El derecho a la ciudad: entre la Revolución democrática y el Estado de derecho pervertido

¿Podrán sobrevivir nuestras ciudades? Empecemos por el reto que nos plantea la ciudad. La pregunta que se hizo Sert1 en los años 40 es más actual que nunca.

Las ciudades viven dinámicas autodestructoras. En sus entornos se generan procesos urbanizadores sin ciudad. Se impone un uso depredador del patrimonio natural, social y cultural. La ideología del miedo y la obsesión de la seguridad disuelve la convivencia ciudadana y reduce los espacios públicos. La ciudad de calidad se vuelve excluyente, la especulación prioriza el valor de cambio sobre el del uso, la arquitectura de los objetos substituye al urbanismo integrador.

Cuando la ciudad es mercancía dejar de ser ciudad, la especulación produce dinero que produce dinero2 . El capitalismo financiarizador de la urbanización puede crear una apariencia de ciudad pero no podrá mantenerla. Al contrario: nos lleva a las crisis inmobiliarias y financieras, a la insostenibilidad ambiental y energética, a acentuar la segregación y la desigualdad sociales, a la atomización de la ciudadanía y a su impotencia o rebeliones esporádicas.3 .

Los gobiernos locales por debilidad o complicidad no asumen la representación y las demandas de la ciudadanía despojada de sus derechos. La confusión, opacidad y anacronía de las instituciones locales no conectan con los nuevos proletarios y reserva de fuerza de trabajo. La urbanización sin ciudad es hoy una política perversa de los gobiernos y de los organismos internacionales al servicio de la economía capitalista-especulativa.4

La especulación reduce en muchas ciudades la economía productiva, aumenta la desocupación de trabajadores, técnicos y profesionales y crece empleo de servicios (limpieza, hostelería, turismo, etc) no calificado, mal pagado y precario. La ciudad como ámbito de la ciudadanía se pierde en el magma de la urbanización, los lazos de la ciudadania se deshacen y es creciente el sentimiento de desposesión y desprotección de amplios sectores de la población.5

El malestar urbano es creciente y la resistencia ciudadana se expresa. Las promesas de la ciudad, de la gran ciudad especialmente, no se han cumplido. Algunos derechos conquistados se han perdido, otros no son lo que eran. La vivienda no es del que la compró, ahora es de los bancos o la amenaza de desahucio acecha. Los barrios populares que fueron rehabilitados y renovados ya no son para sus antiguos ocupantes, no hace falta expulsarles por la fuerza, lo hace el mercado. Y los que no fueron mejorados o están fuera del perímetro de calidad se degradan aceleradamente. El espacio público en las zonas privilegiadas tiende a ser excluyente, en el resto o bien se difunde la ideología del miedo o bien son espacios pobres y monopolizados por colectivos específicos. Los inmigrantes se refugian en la privacidad o en zonas que han colonizado. Aumentan los jóvenes del ni-ni, ni trabajo ni formación y se puede añadir ni esperanza. Sin embargo la ciudad no deja de ser el espacio de la esperanza y el ámbito donde los lazos se crean o se reconstruyen.

Existe arraigado el sentimiento de ser ciudadano, la vocación de ser libre, la conciencia de que en la calle todos somos iguales. A medida que las ciudades son excluyentes y la urbanización sin ciudad, de guetos y barrios cerrados, la dialéctica social genera anticuerpos, aparecen focos de resistencia, se proponen alternativas (incluidas políticas), se generan iniciativas solidarias o formas múltiples de cooperación y se reivindican derechos legítimos pero no reconocidos. Las fuerzas políticas y económicas dominantes reconocen cada vez menos a grandes sectores de la población pero éstas a su vez los rechazan. Las clases que sufren exclusiones son también las que tienen más razones y más demandas compartidas para reivindicar sus derechos.

Derechos de ciudadanía y clases sociales. Hay que reconsiderar la relación entre igualdad y libertad. Los derechos humanos son universales, incluyen la libertad y la igualdad. Pero en la práctica los derechos humanos en el mejor de los casos sirven para legitimar reivindicaciones sociales pero no para hacerlos efectivos. El status de ciudadanía en cambio garantiza realmente derechos civiles y políticos vinculados al principio de libertad pero no garantiza concretamente la aspiración igualitaria. La tradición liberal considera la igualdad como una utopía peligrosa pues estimular las tendencias hacia la igualdad conduce a la opresión, además de conducir a la mediocridad y pobreza generalizadas.

