El urbanismo frente a la ciudad actual: sus desafíos, sus mediaciones y sus responsabilidades (Conclusiones) / Por Jordi Borja

Puedes revisar aquí la introducción, la primera parte, segunda parte y tercera parte. 

Conclusiones

1.    El lenguaje

El lenguaje del urbanismo, de la economía urbana, del derecho positivo, de las supuestas aspiraciones individuales, etc, es con frecuencia tramposo. Lo que son conceptos discutibles, multívocos e interesados se utilizan como “naturales”, indiscutibles y que responden a la realidad. Se da por supuesto que las ciudades y el territorio deben ser “competitivos”. Se da por hecho que todo lo urbano debe ser “mercancía”. No se tiene en cuenta que conlleva un uso depredador de la ciudad y sus entornos, que lo pagarán si no la actual generación, la siguiente.

Se prescinde del hecho que la vivienda es una necesidad básica para toda la población y así está establecido en la Cartas de derechos humanos y en muchas constituciones pero se deja casi siempre la financiación, el suelo y la producción de viviendas en manos del sector privado o por iniciativa social, sin apoyo públicos.

Se considera que el desarrollo urbano sin ciudad como indicador de progreso cuando ello genera una regresión social, cultural y ambiental. La producción masiva de viviendas para el mercado, que no van a encontrar comprador ni inquilino, se exalta con la falsa ilusión “si la construcción marcha todo marcha”.

Se mitifica la “resiliencia” para halagar a sectores medios o populares para que se olviden de las responsabilidades de los Estados. Se hace retórica sobre el planeamiento cuando en realidad las últimas décadas éste ha fracasado en sus objetivos ciudadanos, por sus tiempos lentos y su formalismo inoperante, por no adelantarse ni controlar las dinámicas del mercado y por asumir por medio de instrumentos propios que sirven a los intereses mercantiles (convenios, grandes proyectos mixtos, planes estratégicos, etc)… Se usa perversamente la sostenibilidad, la calidad de vida, la protección del medio ambiente y la seguridad para producir conjuntos residenciales-gueto como los barrios cerrados.

Se considera indiscutible el derecho de la propiedad (como el suelo) y la primacía del sector privado (como los bancos financiadores del urbanismo y de la vivienda) con lo cual el teórico derecho se convierte en mercancías no asequibles a una parte de la población. El uso de estos términos hacen del urbanismo un medio para acentuar las desigualdades sociales.

No se pueden invertir los procesos anticiudadanos si no cambiamos el lenguaje. Los mismos conceptos no pueden servir para hacer lo contrario de lo que se hace y nos lleva a ciudades sin futuro y ciudadanos sin derechos. Hay que empezar por cuestionar el lenguaje y poner por delante los derechos ciudadanos. Habitat III podría ser el momento y el lugar de plantear una crítica del lenguaje utilizado en los informes y las resoluciones de los organismos internacionales, de los gobiernos nacionales y de muchos profesionales y académicos. En el mejor de los casos se exponen y se lamentan los problemas, la pobreza y la desigualdad, los límites del uso de los recursos utilizados intensivamente, la insuficiencia de viviendas dignas, la falta de servicios básicos en muchos países, etc. Pero nunca se señalan los actores responsables y tampoco los mecanismos estructurales que hacen posible los procesos contrarios a los intereses de las mayorías sociales.

2.    Actores y procesos urbanos

En el inicio de este texto se propone presentar la ciudad como proceso o amalgama de dinámicas contradictorias. Por lo tanto no se puede interpretar el urbanismo sin conocer los actores que impulsan o se dejan llevar por las tendencias y por otra parte los factores estructurales que orientan estás dinámicas.

En Italia se difundió en los años 60 y 70 el concepto del “blocco edilizio”, propietarios del suelo, promotores y constructores. Es obvio que estos actores están vinculados a los gobiernos (nacionales y locales) y a los profesionales (urbanistas, arquitectos, juristas, etc) sin los cuales no pueden realizar sus operaciones. En las últimas décadas la incidencia del capital financiero (global y local) se ha hecho presente y en muchos casos ha sido determinante.1 Lo cual se trata de un capital que tiene como objetivo obtener altos beneficio y a corto plazo. Lo cual tiende a actuar con criterios especulativos sobre el suelo o sobre la venta inmediata del producto inmobiliario. Este negocio requiere por lo tanto la desregulación del sistema financiero, la permisividad de las Administraciones públicas y la colaboración de potentes equipos profesionales. El resultado ya se ha visto: la crisis iniciada en 2007 y que aún está muy presente en los países que más apostaron por la economía urbanizadora como España.2

Existen otros actores que representan el contrapunto a los actores citados. Por una parte los sectores populares y medios que actúan en defensa de su salario indirecto, o reproducción social, especialmente el acceso posible a una vivienda digna y los servicios y entornos adecuados. Por lo tanto son contrarios a los beneficios especulativos y a los precios de venta o alquiler de las viviendas. Los gobiernos locales y estatales, en teoría deberían establecer y aplicar normativas para hacerlo posible, y hay numerosas experiencias que más o menos lo han hecho, pero con frecuencia muchos otros por incapacidad, incompetencia, presión social o corrupción, no lo han hecho3 . Finalmente sectores intelectuales o profesionales críticos llevan años advirtiendo de la degradación social y ambiental de los territorios urbanizados y de la creciente exclusión de las ciudades de una parte de la ciudadanía, o de los que no han conseguido adquirir este status.

