Camino al déficit habitacional cero
El indicador que mide la necesidad habitacional se calcula mediante la encuesta Casen. Si bien ésta se debería aplicarse a fin de año, algunos expertos plantean que con el ritmo actual se podría garantizar el acceso universal a la vivienda en el año 2020. Otros, en cambio, anticipan que la nueva medición sólo mostraría una leve mejora.
Por Julián Mazzucco, Pulso
Familias allegadas, allegadas hacinadas y viviendas irrecuperables que no cumplen con los estándares básicos son los tres componentes que mide el déficit habitacional.
Durante los últimos veinte años, los distintos gobiernos han realizado constantes iniciativas para reducir el déficit habitacional en el país. En los 90, el indicador mostraba que eran necesarias 949 mil viviendas. Una década después, la cifra llegó a los 463 mil.
Las políticas de viviendas sociales siguieron disminuyendo el déficit y previo al terremoto de 2010, se llegó a 421 mil unidades necesarias, según evidenció la encuesta Casen.
“Si uno descompone el déficit en sus tres factores, observa una disminución en las viviendas irrecuperables. Hace 10 años, la cantidad de viviendas en este estado eran 200 mil y hoy está en torno a 60 mil. El allegamiento con hacinamiento está más o menos constante en las 200 mil. La receta entonces es mantener la velocidad y la fuerza sobre los grupos más vulnerables, con especial focalización en aquellos grupos independientes y autónomos. Además, de no dejar de atender a los grupos emergentes y medios”, explica Francisco Irarrázaval, subsecretario de Vivienda y Urbanismo.
Pese a ello, el terremoto impactó fuertemente en este indicador. La cantidad de familias que componen el déficit cuantitativo aumentó, según el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), en 130 mil. La Casen de 2011, mostró que eran 495 mil familias, lo que representó un aumento respecto a la medición anterior, pero que estuvo moderado por el trabajo de la reconstrucción.
“Muchas de las viviendas que sufrieron con el terremoto ya estaban consideradas como déficit antes de la catástrofe. Si bien las familias tenían viviendas, estas eran de materialidad insuficiente”, explica Javier Hurtado, gerente de Estudios de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC).
Actualmente, se entregan anualmente alrededor de 45 mil subsidios para los grupos vulnerables y 45 mil subsidios a la clase media. De acuerdo con el Minvu, se compran US$1.800 millones en viviendas con subsidios habitacionales al año, cifra de la cual US$400 millones son aportados exclusivamente por los subsidios y el resto lo pone la banca y los ahorros de las personas. Junto con eso, el Estado destina US$2.000 millones en subsidios para casas que se entregan a los grupos más vulnerables.
De mantenerse este ritmo, a fines de la década se podría garantizar el acceso universal a la vivienda en Chile. Así lo plantea Pablo Allard, decano de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo. “El déficit habitacional debe estar del orden de las 500 mil familias y hay una tasa de subsidios de 200 mil viviendas al año. Probablemente, los subsidios van a poder satisfacer el crecimiento natural de la demanda. Ahora, déficit cero nunca va a existir porque siempre habrá familias nuevas que se incorporan a la demanda”, detalla el experto.
LOS CAMBIOS
La política habitacional chilena se ha modificado. Durante sus inicios estaba enfocada en la entrega de casas, pero paulatinamente fue mutando hacia la calidad de estas viviendas sociales.
“En los 90 se exigían viviendas sociales de 30 a 35 metros cuadrados. En el 2000, de 40 metros cuadrados. Ahora son de 45 ó 50 metros cuadrados. También han cambiado radicalmente los equipamientos de los barrios y su estructura”, afirma Vicente Domínguez, director ejecutivo de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliario (ADI), quien agrega que esto también ha elevado los costos.
Junto con ello, los valores de las viviendas han aumentado. De acuerdo con Hurtado, hoy las viviendas sociales rondan como mínimo las 700 UF y hace diez años eran alrededor de 400 UF.
Además, la catástrofe del 27 de febrero implicó mejoras en cuanto a la materialidad de las viviendas sociales.
“Hubo modificaciones a la normas para las estructuras de viviendas en altura. Estructuras reforzadas y antisísmicas”, agrega Domínguez.
Si bien las viviendas sociales son un buen negocio para las inmobiliarias, ya que carecen de riesgo de venta, no está exento de complicaciones.
Juan Pablo Monge, gerente general inmobiliario de Desco, plantea que los problemas para conseguir terrenos disponibles para nuevos proyectos también están afectando a las viviendas sociales.
“Los terrenos han subido mucho y eso hace que sea muy difícil tener un producto atractivo para el monto de los subsidios actuales. La posibilidad sería subir los subsidios o que el gobierno coloque los terrenos. Ahí ya no es un negocio inmobiliario, sino que más bien una licitación de construcción”, argumenta Monge.
Para Domínguez, esta situación es natural. “Siempre hay un divorcio entre el precio de los terrenos y el monto de los subsidios, sobre todo cuando la autoridad en general no ha estado generando suelos, sino que al contrario, ha estados restringiéndolos”, explica.
Agrega que subir los subsidios es una solución para la coyuntura, ya que a su juicio es necesaria una política “más generosa en el otorgamiento de posibilidades de suelo”.
