Discrepancias mantienen retraso de cambio a plan regulador de Santiago
Vivienda adelantó al Core parte de la respuesta al organismo fiscalizador, pero no todas las dudas fueron aclaradas.
por Bernardita Álvarez El Mercurio
Después de cinco meses de que la Contraloría General de la República efectuara 36 objeciones a la modificación al Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS 100), el proyecto que ampliará la capital en más de 10 mil hectáreas las comunas de Renca, Cerro Navia, La Pintana, Puente Alto, Quilicura, Pudahuel y Maipú se mantiene paralizado.
Desde entonces, el Ministerio de Vivienda prepara la subsanación a las observaciones de Contraloría, la que fue expuesta de manera parcial a la Comisión de Ordenamiento Territorial del Core, el 2 de enero pasado. La seremi Marisol Rojas no quiso referirse al contenido de este documento preliminar, pero afirmó que la rectificación oficial estará lista en las próximas dos semanas y será entregada al Consejo Regional para que haga toma de razón y luego sea reingresado a Contraloría.
Al interior de la comisión generaron discrepancias las respuestas de la seremi. Ello, porque persisten las dudas sobre las observaciones de Contraloría a la falta de especificación de la forma de cumplimiento del 8% destinado a vivienda social, el cálculo de proporción de áreas verdes, su ejecución y mantención; y las garantías para realizar las obras de vialidad.
Respecto de la mantención de las 2.577 nuevas hectáreas que propone el PRMS 100, la seremi respondió que “el municipio correspondiente y el interesado establecen las responsabilidades con respecto a la ejecución, mantención y garantías respecto de las áreas verdes por un plazo mínimo de 5 años”.
Sobre esto, el presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial, Manuel Urrutia, afirmó que la respuesta no deja claro lo que sucederá después de cumplido ese plazo, por lo que solicitarán a la intendenta Cecilia Pérez el estado de avance de un convenio de financiamiento para la mantención de las áreas verdes, que fue creado por el ex intendente Fernando Echeverría e incluido en el plan.
“El desarrollo por condiciones dice que el privado tiene que ejecutar y mantener las áreas verdes por cinco años, pero después ¿qué? Sabemos por experiencia que el presupuesto de una municipalidad como Renca o Quilicura no tiene la forma de financiar estas áreas verdes”, afirma el consejero.
En la exposición, la seremi respondió sobre la observación de Contraloría a los mecanismos para garantizar el porcentaje de vivienda social que, “para dar cumplimiento a dicha disposición, el interesado deberá informar al Serviu Metropolitano sobre la disposición de suelo destinado a la vivienda social para aplicar los programas habitacionales del primer quintil de la población”.
Urrutia afirmó que la respuesta tampoco los dejó conformes. “No existe la certeza de la forma en que se va a desarrollar la vivienda social para que tenga una real integración social en cada uno de los proyectos inmobiliarios que sean presentados al PRMS 100”, dijo.
Mientras que el director ejecutivo de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, Vicente Domínguez, opinó que las obligaciones de vivienda social que tendrán los proyectos inmobiliarios “serán menos onerosas en aquellas localizaciones más afines con este tipo de viviendas como por ejemplo en La Pintana o Puente Alto, pero será un mayor costo para desarrollos en Maipú”, sentenció.