El pensamiento crítico se ha desarrollado considerablemente a partir de la crisis que ha revelado las enormes contradicciones del mundo urbano y la creciente población que ha perdido o no ha poseído el conjunto de derechos ciudadanos. Pero hasta ahora no han surgido fuerzas políticas, sociales e intelectuales capaces de reorientar las dinámicas dominantes.

La cuestión no puede reducirse a una confrontación entre bloques. Los procesos urbanos vienen condicionados por los marcos de la economía y la sociedad de mercado, el marco jurídico que prioriza la propiedad privada, la colusión oligárquica entre las cúpulas económico-financieras y una gran parte de las elites políticas y de la alta administración, con el apoyo de los principales medios de comunicación y de publicidad. Las políticas urbanas democratizadoras se enfrentan con el muro del dinero, el muro del Derecho (contrario a los derechos), la ideología del carácter sagrado de la propiedad y muro conservador de las instituciones. No creo que haya que acabar primero con el capitalismo para construir la ciudad democrática. Pero si que se puede incidir en algunos factores causales de las desigualdades, la insostenibilidad y las exclusiones Solamente penetrando en las fisuras de las contradicciones entre lo legítimo y lo legal, los derechos sociales y los intereses individuales, los principios constitucionales y cartas de derechos humanos frente a las normas protectoras de los privilegios. Cuestiones básicas contrarias a la democracia urbana que es preciso y viable enfrentar pues son necesarias, comprensibles y escandalosas por mucho que se hayan naturalizado. Como son la renta especulativa del suelo que mediante la fiscalidad y el planeamiento puede prácticamente eliminarse; la apropiación por el sector público o social de una gran parte del sistema financiero; la creación de estructuras políticas territoriales que integren poblaciones distintas y apliquen programas redistributivos; y la gestión social o cívica de los servicios básicos y el desarrollo de la ciudad colaborativa.

3. Del derecho a la ciudad a las estrategias transformadoras prioritarias

El derecho a la ciudad no se puede, o no se debe, fragmentar. Como se ha expuesto anteriormente el conjunto de derechos que constituyen el derecho a la ciudad son interdependientes, se necesitan los unos a los otros. Pero si la ciudad es un proceso los derechos se legitiman, se precisan y se amplían. Algunos decaen por no corresponder a la realidad de cada época y lugar, otros nuevos emergen (como el acceso a las tics) o se legitiman (la renta básica universal). El derecho a la ciudad sirve para caminar, como diría Galeano. Es más un horizonte que un catálogo que se implanta como algo acabado. En los procesos urbanos los movimientos y organizaciones sociales y políticas y las instituciones que los representan deben orientar su acción por el conjunto de derechos ciudadanos. Para ello deben definir objetivos prioritarios que son distintos en cada época y que pueden variar los contenidos concretos en cada país y ciudad.

Proponemos como conclusión final de este trabajo tres objetivos estratégicos que consideramos prioritarios y de los cuales se deducen una diversidad de intervenciones en las ciudades y regiones urbanas.

La desigualdad debe ser el objetivo principal y prioritario, junto con la sostenibilidad, de cualquier actuación en el territorio.4 Incluimos la reducción radical de desigualdad de ingresos y las políticas fiscales y por otros medios que limiten los salarios y otros ingresos; la importancia de la renta básica garantizada para todos; la justicia espacial que no solo evite las exclusiones sino que compense otras desigualdades; la redistribución del tiempo y de la cultura; el reconocimiento social y cultural de todas las personas y los colectivos; el acceso por igual a la información (por ejemplo el Data City citado respecto a las Smart Cities); la mezcla social en todas las zonas de la ciudad; los bienes básicos deben ser comunes y garantizados para todos; el acceso a la vivienda y el entorno dignos y adecuados; la generación de empleo y la formación continuada; la protección social (pensiones dignas) y la acción positiva para sectores vulnerables, el acceso universal a la educación y la sanidad de calidad; la igualdad político-jurídica de todos los habitantes del territorio, la seguridad en todas sus dimensiones, etc.

