PRMS 100: La calma después de la tormenta

Luego de la bullada votación de la modificación N° 100 del Plan Regulador Metropolitano de Santiago realizada el miércoles 30 de marzo pasado, donde se enfrentaron dos visiones de la sociedad respecto al desarrollo de nuestra ciudad y se puso en tela de juicio la consecuencia de algunos consejeros regionales que cambiaron su opinión respecto a lo votado el año pasado, en mi calidad de asesor de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Consejo Regional Metropolitano de Santiago, quiero comentar algunas reflexiones que permitirán ampliar los antecedentes para un debate aún más documentado de lo que se ha estado dando hasta ahora:

1. Las críticas sobre la falta de participación ciudadana son injustas, considerando el marco que entrega la legislación vigente. Hoy día, una modificación de este tipo sólo requiere ser enviada a los municipios, servicios públicos y consejo regional, para ser aprobadas. Las múltiples instancias de trabajo en comisión y en sesiones ampliadas del CORE, junto a diversas instituciones públicas y privadas, si bien, no son el ideal, son muchísimo más de lo que se había hecho para el resto de las modificaciones realizadas anteriormente a este instrumento. Nunca se había publicado en la web cada documento del proceso, ni menos, presentado 8 meses antes de la tramitación oficial de manera preliminar ante el Consejo para resolver los eventuales puntos de diferencia. Ni tampoco, solicitado la posición escrita de las organizaciones ciudadanas relacionadas al desarrollo urbano y territorial.

2. Este Consejo Regional, que tuvo entre medio (febrero de 2009) la renovación de casi la mitad de sus miembros, fue asesorado permanentemente por los equipos profesionales de las distintas Secretarías Regionales Ministeriales y especialmente, por la de Vivienda y Urbanismo y por la División de Planificación y Desarrollo Regional del mismo GORE. Por tanto, las acusaciones sobre falta de “inteligencia” o de conocimiento técnico son imprecisas, porque siempre se contó en el amparo de la comisión de todos los antecedentes técnicos y de la asesoría profesional adecuada. Incluso, cuando ocurrió la renovación del consejo regional se realizaron diferentes talleres de inducción a los consejeros y consejeras que se sumaron a la comisión. Hay que considerar que el consejo tiene la función de representar a las provincias y comunas que les dieron su voto a través de sus concejales, y no a ser expertos en desarrollo urbano. Cumplen con hacer llegar las inquietudes de los territorios y proyectar los impactos –desde la experiencia y el sentido común- de las modificaciones en los instrumentos de planificación bajo su competencia.

3. El Desarrollo Urbano Condicionado de cuarta generación (ZDUC, AUDP, PDUC y ahora ZUC), hoy día, es la única forma de recuperar parte de las plusvalías que antes de la implementación del desarrollo por condiciones quedaba íntegramente en manos de privados. El punto de conflicto en ellas corresponde a los excedidos plazos para su tramitación, en la negociación efectiva de las compensaciones y mitigaciones (especialmente con los gobiernos locales) y en el mecanismo para dar garantías explícitas para el cumplimiento de dichas condiciones por parte del privado, considerando la altísima rotación de autoridades públicas a nivel regional.

4. Por otra parte, existe un gran déficit de suelo dentro del anillo de Américo Vespucio para la construcción de proyectos de vivienda social (FSV I), hecho que obliga a los comités de allegados a postular a proyectos fuera de la provincia de Santiago, desconectados de las redes y servicios urbanos consolidados. Actualmente, es prácticamente imposible acceder a una vivienda propia en la provincia de Santiago si perteneces al quintil más pobre de la población.

5. En el escenario de que la MPRMS 100 logre pasar el trámite de toma de razón en Contraloría General de la República (lo que no deja de ser complicado considerando que 7 de las 8 modificaciones enviadas anteriormente a CGR fueron devueltas sin tramitar al GORE RMS), los desafíos de planificación en que se encuentra la Región Metropolitana de Santiago se concentrarían a mi juicio en los siguientes puntos:

a. Iniciar el proceso de debate y discusión, técnica, política y participativa, del modelo de desarrollo territorial que la cuenca de Santiago requiere para avanzar en materias de sustentabilidad (social, ambiental y económicamente).

b. Realizar un proyecto de ley que cree oficialmente la figura del desarrollo urbano condicionado, mejorando la legislación actual relacionada a los PDUC y que existe sólo en la Ordenanza del PRMS.

c. Aprobar definitivamente el proyecto de ley que crea en la Ley de Gobiernos Regionales (19.175) el Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT), que se transformará en la espacialización de las Estrategias de Desarrollo Regional y en el marco de acción para los instrumentos sectoriales de planificación (PRMS, PPDA, Transantiago y otros).

d. Fortalecer las Divisiones de Planificación y Desarrollo de los Gobiernos Regionales, para que asuman de una vez por todas las competencias que fueron pre-transferidas durante el año 2007 y 2008.

e. Cambiar el paradigma instalado en la institucionalidad pública, respecto a la participación del Estado como agente de desarrollo inmobiliario. Se requiere que el Estado cuente con unidades (agencias o corporaciones) que permitan la compra de suelo bien localizado para el desarrollo de proyectos residenciales con énfasis social, parques urbanos o áreas de reforestación, en territorios con alta vulnerabilidad social y déficit acumulado. No se puede dejar exclusivamente en manos del mercado la calidad de vida de los más desposeídos, sobre todo, si el Estado sigue siendo dueño de suelos que se enajenan día a día sin una visión territorial.

f. Instalar mecanismos de compensación territorial, para que las comunas que han sido receptoras históricas de instalaciones y equipamientos no deseados (cárceles, vertederos, plantas de tratamiento de aguas, entre otras), puedan recibir recursos adicionales y apoyo profesional para revertir la degradación y la inequidad acumulada en su zona.

Estas y otras medidas que surjan durante el debate por venir, permitirán que el descontento y la división manifestada en la votación de la MPRMS 100 en el CORE pasado, se contenga al mediano plazo, y surja por fin la tranquilidad, de estar haciendo las cosas como debieron haberse hecho desde el principio, es decir, planificadas, participativas y consensuadas, sin la presión de los comités de allegados ni de los inmobiliarios por seguir adelante con una modificación que nunca tuvo la unanimidad, pero que hoy día resulta necesaria para responder a las demandas de suelo de esta ciudad-región.