Control Ciudadano de Políticas Públicas en la Región Metropolitana de Santiago

Una de las definiciones de Gobernabilidad que apunta a una visión integral y sistémica, establece “el estilo de gobierno caracterizado por la cooperación e interacción entre el Estado y el resto de los actores de la sociedad” . Otra visión, corresponde a la definida por Tomassini1 , que señala que la gobernabilidad “no sólo depende de la adecuación del Estado y del Gobierno a la cultura política imperante, sino también de la participación del mayor número posible de agentes económicos al proceso económico”.

De estas definiciones, se entiende que para avanzar en gobernabilidad, se requiere tanto de 1) un desarrollo institucional que permita resolver las demandas de la sociedad con eficiencia, como de 2) competencias de la ciudadanía para participar de los procesos de decisión de manera equilibrada, a fin de otorgarles legitimidad.

En el marco de la implementación del Sistema Regional de Planificación 2010 – 20212, hay cierto camino avanzado por parte de las instituciones públicas regionales. El Desarrollo Sustentable -como enfoque teórico- ha permeado una gran cantidad iniciativas públicas, existen metodologías adecuadas para levantar información, elaborar diagnósticos, establecer las principales problemáticas locales, encontrar soluciones óptimas entre las diferentes alternativas existentes, establecer los objetivos, brechas o metas e incluso, a nivel más académico, definir set de indicadores para medir el cumplimiento de este desarrollo. No obstante, existe todavía una fuerte contradicción entre la necesidad de medir este cumplimiento y el temor a exponer la falta de cumplimiento de los compromisos contraídos.

Lo anterior puede ejemplificarse con el caso de la Región Metropolitana de Santiago, que en el año 2007 presentó un proyecto denominado “Observatorio Regional”, que tenía como objetivo principal hacer un seguimiento y monitoreo de los indicadores de la Estrategia de Desarrollo Regional 2006 – 2010, del Programa Regional de Gobierno y de otros programas emblemáticos en la región. Dicho proyecto, se encontró con la férrea oposición de algunas autoridades regionales, ya que para ellos “medir” significaba “delatar” frente a la ciudadanía el bajo nivel de cumplimiento de los compromisos asumidos, hecho que sin duda, resultaba demasiado complicado si se piensa exclusivamente con una mirada electoral.

Si se confía en la memoria de la gente, los errores o ineptitudes pueden quedar en el olvido en un período mediano de tiempo. Mientras que si se cuenta con un mecanismo de seguimiento objetivo y sistemático, la ciudadanía tendría muchas más herramientas para ejercer un mejor control social de las políticas públicas.

A su vez, resulta fundamental la promoción de la articulación intersectorial y la capacidad de gerenciamiento de los profesionales regionales. En la nueva División de Planificación y Desarrollo Regional (DIPLADE), se estructuraron los departamentos según el proceso de planificación regional. Es así que surge el Departamento de Planificación y Ordenamiento Territorial, a cargo de llevar a cabo la formulación de los principales instrumentos de planificación: Estrategia de Desarrollo Regional, Plan Regional de Ordenamiento Territorial y Políticas Públicas Regionales. Por otra parte, el Departamento de Fortalecimiento y Desarrollo, es responsable de la implementación de las definiciones estratégicas establecidas en los instrumentos de planificación, a través de la coordinación del Gabinete Regional, Mesas Temáticas, Convenios de Programación y formulación de proyectos relevantes. Finalmente, el Departamento de Análisis y Estudios opera como unidad de soporte para los procesos de planificación y de desarrollo, por medio de la administración de información regional y mantención del Sistema de Información Geográfica. Hoy día, la DIPLADE cuenta con un grupo reducido de profesionales que desarrollan estas tareas, no obstante, más que crecer en cantidad de funcionarios, el desafío para los próximos años, es fortalecer las capacidades de éstos para asumir las tareas de articulación y coordinación con el resto de las instituciones públicas de la región. En rigor, se necesitan “gerentes regionales” que lideren procesos y actúen como secretarios ejecutivos de los temas importantes. Para ello, se necesita que los profesionales de la DIPLADE posean un nivel superior de dominio sobre las temáticas a trabajar, ya que los servicios públicos regionales no respetarán a una contraparte regional débil. Otra de las formas en que se podría desarrollar este rol de gerenciamiento, es a través del empoderamiento político que el Intendente haga sobre este grupo de funcionarios. En síntesis, se requiere transformar a los equipos regionales de planificación en profesionales con “conocimiento” y “autoridad”.

