Castro Shopping: ¿No hay mal que por bien no venga?
Por Alberto Texido
Fotomontaje digital @texidozlatar Fuente: Google + IGM
La amplia y energéticamente coincidente reacción ante las imagenes del voluminoso y descontextualizado Mall de Castro no solo ha demostrado un desacuerdo ciudadano pocas veces visto ante un edificio, sino que al mismo tiempo, ha sacado a la palestra una seguidilla de propuestas y modernizaciones a los procedimientos y normativas vinculadas, o evadidas para este caso.
Cuando desde hace unos años parecía que avanzábamos en la recuperación y cuidado del patrimonio, con casos como el Palacio Pereira, el ex-Mercurio de Santiago o el Palacio Luis Cousiño de Valparaíso, damos un paso adelante y dos para atrás, con la preocupante y ciega instalación de un progreso mal entendido, con daños de compleja reparación, pero al fin y al cabo, reparables a través de los ajustes de maso y cincel.
Considerando, por ahora, tres de las opiniones contingentes -en orden de aparición Gray, Poduje y Allard– pueden ordenarse las visiones que, pese a matices, establecen una posición disciplinar útil para las readaptaciones que se han hecho necesariamente importantes en el desafío permanente de lograr la escurridiza pero siempre ansiada mejor ciudad.
Entonces, más allá de esta circunstancial sorpresa, ¿Qué lecciones y tareas puede dejarnos tan magna evidencia de falla sistémica?
Para comenzar, veamos y comentemos algunos de los planteamientos lanzados:
1. Tuicion disciplinar de los colegios profesionales. Tal como ocurre en muchos países, la regulación de comportamientos -y tarifas- está en manos de un mercado regulado por los respectivos gremios. En el caso de Barcelona- sólo como ejemplo administrativo útil pero resultante en forma urbana notable- no es posible que un arquitecto de otra jurisdicción ejerza profesión sin la firma de un arquitecto local, proyecto que además es revisado en sus cualidades por el respectivo órgano, que autoriza en paralelo al ayuntamiento local. ¿Será acaso que la calidad urbana de Barcelona queda algo garantizada al cuidar el comportamiento ético y estético de sus arquitectos, sin dejarlos liberados para la especulación, la reinterpretación de la norma o el repetido esfuerzo por lograr la mayor altura respecto al total?
2. La inclusión de la ciudadanía y el rol de la masa crítica regional en los procesos. Conociendo los detalles de cómo se fue gestando el proyecto y la velocidad con que se levantó la superficie extra-permitida en febrero pasado, llama la atención algunos procedimientos adormecidos: ¿Dónde estaban los arquitectos locales, dentro y fuera del Municipio, para cuestionar el proyecto, su emplazamiento y proporciones, aún en el papel?, o ¿Qué tal si el acuerdo ciudadano local desea, acuerda y levanta este edificio con sus abultadas instalaciones para el consumo, como manifestación de un legítimo deseo para lograr sus aspiraciones?
3. Urgencia en corregir las polémicos ajustes reinterpretativos emitidos por la DDU MINVU y recomponer una Ley y OGUC modernizadas. La sumatoria de desencuentros y escalas saturantes en la ciudad permite enunciar la problemática acumulada -no por casualidad indefinida y brumosa- de la mitigación de impactos urbanos y los resquicios que operan antes de la cifra umbral de aplicación de la norma. Pese a detectar los vicios, la doble tuición de los Directores de Obra, del Municipio y del MINVU los torna inamovibles ante omisiones o desregulaciones tan obvias como la que inspira estas lineas. Si sumamos además la pendiente Reforma Urbana, anunciada desde hace años, tenemos el paquete perfecto de trabajo para un próximo programa gubernamental, probablemente a resolver y aplicar en más de un período.
4. Ajustes académicos y formativos. Tal como fue años atrás al hacer ingresar el diseño de la vivienda social en el vanguardismo de las aulas, asumir hoy el encargo desprejuiciado del retail como problemática real y habitual de nuestras ciudades, no parece del todo un despropósito. La Arquitectura de elite y “buen gusto” debe enfrentar los acontecimientos propios de su época, más aún cuando las demostraciones de la realidad superan con creces cualquier ejercicio reprobado de un Taller de primer año, algo así como iniciar trabajos con el “malvado lucro” como una variable más en el diseño, condición anulable, pero presente en el extramuros de Facultades y Escuelas.
Luego de este primer listado, se vislumbran otras temáticas vinculantes, que también hemos venido tratando en Plataforma Urbana y dentro de las cuales, ad portas las elecciones municipales, podemos suponer una potencial aplicabilidad o que ocurra la sorprendente ocurrencia de algún candidato por proponer algo más que discursos ajustables en el tiempo. Nada fácil, pero probablemente un anuncio del cambio necesario a la lógica reactiva y nada pesquisable vigente al día de hoy.
5. Regulación de profesionales extranjeros. Aunque parezca obvio y sin ánimos excluyentes, sino de atribuciones normativas, es necesario saber la reglamentación que permite a un profesional extranjero ejerce profesión en Chile. Entre los dimes y diretes, comparten responsabilidad quienes han participado en el proceso, especialmente en la etapa resquicial en que se han agregado superficies, para conocer cómo se responde ante la responsabilidad legal los siguientes cinco años de operación de la obra.
6. Consejo consultivo urbano. Ante la ausencia de resguardo ex-ante de este tipo de procedimientos irregulares y diseños deficientes, frente a una norma que al intentar despertar la inversión privada se hace traslúcida, se hace nuevamente evidente la necesidad de contar con una autoridad coordinadora, llamado por algunos Alcalde Mayor, que además de canalizar las inquietudes ciudadanas, sea capaz de resguardar el bien común por sobre el interés inmobiliario extremo, que ya ha demostrado por todo el territorio, forma y tamaño en la ciudad.
7. Voto programático. Los cargos alcaldicios urgen una política de propuestas pesquisable y por tanto comprometida desde un principio con la visión de ciudad que la ciudadanía, términos redundantes, busca y pretende. Entendiendo en el contexto de Chiloé, la legitima y descentralizada aspiración ciudadana de contar con espacios adecuados para el consumo, vale la pena al menos conocer la escala y el emplazamiento que requería el comercio agrupado de Castro, en la visión de sus autoridades que finalmente fueron elegidas.
Así, pese a estas situaciones que ocurren cuando opera el mercado sin regulación -condición determinante de la forma de la ciudad- no se soluciona el problema con la demolición de tres niveles o completa del edificio, situación además ambigua para un municipio que en términos prácticos quiebra la garantía de recibir los pagos de patente comercial mas altos de su historia. He aquí parte de una complicidad que a vista de ellos mismos evita paralizaciones y permitió la ocurrencia del resquicio.
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