Transportes enviará este año proyecto de ley para retorno de los fotorradares
Informe oficial anticipa que reducirán en 28% siniestros viales con fallecidos:
Sistema será instalado en tramos con más accidentes. A diferencia del que operó entre 1997 y 2001, no será controlado por los municipios, con lo que se busca evitar que se usen como fuente de recaudación.
Por Manuel Valencia, El Mercurio.
Una década después de que un acuerdo parlamentario dejara a los fotorradares sin sustento legal para funcionar, el Gobierno prepara un proyecto de ley que relanzará el cuestionado sistema.
La idea se basa en un informe técnico encargado por el Ministerio de Transportes, que recomienda su uso por el alto impacto en la disminución de accidentes.
De acuerdo con el documento, al que tuvo acceso “El Mercurio”, los fotorradares permitirán reducir en 28% los accidentes con fallecidos y en 10% aquellos que dejan lesionados.
El análisis técnico sugiere que la presencia de las cámaras de control sea advertida con señalizaciones viales. Además, propone que fiscalice las infracciones por exceso de velocidad. Según el ministro de Transportes, Pedro Pablo Errázuriz, “en Chile, el exceso de velocidad está presente en el 40% de las víctimas fatales por accidentes de tránsito (…). Creemos que un sistema automatizado y centralizado de tratamiento de infracciones por exceso de velocidad o luz roja es una alternativa efectiva y eficiente”.
El rendimiento de los fotorradares se explica, a juicio de antecedentes de la secretaría de Estado, porque actualmente Carabineros logra capturar sólo tres de cada 10 mil infracciones cometidas. Con las cámaras, ese control aumenta considerablemente.
Para el prefecto de Tránsito y Carreteras de Carabineros, coronel Víctor Cancino, “el sistema respaldará los controles policiales y permitirá ampliar su cobertura. Es importante que considere a personal de Carabineros para constatar la flagrancia de las faltas que se cometan”, indica.
En cuanto a la rentabilidad económica del sistema, el estudio de la empresa Aristo -que se adjudicó el análisis técnico- indica que es rentable. Para ello, calculó que el costo promedio de instalar y operar durante cinco años un dispositivo de control es de UF 1.402 (cerca de $31 millones). En cambio, cada accidente con algún fallecido genera pérdidas al fisco por UF 3.682 ($82 millones, aproximadamente).
“Un sistema automatizado y centralizado de tratamiento de infracciones, basado en la instalación de cámaras de control en los puntos con mayores riesgos de accidentes, permite contribuir a la prevención de accidentes y ampliar la capacidad fiscalizadora”, explica la secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito (Conaset), María Francisca Yáñez.
El proyecto de ley que busca validar el sistema será enviado durante este semestre. La idea del Gobierno es que esté funcionando antes de 2014, debido a que ese año fue fijada la meta de reducir en 20% los accidentes de tránsito con muertes.
Con el fin de evitar que la tecnología sea rechazada por los usuarios -como ocurrió entre 1997 y 2001-, los nuevos fotorradares serán controlados centralizadamente por el Gobierno mediante un Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones (CATI). Esa entidad se encargará de instalar, administrar y recaudar los recursos de las infracciones, que podrían ser reinvertidos en poner más cámaras y ejecutar mejoras viales.
Según Yáñez, con ello se evita que las cámaras sean utilizadas como “cazabobos” que buscaban recaudar recursos para las municipalidades.
Con esa idea concuerda el experto en seguridad vial de la UC Luis Rizzi: “Para que el sistema funcione, no debe existir el incentivo perverso de recaudar para los municipios. Eso fue muy reprobado por la población, porque se perdió el eje de la seguridad vial”, asevera.
El retorno de una fórmula cuestionada
Con el propósito de asegurar la aprobación del proyecto, el Gobierno realiza una “campaña de sensibilización” de los parlamentarios. Los miembros de las comisiones de Transportes de la Cámara y del Senado han viajado a España y a Francia a conocer cómo opera el sistema de control y cómo esos países lograron reducir en 50% los accidentes fatales.
“En la preparación del proyecto estamos trabajando de manera coordinada con diputados y senadores, quienes nos han entregado sus visiones y nos están apoyando en este tema”, asegura el ministro Errázuriz.
Al respecto, el presidente de la Comisión de Transportes de la Cámara, Gustavo Hasbún (UDI), anticipa que “va a haber un consenso, porque el proyecto garantiza la protección del derecho de los conductores. El sistema debe imitar el modelo español, que centraliza el control como una política de Estado y no de los municipios”.
Su par en el Senado, Francisco Chahuán (RN), dice que en la Cámara Alta ya se trabajó en un proyecto de ley que servirá de base para el que envíe el Ejecutivo. “Sobre ese texto, se presentará una indicación sustitutiva para legalizar el centro de control”, adelanta.