En la tradición popular o socialista los derechos formales liberales son ficticios puesto que al no tener en cuenta la situación social y económica y la posición en el territorio de las clases “subprivilegiadas” éstas sufren un déficit de ciudadanía.6 Los derechos liberales que poseen formalmente no los pueden ejercitar del todo (por ejemplo la participación política) y los derechos sociales en la práctica aún menos (por ejemplo tener garantizado acceder a un empleo o a la vivienda).7

¿La cuestión: libertad e igualdad tienden a la confrontación o hacia la complementaridad? Unos debates modernos que se iniciaron con las revoluciones de Norteamérica y de Francia y que es también pertinente en la actualidad. ¿La ciudadanía es patrimonio de las clases altas y medias y excluye a las clases populares? ¿El derecho a la ciudad es la alternativa popular al concepto “burgués” de ciudadanía? De todo lo expuesto hasta ahora y de cómo entendemos el proceso histórico se pueden apuntar algunas conclusiones. Los derechos ciudadanos han sido reivindicaciones populares cuya conquista fue compartida, pactada y formalizada por los grupos sociales más fuertes. Desde la Carta Magna (1215) hasta hoy. Estas conquistas políticas pero limitadas han permitido a las clases trabajadoras no solo disfrutar de derechos civiles y políticos efectivos aunque insuficientes, también han facilitado la lucha para conquistar derechos sociales8 . Sin embargo las clases dominantes han pervertido los conceptos de libertad e igualdad al hacer un uso interesado del concepto de libertad en detrimento de la igualdad. El análisis lógico de los conceptos y su realidad práctica histórica nos demuestran que sin un alto grado de igualdad la libertad no es real. Y también que sin un alto grado de libertad la igualdad no existe, se imponen los más fuertes.9 El derecho a la ciudad emerge como propuesta de renovar la ciudadanía mediante la integración de derechos tanto sociales, económicos, culturales y ambientales con los políticos, nacionales y civiles. El derecho a la ciudadun es un medio de complementar igualdad con libertad, y viceversa. No hay oposición entre lucha de clases y ciudadanía. Hay al contrario una relación dialéctica.

De la democracia a la ciudadanía: el derecho a la ciudad. Ya nos hemos referido a la tensión entre el ideal democrático y la materialización del Estado de derecho en sistema político-jurídico hegemonizado por las oligarquías políticas y económicas. En síntesis la democracia legítima entendida por los ciudadanos se confronta se con la democracia pervertida por las leyes y las políticas públicas. La ciudadanía aparece como un concepto ambivalente: para los ciudadanos principalmente de los sectores populares es una conquista en gran parte pendiente. Pero el marco político-legal es lo que hay, es decir lo que hay no es suficiente para las aspiraciones democráticas.

El derecho a la ciudad aparece como un concepto mediador. Este derecho se construye a partir de cómo se entiende en un momento histórico determinado la democracia y más concretamente en sociedades urbanizadas como son especialmente las europeas y las americanas. No es aquí necesario exponer el conjunto de derechos que integran el derecho a la ciudad que han sido objeto de Cartas de derechos (ya citadas anteriormente) además de numerosas publicaciones. A título de recordatorio citamos los estrictamente urbanos (vivienda, movilidad, centralidad, visibilidad, espacio público significante, equipamientos, servicios urbanos básicos, mixtura social, compacidad urbana, etc), los socio-económicos (empleo, formación continuada, renta básica, protección social, educación, asistencia sanitaria, seguridad, etc), los ambientales, los culturales (diferencias e identidades individuales y colectivas) y los políticos (participación política, gestión cívica, instituciones transparentes y adecuadas al territorio social real, rendimiento de cuentas, etc). Estos derechos requieren poderes públicos radicalmente democráticos y que asuman las competencias necesarias y los medios legales y financieros públicos para hacer efectivos los derechos (suelo, banca, enseñanza, sanidad, etc).

