Persisten trabas al acceso en 31 playas del país
Por Manuel Valencia, El Mercurio.
Catastro de Bienes Nacionales registró mayores conflictos en zonas lacustres de La Araucanía y Los Ríos:
De ellas, en 18 balnearios se prohíbe el ingreso y otras 11 presentan limitaciones como barreras y portones. En 2012 hubo 116 denuncias de particulares, de las cuales 15 fueron rechazadas y sólo cuatro se resolvieron.
Rodrigo Martínez solía ir con su familia a un discreto sector de la playa Mirasol, al norte de Algarrobo, desde niño. Cada verano elegían su “preciado” rincón porque a él no llegaban los bañistas, que optaban por permanecer en la playa grande. “Podíamos hasta hacer asados y acampar ahí”, recuerda.
El año pasado, sin embargo, se llevó una desagradable sorpresa. Junto a un grupo de amigos intentó regresar después de 15 años a la playa de su adolescencia, pero se encontró con una pandereta donde antes había un sendero por las rocas. “Tratamos de saltarla, pero era peligroso porque abajo había un pequeño acantilado y era demasiado riesgoso. Tuvimos que irnos a otra playa”, comenta.
Situaciones de este tipo se han convertido en relatos recurrentes en las oficinas de informaciones, reclamos y sugerencias (Oirs) del Ministerio de Bienes Nacionales.
Pese a que el Código Civil, en su artículo 589, define las playas como “bienes nacionales de uso público” y, con esa figura, resguarda el libre acceso de las personas a esas zonas, cada año el ministerio encuentra nuevos casos y suma quejas ciudadanas.
Así, durante 2012 constató que existen 31 balnearios en el país que incumplen la ley: entre ellos, hay 18 que no tienen acceso, 11 que cuentan con ingreso restringido sólo para algunas personas y otros dos que aún son analizados porque no garantizan el libre acceso peatonal a un determinado sector.
La mayoría de ellas se localiza en zonas lacustres de las regiones de La Araucanía y Los Ríos. Pero las más emblemáticas están cerca de zonas urbanas, como el sector de Pingueral (Tomé), el Club Náutico (Iquique), playa Mirasol (Algarrobo) y el balneario Tránsito Vergara (Licantén).
El reporte de Bienes Nacionales también mostró que en 2012 se recogieron 116 denuncias, 224 menos que el año anterior. De ellas, 15 fueron rechazadas, porque se trataba de playas inseguras o no aptas para utilizarse, otras 61 no fueron admitidas como denuncias y sólo cuatro fueron resueltas.
El biministro de Vivienda y Urbanismo, y Bienes Nacionales, Rodrigo Pérez, explica que para resolver estos casos la ley faculta a los intendentes para mediar y buscar soluciones.
“Ellos tienen también la atribución de fijar accesos en caso de no existir acuerdos. Si los particulares se sienten afectados tienen la posibilidad de recurrir a tribunales ordinarios dentro de un plazo de diez días desde la notificación de la resolución que fijó el acceso”, señala.
Campaña de denuncias
La autoridad agrega que en el caso de playas que no tengan accesos adecuados, “los ciudadanos también pueden recurrir a otras entidades públicas, como gobiernos regionales y municipios, quienes son los encargados de generar y financiar proyectos de accesos adecuados a estos bienes nacionales de uso público”.
Hoy, en una “playa” armada en pleno Paseo Ahumada de Santiago, el Gobierno lanzará una campaña para promover que los ciudadanos denuncien los casos en que no puedan acceder a las playas. Para eso se habilitará un link en la página web, una línea telefónica gratuita (800-104-559), espacios en las redes sociales y en las oficinas de atención de las secretarías regionales ministeriales (Seremi) de Bienes Nacionales.
