Voracidad v/s Regulación: El cuestionable rol del Estado en las Inversiones Urbanas.

Durante las últimas dos décadas en Chile hemos visto a los Gobiernos democráticos iniciar el proceso de concesiones privadas en infraestructura, variados programas de renovación urbana, zonas de desarrollo urbano condicionado, cincos por ciento de terrenos inmobiliarios para vivienda social y recuperaciones de bordes costeros urbanos que han causado un debate nuevo, en torno a los aciertos y errores de las iniciativas, mas bien reactivos y posteriores a su implementación.

Las manifestaciones de los grupos ciudadanos organizados en la mayoría de los casos no han logrado detener estos procesos, con algunas excepciones como Valparaíso o Ñuñoa. En general, la autoridad local o nacional se ha comportado cercana a la permisividad normativa, privilegiando mayoritariamente la inversión de fondos y trabajo por sobre el cuestionamiento de sus calidades, evaluar sus impactos o defender sus capacidades de integración socio-espacial.

En esta era en la que nuestro país avanza rápidamente hacia la plena integración global y la ciudad se ve enfrentada a aceleradas transformaciones, pareciera ser que la manifiesta búsqueda de competitividad por parte de la autoridad es sinónimo de que el Estado se desregula sin límite, incluso con riesgos de desentenderse del bien común y perder su declaración original y fundamental. La forma urbana ha sido, es y será el reflejo material de estas disposiciones y conflictos.

Entonces: ¿Tiene límite la desregulación?
La aparición de movimientos ciudadanos de queja demuestra que el interés por mejorar la calidad urbana ya no es exclusivo de la autoridad y más aún, se ha hecho progresivamente cuestionable. El debate generado es valioso, aunque las posiciones duras de las partes del conflicto congelen inicialmente el avance. Los pasos al acuerdo han debido ser mutuos, en el difícil equilibrio entre economía y poesía.

Las declaraciones del Presidente del Colegio de Arquitectos parecen ser acertadas en el sentido de que al menos los Arquitectos debieran estar del lado del Estado al momento de hablar de concesiones de infraestructura o megaintervenciones urbanas. En la actual condición mas bien se establece un Arquitecto que maquilla y a dependencia de quien invierte, permite el mínimo cumplimiento y máxima ganancia: se han desperdiciado así tremendas oportunidades de Espacio Público, integración social e identidad urbana, a puertas de celebrar el país el Bicentenario de la República 2010.

Si sumamos a esto que a mas del 70% de la población de Santiago no le agrada vivir en Santiago, cada transformación que no sea analizada continuará extendiendo esta actitud de “pisarnos la cola” y reaccionar tardíamente, con los enormes costos que eso puede implicar.

El debate ha comenzado, para mejorar las condiciones actuales y hacer posible un Estado capaz de ser voraz, esta vez en la otra trinchera, la que defiende el bien común de las ciudades gratas.