Unesco plantea demoler pisos superiores del mall de Castro
Por Daniela Muñoz S., La Tercera.
La propuesta del Centro de Patrimonio Mundial será revisada la próxima semana, en Camboya.
El Centro de Patrimonio Mundial de la Unesco recomendó, a través de un informe, la demolición de los pisos superiores del polémico mall de Castro, para mitigar el impacto visual de la construcción en la iglesia San Francisco, una de las 16 que, en conjunto, fueron declaradas Patrimonio Mundial en el 2000.
La propuesta, que será discutida en la 37ª reunión del Comité de Patrimonio Mundial, a realizarse entre el 16 y el 27 de junio en Camboya, considera las medidas que Chile debería adoptar para mitigar el impacto del futuro centro comercial en las iglesias que forman parte del Patrimonio de la Humanidad.
El documento, o proyecto de decisión del organismo dependiente de la ONU, señala que se solicita al Estado abordar “las medidas para mitigar el impacto visual del centro comercial de Castro (…), incluida la consideración de demoler parcialmente los pisos superiores (…)”.
El secretario ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales, Emilio de la Cerda, explicó que se trata de un proyecto de decisión que se presenta al Comité de Patrimonio Mundial, compuesto por 21 países, “se debate y, sobre la base de ese borrador, se hacen ciertas recomendaciones al país”.
Las medidas propuestas por esta instancia internacional no son vinculantes. “No es un tribunal”, aclaró De la Cerda, y añadió que se pueden modificar luego de la discusión en Camboya.
Sin embargo, pese a que se trata de una recomendación, si Chile no adopta las medidas necesarias para resguardar a las iglesias como patrimonio, éstas podrían ingresar a la lista de Patrimonio Mundial en peligro. E incluso, en un caso extremo, perder esa condición.
El documento con la propuesta de la Unesco ha sido discutido esta semana en reuniones encabezadas por la Cancillería, en las que ha participado el Consejo de Monumentos, el municipio de Castro y el Colegio de Arquitectos.
Además de proponer la demolición parcial del futuro centro comercial, el Comité de Patrimonio Mundial plantea en su proyecto de decisión que Chile debiera poner en marcha “medidas reglamentarias para la protección del entorno de las iglesias de Chiloé”, además de fortalecer las facultades del Consejo de Monumentos Nacionales, para resguardar a las iglesias ante futuros proyectos similares.
La empresa Pasmar, dueña del proyecto comercial, fue consultada por La Tercera respecto de la eventual recomendación para demoler parte de la edificación, pero declinaron referirse a este tema.
En tanto, hasta el cierre de esta edición, el alcalde de Castro, Nelson Aguila, no pudo ser contactado.
Cuestionamientos
El 16 de marzo de 2012, la Dirección de Obras Municipales de Castro ordenó la paralización de los trabajos de construcción del proyecto de la familia Mosa. Sin embargo, esta medida no fue respetada por los inversionistas, que debieron pagar una multa de $ 18 millones.
Además, el municipio les ha cursado al menos 14 infracciones por no cumplir con el mandato. Y el 13 de enero de 2013 emitió una nueva orden de paralizar las obras, porque “existe una mayor superficie en cuanto a volumen y altura”.
El presidente del Colegio de Arquitectos de Chile, Sebastián Gray, afirmó que el caso del mall de Castro está rodeado de “una serie de irregularidades”. Y añadió que “se ha permitido una impunidad por parte de gestores inmobiliarios e incluso autoridades locales”.
Contraloría realiza sumario
Desde el 19 de octubre de 2012, la Unidad de Sumarios de la Fiscalía de la Contraloría General de la República lleva a cabo un proceso disciplinario contra la Municipalidad de Castro, debido a que se detectaron irregularidades en los procedimientos para la entrega de permisos de construcción del Mall Paseo Chiloé. En el dictamen número 61211 de 2012, el organismo de control instruyó la realización de un sumario para que se “investigue de manera integral las actuaciones de las reparticiones públicas intervinientes en el proyecto y determine las responsabilidades administrativas que pudieren resultar comprometidas”.
En el dictamen, la Contraloría establece, además, la ilegalidad del contrato de transacción, firmado entre los inversionistas y el municipio, para poner fin a las discrepancias respecto de la edificación, con el compromiso de no aplicación de multas o fiscalización de obras, “situación que jurídicamente no resulta aceptable”, según la entidad.