De lo cual se deduce que el derecho a la ciudad no es un paraguas que integra derechos existentes pero no siempre efectivos. Es una clave interpretativa y crítica para expresar los défícits de ciudadanía. Y en consecuencia el derecho a la ciudad es también la base de una estrategia para hacer efectivos los derechos que configuran el derecho a la ciudad. Todos los derechos ciudadanos son necesarios todos a la vez, son interdependientes y dependen de las políticas públicas y de la participación activa de la ciudadanía. Pues los derechos y las políticas no nacen de la inspiración de políticos, expertos o líderes sociales sino de las necesidades colectivas e individuales expresadas, de las conquistas políticas conseguidas o reivindicadas y de las aspiraciones explícitas o latentes de las mayorías sociales. El derecho a la ciudad es un medio para completar la ciudadanía y especialmente para que los sectores populares adquieran plena y realmente la ciudadanía, ser libres e iguales todos.

*Este texto se basa en la reflexión del autor en su libro “Revolución urbana y derechos ciudadanos” (Alianza Editorial 2013 y Café de las Ciudades, Buenos Aires 2014). Este trabajo original puede considerarse como una continuación de la obra citada. Es muy recomendable la obra de José Manuel Naredo y para esta parte del trabajo es preciso citar un breve e interesante texto reciente: “Economía, poder y polítca” Madrid, 2013.

1. Josep Lluís Sert, vicepresidente del CIAM (Congreso Internacional de Arquitectura Moderna. Asumió el libro que recogía la reflexión del CIAM a lo largo de la década de los 30. “¿Podrán las ciudades sobrevir?” se publicó en 1942 y al terminar la guerra mundial fue difundido por Naciones Unidas y orientó la reconstrucción de muchas ciudades europeas y también influyó en grandes proyectos urbanos en las ciudades americanas. [↩]
2. Marx escribió en El Capital: si el dinero produce dinero a medio plazo los salarios bajan, los beneficios obtenidos no han producido ningún ningún valor que no sea valor de cambio… hasta que la ruleta se para y la pirámide se derrumba. [↩]
3. La atomización de la ciudadanía en las periferias urbanas sin ciudad dan lugar a revueltas sin futuro, la llamada conflictividad asimétrica.

   El conflicto social es una explosión desesperada de los que claman por ser “reconocidos”, un movimiento “expresivo” (Pizzorno). No es una confrontación con el adversario que representa el poder establecido (Mounier diría “el desorden establecido”). Es simplemente un grito que llegue a los otros, como los jóvenes de las zonas suburbiales que queman autos o centros cívicos de su propio barrio. Pero los barrios populares consolidados y con conciencia de ciudadanía ofrecen resistencia social y capacidad de proponer y a veces imponer alternativas. [↩]

4. En su Informe anual de 2009 el Banco Mundial consideraba como uno de los principales indicadores de “desarrollo” la urbanización sin ciudad. No solamente no habían previsto una crisis que se había iniciado dos años antes sino que además mantenían y legitimaban las peores políticas. [↩]
5. El autor analizó el sentimiento de desposesión en “Luces y sombras del urbanismo de Barcelona”, op.cit. [↩]
6. Nos referimos a la exclusión o marginación en el territorio. La urbanización sin ciudad que en muchos casos incluye conjuntos de vivienda social supone una pérdida considerable de derechos ciudadanos pues no solo hay déficits de infraestructuras, servicios y equipamientos con los consiguientes costes sociales. También se genera atomización social, desconexión de las áreas centrales psicológicamente integradoras, dificultad de participación política, etc. Ver de J.B. La Revolución urbana y derechos ciudadanos, op.cit. Y la reciente obra de B.Secchi: “La ciudad de los ricos y la ciudad de los pobres” (2015) y de Neil Smith, “Nueva frontera urbana” (2014), ambas en castellano. (las ediciones originales en inglés son también recientes). [↩]
7. Tocqueville, aristócrata liberal, fue uno de los más brillantes analistas de los procesos políticos generados por las revoluciones americana y francesa. Plantea a su manera la “paradoja democrática”. La libertad supone la igualdad de los derechos políticos pero al establecer sistemas representativos la mayoría social tenderá a la igualdad opresora de la masa en perjuicio de las minorías cultas y emprendedoras. Asume la contradicción entre liberalismo político y democracia social. [↩]
8. Ver E.Habsbawm, op.cit. [↩]
9. E.Balibar utiliza el concepto de “egaliberté”: máxima libertad compatible con la igualdad y máxima igualdad compatible con la libertad. Ver su obra reciente “La proposition de l’Égalité” (PUF, 2012) y “Droits de l’homme et droits du citoyen. La dialectique moderne de l’égalité et de la liberté” en la obra colectiva “Liberté, Égalité, Différences”, PUF 1990. [↩]