La sostenibilidad en tanto que objetivo prioritario significa que el urbanismo y la economía deben estar a su servicio. Competir, sí, pero en sostenibilidad. Supone acabar con la especulación y el urbanismo difuso. Y las infraestructuras costas en su producción y su mantenimiento y la arquitectura ostentosa y despilfarradora, en síntesis el “calatravismo”. Una gestión austera de los recursos limitados por medio de una gestión cívica. La generación de empleo en gran parte en la economía verde y la social. La actividad productiva vinculada tanta a las habilidades de la población como a la vinculada con la creatividad (no únicamente de los tecnólogos y académicos).

El gobierno del territorio es un instrumento indispensable para que las dos estrategias citadas, desigualdad y sostenibilidad se puedan desarrollar. Existe a la vez una inflación institucional pues se multiplican entidades políticas o administrativas, agencias y organismos autónomos, etc y las instituciones preexistentes se mantienen.5 Se produce un absurdo, a más complejidad institucional más opacidad. Las ciudades y regiones metropolitanas son un caso extremo.6 Un gobierno y asamblea metropolitanas de base electiva y los municipios como entes descentralizados parecen más que suficientes. Pero no es suficiente la reorganización política del territorio. Se requieren competencias ejecutivas y recursos adecuados para las competencias y funciones que se derivan de los objetivos indicados, como son la fiscalidad propia y la gestión de las grandes infraestructuras. Solamente las leyes están por encima de las grandes ciudades.

Las ciudades son también la palanca que puede y debe renovar la política. Sin ello las ambiciosas estrategias y actuaciones que se citan a lo largo del texto. Las instituciones políticas de base electiva directa son imprescindibles pero no deben monopolizar la producción de normas y la ejecución y gestión pública. En los procesos deliberativos y ejecutivos la ciudadanía activa debe intervenir a lo largo de todo ellos. Hay que desarrollar desde los poderes políticos y los sociales la gestión cívica de infraestructuras y equipamientos, la gestión social o cooperativa de bienes y servicios comunes, apoyar las iniciativas múltiples de ciudad colaborativa.

Todo ello hay que analizarlo y llevarlo a la práctica sobre la base que la ciudad es un proceso permanente. No se trata de construir un “modelo” que debe construirse sino orientar el desarrollo de la ciudad sobre la base de estrategias y actuaciones a su vez con el fin de promover la igualdad, la sostenibilidad y la democratización de la política a partir de la ciudad.

Texto en relación al Foro Social que se prepara con ocasión de Habitat III conferencia de las Naciones Unidas (Quito, octubre 2016). Incluido como parte de Urbanismo para hacer ciudad, especialidad del programa de Ciudad y Urbanismo (UOC).

 

 

1. Sin expresar ningún juicio de valor podría citarles algunos ejemplos personales de la importancia de la financiarización del territorio. Uno de los más famosos y brillantes arquitectos catalanes, Ricardo Bofill, me dijo hace unos años que dedicaba mucho más tiempo a gestionar capitales que no eran suyos que a ejercer la arquitectura. En otro ocasión un prestigioso promotor de centros comerciales y hoteles, Pedro Gómez, me comentó algo similar, nunca se pudo plantear asumir un cargo político pues gestionaba importantes capitales que no eran en gran parte suyos. [↩]
2. Los bancos en el periodo del boom inmobiliario compraron en España el 50% del suelo urbanizable y los más listos vendieron con altos beneficios antes de que explotara la burbuja. Luego se beneficiaban de los créditos a los promotores y constructores y también con el negocio de las hipotecas con cláusulas leoninas. Finalmente los que quedaron atrapados con suelo o edificios invencidos o insolventes fueron refinanciados por los Estados. [↩]
3. En los periodos de boom inmobiliario en los que se auguran altos y rápidos beneficios sectores populares y medios tienden a comprar convencidos que tanto el suelo como lo construido siempre evolucionará a la alta y siempre se podrá vender a precios muy por encima de lo que costó. No pudieron o no quisieron ver que no hay una ley que diga que todo suba. Más bien hay que tener en cuenta que lo que sube mucho también puede bajar mucho. [↩]
4. El autor formó parte de uno de los equipos seleccionados, que pivotaba en la agencia de urbanismo de Roland Castro, para proponer un Plan para el Gran Paris. El lema del plan era “Reducir las desigualdades en el Gran Paris”. B.Secchi, en “Ciudades para ricos, ciudades para pobres”, op.cit., afirma de entrada que la desigualdad es una de las cuestiones más relevantes de la cuestión urbana. [↩]
5. Claus Offe escribió hace bastantes años que la inflación institucional se produce en un marco de democracia representativa y plural. Los que estaban quieren quedarse y los entes nuevos ofrecen plazas disponibles para los que tienen vocación política o administrativa. Es la forma de contentar a las organizaciones políticas y profesionales. [↩]
6. En la Barcelona metropolitana existen la ciudad central dividida en 10 distritos. Y el Area Metropolitana que actúa mediante agencias, empresas públicas, consorcios, etc. Y la Diputación provincial que engloba un territorio casi 200 municipios. [↩]