Gobierno revisa leyes y decretos medioambientales tras caso Castilla

Por C. Pérez-Cueto/A. López, La Tercera.

Esta semana, ministros de la Segpres y de Medio Ambiente recibirán las primeras sugerencias de cambios.

El fallo que rechazó el megaproyecto Castilla no sólo ha generado críticas y preocupación empresarial. También ha llevado al Ejecutivo a una completa y exhaustiva revisión de leyes, reglamentos, decretos y ordenanzas medioambientales a objeto de introducir cambios que otorguen mayor certeza jurídica, dijeron altas fuentes de La Moneda.

Tras un primer análisis, esta semana los ministros de la Secretaría General de la Presidencia, Cristián Larroulet, y de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, recibirán de sus asesores una serie de propuestas de cambios. La intención es proponer las modificaciones en un plazo cercano a un mes.

Una de las transformaciones en estudio consiste en entregar al Sistema de Evaluación Ambiental (SEA) la facultad de determinar si una actividad industrial es contaminante, molesta o inofensiva, la que hoy está radicada en las secretarías ministeriales de Salud. El cambio requeriría cambios en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (Oguc). Según una fuente, traspasar la definición de este tipo de aspectos al SEA radicará las discusiones futuras en los nuevos tribunales medioambientales, restringiendo con ello el tipo de recursos que puedan llegar a la Corte Suprema.

En el caso de Castilla, la Suprema cuestionó que una Seremi de Salud haya calificado como molesto el proyecto, revirtiendo una decisión anterior que lo había considerado contaminante.

En círculos de gobierno dicen que la revisión considera todo tipo de documentos: desde reglamentos sanitarios hasta la nueva ley que se propone para regular el borde costero. También se evalúa una Ley de Ordenamiento Territorial que entregue a las regiones la obligación de definir las zonas del territorio donde se pueden instalar industrias. Esta iniciativa, sin embargo, no genera consenso en el Ejecutivo, aunque ha ganado terreno tras el caso Castilla. E independiente de la ley, por ahora se está trabajando en un catastro meramente informativo, sin carácter vinculante, que precise zonas susceptibles de instalar proyectos.

Corte Suprema

La decisión de la Tercera Sala de la Corte Suprema, que el 28 de agosto rechazó el proyecto termoeléctrico controlado en 75% por la brasileña de Eike Batista, MPX, y en 25% por la alemana E.On, fue criticada por la ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez (ver nota secundaria), en intervenciones que fueron autorizadas por el gobierno a efectos de manifestar el malestar del Ejecutivo.

Las palabras de Benítez imputando errores en el fallo de la Suprema molestaron al máximo tribunal del país. Los magistrados, reunidos ayer en sesión de Pleno Ordinario, discutieron los dichos de la ministra. Trascendió que habría sido el mismo presidente del máximo tribunal, Rubén Ballesteros, quien habría solicitado en la mañana de ayer analizar las declaraciones. Sin embargo, no se alcanzó el quórum de 11 ministros para redactar una declaración y se convocó para hoy a una sesión extraordinaria con ese fin.

“Es preocupante, porque se inició ya una conversación y va a obtenerse alguna decisión”, dijo el vocero titular de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, a la salida de la reunión. En ese sentido, aseguró que la determinación de la Tercera Sala había sido la correcta, ya que fue resuelta en consideración del recurso de protección previamente interpuesto. “Las acciones tienen todas un procedimiento y tienen todas una competencia, y esto se resolvió por la vía del recurso de protección, de tal forma que esto está perfectamente bien”, apuntó.

Fuentes cercanas a tribunales dijeron que existe molestia entre los magistrados e indicaron que este tipo de reacciones por parte de los jueces sólo se registran en pocas ocasiones. Cuando existen críticas, son respondidas por el vocero del máximo tribunal o su presidente, y sólo cuando el tema genera preocupación entre los magistrados se decide responder en conjunto.

El diputado del PS Alfonso de Urresti señaló que la ministra había sobrepasado sus atribuciones al opinar sobre un fallo de un poder del Estado que es independiente, y pidió citar a Benítez a la comisión del ramo en la Cámara de Diputados.

Quien respondió fue el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter. Aseguró a 24 horas que “los fallos son piezas jurídicas obligatorias para los ciudadanos, pero son perfectamente opinables y comentables por un ministro de Estado, siempre bajo la premisa del respeto”.

“La intromisión se daría en una hipótesis distinta, si la causa estuviera abierta. Pero este es un fallo que se encuentra ejecutoriado, es una ministra que lo ha hecho con respeto”, aseguró el Vicepresidente de la República.

La última palabra

Los expertos coinciden en que las autoridades pueden opinar, pero con mesura. El constitucionalista Patricio Zapata dijo que “todas las personas tienen derecho a una opinión sobre las decisiones de los tribunales de justicia”. Sin embargo, agregó que “tratándose de los titulares de los otros poderes del Estado, es importante que ese derecho se ejerza con prudencia, de manera de no configurarse algún tipo de presión indebida”.

Por su lado, Julián López, penalista y socio de Harasic & López, apuntó que “como principio, en materia de resolución de conflictos, la última palabra les corresponde a los jueces y hay que respetar que esa es la última palabra. Siempre cabe la posibilidad de criticar las resoluciones de los jueces, pero cuando un poder del Estado interfiere en las atribuciones de otro, me parece que entramos en terrenos sumamente riesgosos”.