Principales conflictos urbanos de Santiago en 2010: reconstrucción y planos reguladores

¿Qué es un conflicto urbano? ¿Tiene que ver con política, con delincuencia, con vivienda? Con un poco de todo ello, más la participación de los ciudadanos directamente afectados. Por ejemplo, en los medios vimos vecinos movilizados por la instalación de antenas en sus barrios y por la demora de las soluciones ante la emergencia habitacional que resultó del terremoto.La Corporación SUR tiene desde julio de 2009 un mapeo de los conflictos urbanos de la capital. Los datos están disponibles en un sitio web, que permite hacer un seguimiento por áreas y por categorías, además, posibilita la actualización con cierta periodicidad de las zonas de conflicto.

Ya les habíamos contado en Plataforma de qué se trata esta herramienta, y este fin de año la Corporación generó un reporte de situaciones actualizadas. Aparecen, evidentemente, nuevos problemas derivados del terremoto del 27 de febrero, y también otras tendencias de movilización ciudadana. De hecho, los fundamentos sobre los que se construye esta herramienta de mapa de conflictos son dos: el progresivo aumento de la asociatividad y participación desde la ciudadanía, y también el progresivo deterioro de la calidad de vida urbana.

Los conflictos urbanos están definidos por la Corporación SUR como acciones colectivas que manifiestan en la arena pública las tensiones que se generan con el modelo vigente de producción y estructuración de la ciudad. Lejos de ser abstractos, se dan entre grupos de interés claramente identificados: las empresas, las organizaciones ciudadanas, el gobierno. La clasificación es de 5 tipos: Crecimiento urbano, Uso y apropiación de espacios urbanos, Medio ambiente, Vivienda y Daños terremoto. Además de la presentación visual del mapa que señala cada punto en conflicto, una barra lateral permite el ingreso directo a cada sitio señalado: la lista llega a 100 casos.

Mirando en sobrevuelo, además de ser un período marcado por los rastros del terremoto, este ha sido el año de los planos reguladores: ha surgido como tema en varias comunas, y además nos encontramos ante la pronta nueva votación de un nuevo plano para Santiago. Las comunas de Peñalolén y La Reina han estado discutiendo modificaciones a sus planos reguladores, que no han estado exentas de polémica con los vecinos.

En La Reina, por ejemplo, las modificaciones al plano estaban listas, cuando un grupo de asociaciones interpusieron un recurso ante la Corte de Apelaciones para congelar su ejecución. La medida se aplicaba específicamente sobre la eliminación de la definición de zonas de riesgo geofísico en la Falla de San Ramón. Esta falla se extiende unos 25 a 30 kms e implica un riesgo potencial ante movimientos telúricos, y se encuentra activa. Además de la congelación del plano regulador, se logró que el Minvu llamara a licitación para hacer un estudio de riesgo.

En Peñalolén, el municipio quiere llevar a cabo un proyecto de modificación del plano que implica liberar el sector de Américo Vespucio para construcción en altura y limitar la densificación en el sector alto de la comuna. Como consecuencia, se tendería a una presión inmobiliaria en el sector poniente de Lo Hermida y en el sector alto se limitaría la posibilidad de construir viviendas de interés social. En este punto colisionan organizaciones de allegados y organizaciones de vecinos de zonas acomodadas, como la Comunidad Ecológica.

En cuanto a participación ciudadana se lograron varias cosas con el trabajo comunitario: los vecinos del conjunto habitacional de la Caja de Empleados Particulares, en Ñuñoa,  lograron la declaración de zona típica para los edificios, aunque actualmente se enfrentan a problemas como la construcción en altura en zonas vecinas. Otro hito que sentó precedentes en cuanto a la participación ciudadana urbana fue la manifestación vía plebiscito de los vecinos del barrio Martín de Zamora, en Las Condes, en contra de la construcción de un mall de Cencosud. El municipio los habilitó para decidir si se cursaba o no la modificación necesaria en los usos de suelo para instalar el mall, y los vecinos rechazaron la construcción.

Además, distintas organizaciones sociales agrupadas lograron que la Contraloría revisara los procedimientos que permitieron la construcción de una sede de la Universidad San Sebastián en el barrio Bellavista. Además de presentar peros en cuanto a la altura del edificio, los vecinos también se enfrentaron a problemas de congestión y de uso de espacios públicos con la construcción ya habilitada y funcionando. La Contraloría determinó que el proyecto no fue sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, hubo irregularidades en cuanto a la normativa que dicta el plano regulador de la comuna.

En otro ámbito, se logró la todavía polémica reglamentación del cierre de calles y pasajes. Aunque estos cierres ya se efectuaban, no había una ordenanza clara, y ahora la facultad de decidir está en manos de las municipalidades, previo acuerdo de los vecinos y cumpliéndose normas de seguridad certificadas por bomberos y carabineros.

Finalmente, este año hubo que agregar una nueva categoría a los conflictos urbanos, por las consecuencias del terremoto de febrero. En distintas comunas los vecinos, dueños y arrendatarios de edificios colapsados se movilizaron para lograr que las inmobiliarias, aseguradoras y autoridades, asumieran responsabilidades por los destrozos y por el avance de la reconstrucción.

Dos puntos de conflicto en Ñuñoa fueron la Villa Canadá y la Villa Olímpica, debido a soluciones mal implementadas o que demoraban. Otros casos en Ñuñoa implicaron las acciones legales y reclamos de vecinos en contra de las inmobiliarias dueñas de edificios relativamente nuevos, que sufrieron daños irreparables en su mayoría, y que no ofrecían compensaciones a los dueños. Sucedió lo mismo en las comunas de San Bernardo, Maipú, Santiago, Independencia y Macul.