faldeo desde hace casi dos décadas. Recordando a Coco Legrand en Viña 2010, vemos asertividad en cómo la masa es atraída por la riqueza agrupada, que hacia la periferia ha buscado permanentemente distinguirse o segregarse.

Cabe señalar que dentro de este contexto de expansión segregativa hay una experiencia interesante: una de las maneras de distribuir territorialmente los servicios de salud ha sido el apadrinamiento de Universidades (públicas y privadas) a Hospitales en otros sectores de la metrópolis con menores ingresos. Es de esperar que esta modalidad siga siendo una de las maneras de propender equidad de acceso y calidad de servicio.

Pero en una mirada más amplia, nos encontramos con antecedentes que acentúan esta concentración de servicios y equipamientos de utilidad pública: sumemos el estudio de distribución de farmacias del Gran Santiago, donde veremos que no solo existe un problema de concentración (con las conocidas esquinas de colusión multimarca) sino que la capa “salud” coincide con otras actividades que repiten concentraciones o ausencias, una sobre otra en una regulación propia del neoliberalismo imperante, que no asegura de ningún modo equidad de acceso. La autoridad sanitaria además manifiesta sobre ello la imposibilidad de regular esta dinámica evidentemente distorsionada por la capacidad de consumo.

Entonces, más allá del debate propio de los costos, accesibilidad y eficiencia, ¿Cómo puede intervenir la autoridad para asegurar la adecuada cobertura de salud de la población, especialmente cuando son muchos mas los sectores que no logran una cobertura adecuada?

Intentando una exploración inicial y pese a que existen otras iniciativas en emplazamientos mas centrales y vinculados al transporte público, podemos suponer que el sistema imperante permitirá una (des)regulación propia de la lógica mercantil, pero interesante ver que en ello hay una inequidad tan evidente, que dejando la mirada pasiva, debiera buscar maneras de corregirse, mejorando esta condición de algún modo.

Estudios urbanos y análisis territoriales como los descritos serán por ahora las herramientas que facilitarán la detección de errores y por tanto, las nuevas posibilidades de ajuste, con tal de reformular la ausencia de tan necesaria geodistribución social, síntoma de nuestro problema macro de mala distribución del ingreso, pero que en su persistencia, más allá de lecturas subyacentes, continuará manteniéndos como habitantes de una ciudad con síntomas claros de enfermedad.