Últimas reservas de suelos para calles y parques caducan en 2015
Por MANUEL VALENCIA y NADIA CABELLO, El Mercurio. 27/01/12
En marzo se enviará un proyecto para intentar corregir la situación:
Ley de 2004 obligaba a materializar vialidades y áreas verdes en hasta 10 años. Pero la falta de recursos y la lentitud en la tramitación de planos reguladores lo impidieron.
El cerro Alvarado es poco conocido por los santiaguinos. Pero para los residentes de los departamentos que comenzaron a construirse en su ladera poniente, es parte de su paisaje. En este terreno de 100 hectáreas a un costado de la Costanera Norte, los antiguos mapas proyectaban un gran parque intercomunal para Vitacura y Lo Barnechea. “Nos hubiese gustado que fuera así”, dice el alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba. Sin embargo, ese “sueño urbano” quedará sólo en los planos porque el predio perdió su condición de “bien de uso público” y se convirtió en un apetecido suelo residencial, que sólo podría transformarse en un parque mediante una millonaria expropiación. “Como ya caducó, no podemos evitar que se construya. Estamos viendo qué podemos hacer”, reconoce el edil.
El origen del problema es una ley dictada en 2004, que dio un plazo de cinco años a 261 municipios (que tienen planificación territorial) para materializar o actualizar todos los parques y ensanches de calles que estaban proyectados para el crecimiento de sus comunas. La idea buscaba acabar con los perjuicios a propietarios de viviendas ubicadas en estos terrenos, que no pueden ampliar ni modificar sus casas, por la condición de “terreno de reserva” donde están construidas sus propiedades.
Estos sectores caducaron en 2010 (porque el plazo se amiplió en un año) y muy pocas comunas cumplieron con la modificación, por los altos costos de las expropiaciones y construcción de parques y vialidades. “Está caducando el esqueleto de la ciudad, su sustento, porque las vialidades proyectadas quedarán discontinuas y no permitirán entregar a la ciudad los espacios que necesita”, explica Ángela Prado, jefa de Planificación y Normas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
El problema ya dejó sin terrenos reservados a 48 comunas, como Antofagasta, Copiapó, La Serena, Viña del Mar, Valdivia, Coyhaique, Punta Arenas, Santiago, Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea. Sólo entre Antofagasta, La Serena-Coquimbo y Concepción-Talcahuano suman 472 hectáreas.
En Santiago, de las 5.753 hás donde se planificaron espacios públicos, el 79% ya caducó (4.545) y sólo el 21% (1.208) se convirtió en área verde o vialidad.
Algunas lograron una prórroga por cinco años, pero nada impide que en 2015 esos paños caduquen.
Entre los terrenos que se perdieron está la extensión del parque Inés de Suárez, en un paño al norte de Pocuro que pertenece a Aguas Andinas. Aunque los vecinos y la Municipalidad de Providencia apelaron a la Corte Suprema para mantener el parque, Prado explica que “la Contraloría ha dicho que no hay opción si en los cinco años no se hizo nada”. También hay vías estructurantes, como la extensión de Sánchez Fontecilla (vía paralela a Tobalaba), que quedarán sólo en planos.
“El problema es catastrófico. Solamente en la Región Metropolitana estimamos que para asegurar los terrenos de las vías troncales proyectadas, el costo podría ser de 100 millones de UF (US$ 4.842 millones) si se debe pagar el 100% de la afectación”, afirma el ministro de Vivienda y Urbanismo, Rodrigo Pérez.
El urbanista Luis Eduardo Bresciani cuestiona “la lentitud” con que se ha intentado resolver el tema. “Es preocupante que luego que el anterior gobierno enviara un proyecto de ley en 2008, haya pasado tanto tiempo para restituir esta discusión”. Coincide el experto urbano y consultor de Atisba, Iván Poduje: “Es incomprensible que el Minvu de gobiernos distintos y parlamentarios de todos los colores no le asignen urgencia”.
El ministerio ingresará en marzo el proyecto que busca revertir la situación. La iniciativa incorpora compensaciones para los afectados cuyas viviendas están en estos terrenos. Si comprueban el perjuicio (con una tasación), pueden obtener beneficios urbanísticos (más pisos o densidad para sus viviendas) o facilidades para ampliaciones simples, que luego puedan ser demolidas, si se ejecuta la calle proyectada.
Plazos
Siete años, en promedio, demora la aprobación de un nuevo plan regulador. La ley de 2004 fijó cinco años para materializar las obras proyectadas o incluirlas en un nuevo instrumento. La mayoría de los municipios no alcanzó.
