Corte Suprema obliga al fisco a indemnizar a 158 familias de Bajos de Mena
Por Manuel Valencia, El Mercurio.
Por viviendas construidas junto a un vertedero:
Fallo también involucra a la Municipalidad de Puente Alto y a la inmobiliaria Los Silos. Afectados recibirán $790 millones.
“Nos vendieron el sueño de la casa propia junto a un parque y a un futuro mall . Nunca pensamos que íbamos a vivir al lado de un vertedero, hasta que empezamos a sentir el gas y a sufrir una pesadilla de más de 15 años”. Las palabras de Eda Albornoz, dirigenta del conjunto San Guillermo II, resumen el verdadero calvario que sufrieron los vecinos de ese barrio, construido a un costado del ex basural La Cañamera, ubicado en el sector de Bajos de Mena en Puente Alto.
Según el abogado de las familias, Wladimir González, “después de sufrir náuseas, vómitos e incluso una explosión, debido a las emanaciones de gas, en 2004 las familias decidieron demandar”. A casi 10 años de la presentación, la Corte Suprema falló a favor de las 158 familias afectadas y obligó al fisco, a la inmobiliaria y al municipio de Puente Alto a pagarles $790 millones, que implicará la entrega de $5 millones a cada grupo.
“Estamos contentos. Habíamos perdido la esperanza, pero igual mantenemos el miedo, porque aunque hayan hecho el parque La Cañamera, igual están las chimeneas y vamos a seguir con el olor a gas”, agrega.
El ministro de Vivienda, Rodrigo Pérez, dijo que su cartera, el municipio de Puente Alto y la inmobiliaria deberán pagar en partes iguales la indemnización. “Aquí los gobiernos de la Concertación cometieron una injusticia con estos vecinos, porque el 2004 se presentó una demanda por esta situación. En 2008 hubo un fallo que condenó en primera instancia a indemnizar a los vecinos y no se hizo absolutamente nada”, acusó el secretario de Estado.
Vecinos de casas Copeva aún no reciben indemnización
El abogado de los vecinos del caso Copeva, Eduardo Cabrera, señaló que las 605 familias de la población Estación Ferroviaria, construida por la empresa Copeva, aún no reciben la indemnización fijada por el fallo de la Corte Suprema el 23 de octubre del año pasado. En la resolución, el máximo tribunal obligaba al Ministerio de Vivienda a pagar $2.930.000 a cada grupo por los daños derivados de las fallas constructivas de las viviendas, que generaron filtraciones de aguas lluvias. El abogado adelantó que solicitarán al Serviu el cumplimiento del fallo judicial.
