¿Un nuevo PRMS sin ley de participación ciudadana? Los ciudadanos SI quieren participar

“Paso a paso, y hoja por hoja, es fácil comprobar en las actas del cabildo el progreso continuo que mejora las condiciones de vida diaria del vecindario (…) Un considerable desarrollo del área de Santiago, entre 1560 a 1580, triplicó su superficie, hasta el punto de cubrir ciento veinte cuadras. La villa se había vuelto ciudad.”

Carlos Pena Otaegui, Santiago de siglo en siglo, Zig-Zag, 1944

Escrito Por: Consuelo Biskupovic, Master en Ciencias Sociales y Doctor (c) en Antropología en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, París, Francia.

Quisiera entregar una nueva mirada al problema de las modificaciones al Plan Regulador Metropolitano para Santiago, desde un enfoque de los problemas sociales y públicos.

Hemos observado cómo han surgido ideas, propuestas, columnas de opinión y críticas en relación al PRMS y su nueva modificación, en el contexto del tercer intento de la Intendencia para que el Consejo Regional vuelva a votar. Más que una política de que “el que la sigue la consigue”, creo que lo que más hace falta para aunar estas opiniones que se multiplican en los medios y espacio público es un diálogo entre ciudadanía y Estado institucionalizado, que permita enmarcar este problema público.

El debate público no existe sin institucionalidad. La acción colectiva tampoco. Si mientras manifestamos nos descuentan el sueldo, o las horas no trabajadas, ¿cómo podemos mostrar nuestra oposición, si tampoco existen instancias de participación, ni de negociación en el ordenamiento territorial?

¿Qué ciudad van a construir los santiaguinos, o los valdivianos, o los atacameños, si los decidores no los hacen partícipes de los cambios ni debates? ¿Cómo un ciudadano va a apropiarse un sitio?

Antes, cuando éramos unos pocos en la ciudad-pueblo, era la historia, la vida cotidiana, el uso y la comunidad que mayormente nos hacían reconocer nuestro territorio. Y es en parte eso lo que hoy en día están intentando “recuperar” algunos vecinos en sus barrios (Barrio Yungay, Coordinadora Vecinal La Reina, Asociación Huerteros La Pintana, Red de defensa de la Precordillera, etc.). Hoy, que pasamos más tiempo en el lugar de trabajo que en el espacio público, y que somos muchos más, es urgente reunirse a discutir qué ciudad queremos y cómo la queremos, y, porqué no, quiénes la harán.

No es raro que nuestro país, contrariamente a otros vecinos de América latina, conozca hoy en día un empobrecimiento en cuanto a movilización colectiva (salvo algunas excepciones que merecen un análisis a parte, como el movimiento pingüino o el movimiento puntual que se dio por Punta de Choros) y un desinterés por la política formal. Llama la atención el brote en Chile del uso de las TICs (movilizaciones vía Facebook o Twitter, multiplicación de blogs, columnas de opinión, comentarios en diarios, etc.), como también el hecho que tan pocos alcaldes y electos se interesen por las demandas de la ciudadanía, por los grupos, asociaciones, redes de ciudadanos que se están formando para luchar a escala barrial, municipal, metropolitana, etc. Salvo el caso de unos pocos concejales que han decidido apoyar algunas causas que llevan a cabo vecinos, en general la Municipalidad ve como enemigos los grupos organizados de ciudadanos que defienden el patrimonio, el medioambiente, la cultura, etc. de sus barrios.

En el contexto de una investigación para mi tesis doctoral, me ha tocado seguir algunas reuniones que un grupo de ciudadanos ha ido concertando con representantes políticos en la Intendencia Metropolitana los últimos años, más específicamente con el Gobierno Regional (GORE, compuesto por el Intendente y el Consejo Regional o CORE) quienes votan el PRMS. Cabe señalar que no existe resguardo institucional para dichas instancias, es decir, que los políticos que votarán el PRMS 100 otorgan espacio a los ciudadanos en sus reuniones sólo por concesión. Nadie ni nada los obliga a escuchar a los ciudadanos. Es decir, la participación ciudadana no existe. Y por más que hayan instancias –que los mismos ciudadanos consiguen (insistiendo frente a los políticos)–, esta no es vinculante, es decir, no obliga en nada a los que deciden. Todos se escuchan, se les da la palabra a los ciudadanos u organizaciones, pero no existe efecto alguno.

