Cambio de calificación da vía libre a trámites de central a carbón Castilla
Ahora la autoridad ambiental puede retomar la evaluación y proceder a la votación del mayor complejo termoeléctrico 
a base de carbón en Sudamérica.
J. ESTURILLO, M. ROVANO y G. ANGULO
(El Mercurio – 17/02/2011)
En menos de siete días el escenario para la central Castilla, el mayor proyecto termoeléctrico de Sudamérica, tuvo un brusco giro. El proyecto -que busca generar 2.354 megawatts (MW) a base de carbón-, está ubicado en Punta Cachos, región de Atacama, e implica una inversión por US$ 4.400 millones, a cargo de la empresa MPX, del magnate brasileño Eike Batista.
La central ha sufrido una serie de traspiés en su tramitación ambiental desde hace dos años. Pero el escenario parece estar cambiando. El viernes MPX llegó a un acuerdo con el mayor opositor de la iniciativa, el arquitecto Gonzalo Domínguez.
Y ayer el Seremi de Salud de Atacama cambió la calificación industrial del complejo, pasando de “contaminante” a “molesta”. La decisión implica que se pueda reiniciar el trámite ambiental del proyecto.
Este cambio se produce en una semana marcada por la componente térmica. El martes pasado el Gobierno dio luz verde a la explotación de carbón que los grupos Angelini y Von Appen impulsan en Magallanes, para abastecer de combustible a las centrales termoeléctricas que operan en el norte.
Además, el Ejecutivo enfrenta la estrechez en la operación del sistema eléctrico -a causa de la sequía y los problemas de transmisión, entre otros-, que llevó a La Moneda a firmar un decreto de racionamiento para el Sistema Interconectado Central (SIC), que contaría eventualmente con el aporte de Castilla.
El año pasado, la Seremi de Salud de Atacama del gobierno anterior, Pilar Merino, otorgó la primera calificación a Castilla y la clasificó como “contaminante”. Esta condición es incompatible con el uso del suelo aprobado para la zona y, por ende, hacía inviable el proyecto.
La decisión fue revertida por el siguiente personero en asumir al cargo, tras el cambio de Gobierno, Raúl Martínez, quien determinó que era sólo “molesta”.
Pero el 15 de noviembre pasado, la Corte Suprema declaró ilegal la acción de Martínez, por lo que la calificación de “contaminante” volvió a estar vigente. En ese momento, CGX, la empresa que desarrollará Castilla y que es filial de MPX, presentó un recurso de anulación.
El recurso fue resuelto ayer por el actual seremi de Salud de Atacama, Nicolás Baeza
“En razón de lo resuelto precedentemente, califíquese para efecto del permiso sectorial ambiental establecido en el artículo 94 del reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, la actividad industrial del proyecto central termoeléctrica Castilla como molesta”, reza la resolución.
Una vez que la resolución de Baeza sea notificada a todos los involucrados en el proceso, la intendenta debe citar a la Comisión de Evaluación Ambiental.
En esta primera reunión se fijaría la fecha para decidir la reanudación de la evaluación ambiental, luego de lo cual se procederá a corregir la documentación, incluyendo la nueva calificación. Cuando esto suceda, estarán en condiciones de fijar la fecha para la votación del proyecto termoeléctrico.
SEMANA TÉRMICA
En menos de siete días y por conductos distintos, el Gobierno se pronunció a favor de proyectos térmicos.
US$ 4.400 millones
es la inversión contemplada para la construcción del complejo Castilla emplazado en la Región de Atacama.
Seis
centrales integran el proyecto. Cuatro de ellas operarán con carbón y sumarán 2.100 MW, mientras las dos restantes (254 MW) lo harán con diésel. Además, se construirá un puerto que podrá prestar servicios de carga para la minería.
División en movimiento opositor
Tras el acuerdo que MPX alcanzó con el mayor detractor de Castilla, el arquitecto Gonzalo Domínguez, la oposición al proyecto aparece dividida respecto de sus próximos pasos.
Mientras Milton Morales, uno de los dirigentes de la comunidad El Totoral, dice que las conversaciones de la brasileña con los comuneros apuntan a “afinar” la propuesta de mitigación que esta ofreció, los dirigentes Helana Marín y Henry Saldaño, de Punta Cachos, refutan esta versión.
El abogado de la comunidad, Álvaro Toro, anunció que mañana presentarían un recurso de protección en contra del cambio en la calificación industrial que realizó el seremi de Salud y, en caso de que Castilla sea aprobada, recurrirán al Consejo de Ministros, la máxima autoridad de la institucionalidad ambiental, para impugnar el permiso.
Consejero regional recurre a la Contraloría
El consejero regional (Core) de Magallanes, Karim Bianchi, recurrió ayer a la Contraloría para impugnar el permiso ambiental otorgado al proyecto carbonero de Isla Riesco.
Esto, en medio de la convocatoria de una serie de movilizaciones de protesta en varias ciudades que tuvieron escasa adhesión.
En el escrito presentado ante la Contraloría regional, Bianchi critica el procedimiento que desarrolló la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA) y solicita que el ente contralor determine si es válido que el seremi de Obras Públicas, Pablo Rendoll, haya votado dos veces, pues también actuó como subrogante del seremi de Transportes.
Además, cuestiona que no se haya incluido la posición del pleno del Consejo Regional, el cual -dijo- no conoció el proyecto.
Bianchi afirma que el proyecto debió haber sido evaluado y votado bajo la antigua normativa ambiental, es decir, por parte de la Comisión Regional de Medio Ambiente (Corema), instancia que en la nueva institucionalidad fue reemplazada por la CEA y en la cual los Core no participan.
Por su parte, el abogado Fernando Dougnac representará a los ganaderos de Isla Riesco, que anunciaron acciones contra la aprobación del proyecto.
