Permisos cuestionados
¿Quién vela finalmente por el patrimonio construido?
Últimamente han salido casos a la luz pública de permisos de edificación cuestionados por la contraloría. El caso de Plaza las Lilas ha sido quizás el mas mediático, la Contraloría General de la República, a través del sub-contralor a cargo, anuló el permiso de edificación que permitía construir un conjunto de vivienda en densidad, conocido como “conjunto armónico” en los terrenos dónde hasta hace poco tiempo atrás funcionara el antiguo cine de barrio junto a otros servicios y comercios. (ver artículo Como Renovar en plaza las Lilas).
Por otro lado, y a una menor escala, está el caso de la calle Gertrudis Echeñeque 220, un inmueble representativo del tipo de construcciones residenciales que se efectuaron en el barrio El Golf cuando comenzó esta urbanización, a principios de siglos pasado. Este inmueble, sede de una importante empresa de corretaje de propiedades, comenzó a ser demolido recientemente quedando a la fecha un par de muros. Según dictamen de la Contraloría, del 22 de junio recién pasado, los permisos para construir en este sitio fueron mal otorgados, por estar fuera de plazo, ya que de acuerdo al Plan Regulador vigente de la comuna de Las Condes, solo se pueden construir en este terreno alrededor de tres pisos de altura (y no los 12 pisos que esta en proyecto construirse).
La Contraloría General de la República es un órgano superior de fiscalización de la Administración del Estado, contemplado en la Constitución Política, que goza de autonomía frente al Poder Ejecutivo y demás órganos públicos. Son los que controlan al poder público. Ahora, en los dos casos anteriormente mencionados, el daño ya está hecho, los inmuebles de indiscutible valor urbano ya no están, lo cual hace pensar que los procesos fiscalizadores no son lo suficientemente ágiles como para prevenir este tipo de “equivocaciones”.
Pero existe un tercer caso en que la Contraloría parece haberse adelantado a los hechos. Es el de la venta de terrenos del Valparaíso Sporting Club en Viña del Mar, para la construcción de un complejo educacional de la congregación de los Sagrados Corazones . El organismo fiscal se involucró en la compra-venta de terrenos por un requerimiento que hicieron “dos personas que formarían un autodenominado Comité Pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar”, que impugnaban el contrato por considerar que se estaba atentando contra áreas verdes protegidas. Esto motivó la resolución Nº 1477 de 11 de enero de este año que paralizó el negocio.
Hasta ahí todo bien, pero ahora resulta que la primera sala de la corte de Apelaciones de Santiago llamó la atención a la Contraloría por haberse excedido en sus atribuciones al intentar revocar decisiones tomadas por la municipalidad respectiva y por la Seremi de Vivienda, que habían autorizado previamente el negocio. La Contraloría mediante dictamen habría dejado sin efecto lo previamente autorizado por estas dos entidades y esto no se puede hacer por que “el control que ejecuta la Contraloría no puede ir más allá de los informes preparados por los organismos especializados del Estado”.
Entonces si no puede cuestionar y revocar lo previamente estipulado por los “organismos especializados”……… ¿Para que sirve la Contraloría General de la República?
Lo vendido, vendido está, y lo demolido no tiene vuelta atrás, y lo dictaminado por los Organismos estatales no da cabida a cuestionamientos por parte ni de la ciudadanía ni del Organismo fiscalizador competente.