Creo, siguiendo el ejemplo francés, que el debate público podría constituir un asunto crucial para la comprensión de las transformaciones de la acción pública. En Francia, en 1995, por medio de la ley Barbier, se creó la Comisión Nacional del Debate Público, con el fin de animar el debate sobre las “grandes operaciones públicas de planificación de interés nacional del Estado, de las colectividades locales, de los establecimientos públicos y de las sociedades de economía mixta, que tengan un fuerte impacto socio-económico o en el medioambiente”. Esta Comisión es un nuevo experimento institucional de participación democrática, luego de varios procesos e intentos.

En Chile, luego de 6 años de tramitación en el Congreso, recién se aprobó hace unos meses la Ley sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, que había sido varias veces pospuesta por falta de quórum necesario para la votación, lo que demuestra el poco interés de la agenda política por estos temas. Ahora sólo queda su aprobación en el Senado y en la Cámara de Diputados.

El pasado 18 de noviembre, me tocó presenciar un seminario convocado por el Instituto Chileno de Estudios Municipales de la Universidad Autónoma de Chile. En él participaban representantes ministeriales, alcaldes, dirigentes de la sociedad civil y académicos. La idea, según entendí, era mostrar a la ciudadanía los aporte de esta –esperemos – futura ley. Sin embargo, al conversar con algunos representantes de organizaciones sociales y vecinales, pude ver la molestia al salir de dicho encuentro: ni siquiera los dejaban participar, y un grupo de académicos y funcionarios explicaban lo más básico de dicho proyecto de ley. Es que no se han dado cuenta, al parecer, que la ciudadanía se ha vuelto experta en ciertos temas, lo que demuestra hasta dónde llega el interés que existe por los cambios que se proponen desde el Estado.

Si se partiera de la base de un “bien común” (todos queremos vivir en una mejor ciudad) sería inevitable la discusión abierta. El problema es que aquel bien común no existe, y por el momento hay otros intereses que han primado. Unos sostienen que la expansión de la ciudad es necesaria. Otros acusan de que dicho proceso sólo hace enriquecerse a unos cuantos. La verdad es que las variables y los efectos son numerosos, y eso es justamente lo que permite el debate público: observar y analizar todos los detalles según diferentes puntos de vista. Es decir, es necesario un estudio, una encuesta, una investigación, en el sentido de survey, tal como hacían, por ejemplo, en la ciudad de Chicago en los años 20, académicos de distintas disciplinas de la Universidad de Chicago y urbanistas que convirtieron la ciudad en un laboratorio de ideas nuevas, con criterios modernos.

La importancia de la ley de participación recae en que no existen mecanismos de participación concretos y reales. Es como si el Estado aún temiera de la ciudadanía, cual dictadura. ¿Porqué tanto las franjas de izquierda, de centro y de derecha no ayudan a la reproducción de una ciudadanía activa?

Los futuros votantes del PRMS no emitirán un voto técnico, ya que poco saben de planificación urbana, de daño ecológico, de cambio climático, de desarrollo urbano, etc. Los que saben es porque por sus propios medios e intereses han estudiado el tema. Se trata de políticos, que tienen recorridos profesionales muy variados. Así, por ejemplo, en Octubre del 2010 el Intendente de la Región Metropolitana, Fernando Echeverría, presentó un documento con la modificaciones al PRMS, que algunas organizaciones sociales obtuvieron. Este documento sólo cuenta con 10 páginas, y es algo así como una fotocopia de un Power Point presentado anteriormente. Entonces, una planificación que supuestamente atañe directamente a los ciudadanos –“que para el 2030 superarán los 8 millones en Santiago”, Intendencia dixit-, pero que no los contempla, puesto que no los informa, no los integra, no les explica, en definitiva, no le importan.

Así, este maravilloso documento de diez páginas “Modificación al Plan Regulador Metropolitano – PRMS 100. Implicancias en Plusvalía, Propietarios y Areas verdes”, concluye (cito la última frase) “El PRMS 100 implica una mejora en la calidad de vida de la gente”. Y yo, en tanto que ciudadana, me pregunto: ¿Cómo podría creerles? ¿En qué basan tamaña conclusión?

Así, en el sitio Web del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, nos aclaran: “La propuesta de modificación del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), tiene entre sus principales objetivos, lograr un Santiago más verde e integrado al año 2030”, sin embargo, vuelvo a desconfiar, porque no tengo pruebas.

Para terminar, quisiera volver a Carlos Peña Otaegui que citaba al comienzo, que hoy parecerá irónico: “una ciudad se compone no tan sólo de moradas, sino también de moradores, ambos sometidos a las ordenanzas del ayuntamiento encargado de su buen gobierno y administración (…) Alcaldes y regidores son los jueces y los administradores, y generalmente juzgan y administran en conciencia y con provecho para la ciudad. Gracias a sus desvelos y constante atención, Santiago crece y mejora sus condiciones de vida”.