Chilenos están menos dispuestos a proteger medioambiente cuando depende de ellos
Estudio de U. Andrés Bello en tres regiones del país revela una mayor conciencia ecológica.
por C. Pérez y L. Ramírez, La Tercera
Los proyectos de HidroAysén, Punta de Choros e Isla Riesco marcaron la pauta medioambiental este año, impulsada por un inusitado interés ciudadano de expresar su punto de vista tanto a través de las redes sociales como de manifestaciones. No por nada un 64% de los chilenos le pone nota entre seis a siete a su interés medioambiental, según un estudio realizado por el Centro de Sustentabilidad de la U. Andrés Bello en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y Biobío, que concentran el 62% de la población del país.
Sin embargo, ese interés y mayor conciencia social tambalea cuando quien debe adoptar las medidas para proteger el medioambiente no es el Estado o las empresas, sino que la propia persona. Por ejemplo: a nivel país, el 77% de los encuestados apoya la prohibición del uso de leña como método de calefacción. Pero en Concepción, donde es el combustible por excelencia, la aprobación llega sólo al 18%. Lo mismo pasa cuando se consulta por ampliar la restricción vehicular. En Valparaíso, el 84% está de acuerdo, pero en Santiago la cifra baja a 68%. Sólo en los estratos socioeconómicos bajos -donde la concentración de autos es menor- se eleva a 78%. En los grupos medios y medios altos, llega a 62%. “La amplia aceptación en Valparaíso a este tipo de medida se debe a que los habitantes de esa región no se verían afectados por este tipo de restricciones o porque es una zona menos motorizada”, dice Marcelo Mena, director del Centro de Sustentabilidad de la Unab.
Cuando se habla de reciclaje pasa lo mismo. El 39% dice que nunca ha reciclado algo, pese a que posee información sobre el tema, y el 70% -si bien lo ha hecho en alguna oportunidad- dice que no es un hábito y que lo considera engorroso.
La eterna dicotomía
Según Mena, esta dicotomía entre lo que se dice y lo que se hace también se refleja en otras iniciativas, donde la población podría poner en práctica su mayor conciencia ambiental, pero simplemente no lo hace. Dos ejemplos: el programa “tarifa verde” de Metrogas, donde los usuarios pueden compensar sus emisiones pagando 500 pesos más en una cuenta de 35 mil, o la de la Municipalidad de Vitacura, donde al renovar la patente del auto se puede compensar la huella de carbono del usuario cancelando 20 mil pesos más. “En la práctica, ambas iniciativas no congregan más de 1.500 personas. Acá, la actitud más verde se produce cuando se tiene algún tipo de incentivo adicional al ambiental, como ahorrar tiempo o plata”, dice Mena. Un ejemplo claro es el uso de las ampolletas de eficiencia energética. El 90% dice usarlas, pero el 89% reconoce que lo hace por ahorrar y sólo el 10% porque son amigables con el medioambiente. Y aunque Mena lamenta la poca adhesión que en la práctica aún tienen las iniciativas “verdes”, igualmente celebra el alto interés que el medioambiente despierta en el país.
“En la medida en que el tema ecológico se ha ido instalando más, se ha podido ver una inconsistencia entre el discurso y la acción similar a la que se ve en otros campos de la identidad de los chilenos, como la sexualidad, el consumo o la delincuencia, donde el discurso oficial en la práctica muestra una inconsistencia”, dice Adriana Palacios, sicóloga social de la UDD.
Alex Godoy, doctor en Ciencias de la Ingeniería e investigador del Centro de Sustentabilidad, matiza al considerar que la adhesión práctica a medidas pro medioambiente también responde a la falta de infraestructura en el país y el factor económico. ¿Un ejemplo? Los sistemas para reciclar y los productos amigables con el medioambiente, dice. “La mayoría de los puntos de reciclaje están en las comunas ABC1 y el hecho de que los productos amigables con el medioambiente tengan un precio mayor que el estándar resulta tan regresivo como el impuesto a los combustibles, pues afecta más al bolsillo de las personas con menores ingresos. Eso implica que, aunque en términos teóricos puedan estar dispuestos a pagar más por un producto verde, su realidad económica se lo impide”, dice Godoy.
Con todo, en la anterior encuesta de la Unab (2010) uno de cada tres entrevistados dijo que no estaría dispuesto a pagar por energía limpia, aunque implicase una reducción de la contaminación atmosférica. Otro 32,5% sumaría menos de un 10% a su cuenta actual.
Multas y centrales
Otro dato que llama la atención: el 58% dice que estaría dispuesto a pagar más por energías renovables frente a una situación de crisis energética. Pero ante la pregunta “¿qué se debería hacer dentro de los próximos cinco años?”, el 62% responde que debería aumentar el número de centrales energéticas (sin importar el tipo). Sólo el 37% opina que las existentes son suficientes.
En lo que sí los chilenos parecen tener mayor claridad es sobre las mejores medidas para hacer frente a los problemas medioambientales. El 76% es partidario de aplicar multas a quienes contaminan, ya sean empresas, gobierno o personas. Siguen soluciones como “mejorar la educación ambiental” (73%), “hacer más estricta la legislación” (63%), y “contar con más lugares donde dejar basura para reciclar” (56%).
En cuanto a los principales responsables en dañar el medioambiente, el 30% cree que es la industria. Le siguen el transporte (29%), la población y sus hábitos (19%) y la minería (18%). El panorama cambia según el lugar: en Santiago se menciona a la industria y el transporte (ambos con 30%), en Valparaíso encabeza la minería (26%) y en Concepción, la industria (43%).