Fiscalización ambiental se hará sobre la base de la información voluntaria que den las empresas
Superintendente de Medio Ambiente, Jaime Lira, explicó que se optó por este modelo por el elevado costo de aplicar un proceso de consulta, que costaría US$ 6 millones.
(El Mercurio – 05/09/11)
Por Jéssica Esturillo
Durante el primer semestre de 2012 está previsto que la Superintendencia de Medio Ambiente inicie sus operaciones de fiscalización, una vez que sean constituidos los tribunales ambientales, que son su contraparte en el marco de la nueva institucionalidad ambiental.
En el caso de esta Superintendencia, la fiscalización estará basada en la información que voluntariamente entreguen las empresas, explica su titular del ramo, Jaime Lira.
Esta situación se explica porque una de las labores fundamentales de la Superintendencia será fiscalizar que las empresas cumplan los compromisos de mitigación y compensación por los cuales sus respectivos proyectos recibieron la aprobación ambiental.
Sin embargo, Lira comenta que dado que en la actualidad existen más de 11.500 Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA), era imposible que la instancia pudiera por sí misma levantar toda la información de compromisos contenida en ellas y que es básica para que pueda llevar adelante su labor de control. “Las RCA a veces no son muy claras, son largas, y por el formato en el que están disponibles (PDF), se requiere extraer la información. Por esto, se determinó que se necesitaba algo más sistemático y objetivo, como un expediente electrónico. Por eso creamos el Sistema de Carga Distribuida de Compromisos Ambientales”, sostiene.
Se calcula que realizar esta carga demandaría recursos por unos US$ 6 millones, cuando todo el presupuesto anual de la Superintendencia de Medio Ambiente bordea los US$ 4 millones. De ahí la decisión de dejar en manos de los titulares de las RCA la labor de poblar la plataforma electrónica, proceso que, por ser de su responsabilidad, será validado por la autoridad, y si la información que sea proporcionada no es íntegra -advierte Lira-, la empresa se arriesga a multas que son las mismas que considera un incumplimiento ambiental.
Si bien en la Superintendencia reconocen que esta tarea puede implicar un esfuerzo importante para las empresas, éstas se benefician de este proceso de carga voluntaria. Es el caso de las empresas medianas y pequeñas, que no cuentan con departamentos de medioambiente, como sí los tienen las grandes compañías, pero que dispondrán de toda la información en un mismo lugar. “Esto ayudará al autocontrol, lo que reduce las probabilidades de un incidente ambiental, y desde nuestra perspectiva, la participación voluntaria en este proceso claramente mejora la imagen de la empresa”, apunta Jaime Lira.
Plazos a futuro
El superintendente comenta que la meta es que en un plazo de tres a cuatro años esté cargado el 40% de los compromisos contenidos en RCA, pues a nivel de fiscalización, el objetivo es que anualmente sean controlados el 10% de las RCA vigentes; esto es, del orden de mil RCA por ejercicio. En febrero de 2012 tienen previsto realizar un primer balance de este proceso de carga, que oficialmente se inició a mediados de agosto, y que ya ha sido presentado en distintos gremios, como Sofofa y Asimet.