Competencias de la ciudadanía para asumir el rol de control social

De acuerdo a lo señalado anteriormente, el principal desafío para el gobierno chileno, es instalar un sistema de seguimiento y monitoreo nacional, administrado por una institución de asegure la imparcialidad de su trabajo, que sea permanentemente alimentado con información y que de garantías de veracidad a través de sus informes periódicos. Este nuevo observatorio nacional, regional o municipal, requiere de cambios en las políticas de participación ciudadana (pasar de la participación informativa, a la deliberativa y de control), lo que significa la real disposición a entregar poder de decisión a la ciudadanía. Requiere además, de la habilitación de la ciudadanía, para que sean capaces de asumir esta transferencia de poder y ejercer con él, la responsabilidad de avanzar en el desarrollo de sus comunidades (sin caer en la apropiación del poder por parte de los dirigentes y sus cercanos).

Para mejorar las competencias de la ciudadanía, se requiere también mejorar la vinculación de los instrumentos de planificación local con los de carácter regional y nacional y la evaluación periódica de dichos instrumentos con el fin de establecer cambios en la planificación original, tornándola más flexible y adaptativa a las dinámicas de la sociedad actual.

Esta participación de la ciudadanía, requiere además de planes de habilitación o potenciación que complementen la función de planificación. Desde hace unos años, las capacidades de la ciudadanía han ido creciendo sostenidamente, en relación al poder que tienen para generar “desde abajo” cambios en las políticas públicas. Un ejemplo de ello, es el caso de los vecinos del Barrio Yungay , que a través de un fondo concursable de promoción iniciativas artísticas denominado Fondo Nacional de las Artes (FONDART), desarrollaron el expediente para la postulación de su barrio como Zona Típica, en el marco de la Ley de Monumentos Nacionales . Esto les permitió, proteger el patrimonio de su barrio, del boom inmobiliario que ha cambiado la morfología del las zonas centrales de la ciudad con edificios de departamentos. Se estima que para los próximos años, en la RMS se contará con más y mejores agrupaciones ciudadanas que exigirán con energía sus derechos. Para este nuevo contexto, se requiere avanzar en una política regional de participación que oriente sobre los derechos y, especialmente, los deberes de la ciudadanía, ya que sin “habilitación” esta creciente participación podría traducirse en sólo exigencias para el Estado.

En este nuevo escenario de participación ciudadana, que ligado a la corta duración de los períodos presidenciales, surge la importancia de los acuerdos territoriales como una forma de trascender a los gobiernos de turno. Uno de los principales problemas asociados al desarrollo de políticas públicas en la región, es la falta de continuidad de los compromisos establecidos por las autoridades en el territorio. La alta rotación de Intendentes (6 en los últimos 5 años en la RMS) impide dar continuidad a proyectos de alta importancia tales como Santiago en Bicicleta o el mismo Santiago Verde. El cumplimiento de compromisos depende de la voluntad de los Intendentes para asumir responsabilidades de su antecesor y no de un compromiso establecido en la ley. En una reciente modificación a la Ley Orgánica Constitucional de Gobierno y Administración Regional (LOCGAR) se estableció la obligatoriedad de cumplir con los Convenios de Programación, los que deberán estar incorporados en los diferentes presupuestos sectoriales y regionales. Asimismo, se aprobó la realización de Convenios de Programación entre Gobiernos Regionales y Municipios, lo que permitirá asumir nuevos acuerdos más cercanos con la ciudadanía. Una idea de compromiso, es la firma de “Contratos Territoriales”, los que podrían conformarse en el marco de la formulación de la Estrategia de Desarrollo Regional 2011 – 2015, que se encuentra en elaboración en la RMS. Dichos contratos, incorporarían a representantes de la ciudadanía, quienes junto a los alcaldes e intendentes, sellarían los acuerdos de inversión y de planificación para períodos plurianuales. Esto se haría en el marco de una actividad pública, con amplia participación de los medios locales de prensa y organizaciones ciudadanas.

1. En Estado, Gobernabilidad y Desarrollo. BID, 1993. [↩]
2. Coordinado por la División de Planificación y Desarrollo Regional del GORE Metropolitano de Santiago [↩]