Las Polémicas Modificaciones a la Normativa Urbana en Chile

Por Andrés Spotorno L, constructor civil*

Los dimes y diretes por temas inmobiliarios son cada vez más comunes en la prensa. No me refiero a los proyectos que tienen fuertes impactos medioambientales, ya que por su naturaleza incorporan otras variables y condicionantes para su análisis; sino a aquellos proyectos inmobiliarios, de infraestructuras o vivienda social, que se emplazan donde existe una normativa y una regulación urbana que, en teoría, permite un desarrollo ordenado, eficiente y armónico de la ciudad.

La mayor frecuencia de estos conflictos podría estar relacionada, por un lado, con el dinamismo que han tomado las ciudades chilenas en general y, por otro, con la creciente sensación de “empoderamiento” por parte de la ciudadanía, para hacer frente a los desarrollos que los afectan.

Las inversiones en el borde costero de Antofagasta, los edificios en Valparaíso, las viviendas sociales en Peñalolén, las autopistas urbanas, los grandes negocios inmobiliarios en Santiago y Viña del Mar, entre otros, no han pasado inadvertidos y han generado fuertes cuestionamientos al sistema normativo, a través de las impugnaciones en los tribunales de Justicia y en la Contraloría General de la República.

Cabe destacar que hablo de una sensación de ’empoderamiento’ en la ciudadanía, ya que no está claro si es que efectivamente existen los espacios y las herramientas para hacer visibles sus intereses y para lograr intervenir en los procesos. Así, por ejemplo, escribí hace algunas semanas sobre el ‘Urbanismo en Campaña’, aventurando que los temas urbanos tendrán mayor preponderancia en las campañas municipales que se avecinan y queda pendiente ver en que medida los candidatos recogerán las inquietudes de sus electores. (Ver artículo relacionado).

Cabe preguntarse entonces, ¿Cuánto se han actualizado las normativas urbanas?, ¿Cómo se van incorporando nuevos criterios para el desarrollo de las ciudades?

Tiempos de Cambio

Sabemos que los Planes Reguladores Comunales (PRC) están en constante evolución y cada cuatro o cinco años, en promedio, se van actualizando en las comunas con mayores presiones de desarrollo. Sin embargo, pocas veces se discute sobre Ley General de Urbanismo y Construcciones y de su Ordenanza (LGUC y OGUC); quizás porque es lo más básico y, a la vez, más potente dentro el sistema jerárquico de las regulaciones urbanas.

De hecho, sobre ellas sólo existe la Constitución Política y no es materia de discusión parlamentaria. La importancia de esto, radica en que toda la planificación urbana se desprende de este instrumento y, aunque las municipalidades tienen algunas prerrogativas en la formulación de sus PRC, no pueden contravenir las disposiciones de la Ley y la Ordenanza.

Haciendo una revisión rápida de las modificaciones a la OGUC (1), se verifican más 30 Decretos Supremos que la intervienen desde el año 1993 a la fecha. Esos decretos contienen cambios para todos los Títulos dentro de la Ordenanza (1 al 6), los que a su vez alteran, modifican o enmiendan varios capítulos dentro de ellas, totalizando más de 100 intervenciones a los distintos capítulos de la Ordenanza.

Modificaciones de la OCUC, por año.
Del año 1993 a 1999 se cuentan 50 intervenciones, mientras que de 2001 a 2007 se incrementaron en 18%, llegando a 59 modificaciones. Resalta el hecho de que el año 2000 no existiesen modificaciones. Se puede observar también, algún patrón de comportamiento según los periodos presidenciales (1994 a 1999 y 2000 a 2005), lo que se explicaría por la conformación de los equipos ministeriales y de asesores, encargados de analizar y revisar las modificaciones según los criterios de cada gobierno.Al revisar qué títulos han sido modificados, para indagar si los cambios son transversales en ellos, se verifica que más del 40% de ellos se han hecho en el título 2 ‘De la Planificación’, mientras que un 32% son sobre los títulos 4 y 5, sobre la Arquitectura y la Construcción, respectivamente.

Distribución de las Modificaciones en la OCUC.En este análisis, se están considerando todos los tipos de modificaciones a la Ordenanza y esto incluye aquellas que modifican sólo aspectos formales de ella, como aquellas que le cambian el sentido, haciéndola más restrictiva o permisiva, aumentando o disminuyendo los requerimientos y estándares que estipula (2).

Es conocido por todos que se han incorporado mayores exigencias en los temas de habitabilidad (térmica y acústica) y también se han ampliado las alternativas para los desarrollos inmobiliarios con los PDUC y las ZDUC, pero quedan muchas modificaciones por analizar para ver si se van estableciendo caminos hacia ciudades más ordenadas, eficientes y armónicas.

Se ha querido mostrar que, efectivamente, las normativas urbanas no se han estancado y, muy por el contrario, se han dinamizado con el avance y el desarrollo que ha logrado y pretende lograr el país. Pero también, se cuestiona la forma en que esto se lleva a cabo, sin discusión pública, según los criterios de cada periodo presidencial y con múltiples conflictos, irreversibles para las ciudades y barrios.

Artículo original en Portal Inmobiliario
*Magíster © Desarrollo Urbano UC
Profesor Escuela de Construcción Civil
Pontificia Universidad Católica de Chile