El caso del IVA y una delgada línea: el peso del lobby en cómo se hacen las ciudades chilenas

flickr.com/photos/beneath_blue_skies/

En las últimas semanas se ha discutido intensamente un proyecto del Gobierno para rebajar la exención tributaria del 65% del IVA que se aplica hoy a la construcción. La discusión y la fuerte presión ejercida por la Cámara Chilena de la Construcción ameritan una revisión, pues ejemplifica la manera como se concilian los intereses, sobre todo de grupos económicos, con la definición de los marcos legales que operan en cómo se construye la ciudad. ¿De qué estamos hablando?

El debate del IVA

“A los señores de la Alianza les preguntaría por qué no estaban tan activos la semana pasada cuando lo que correspondía era sacar recursos que iban a los chilenos más ricos, con casas de 200, de 250 millones de pesos y destinar esos recursos a las pymes. Eché de menos su postura la semana pasada” señaló hoy el Ministro de Hacienda, Andrés Velasco. En otro medio, el Ministro Secretario General de Gobierno, Francisco Vidal, dijo que “la derecha no quería eliminar el IVA de las casas más caras, entonces hace una semana nosotros queríamos rebaja el IVA a cero como franquicia paras las casas de más poder adquisitivo y hoy día están pidiendo bajar un punto, entonces, ¡por favor!”. De esta manera, continúa el intenso debate que en las últimas semanas se encendió en torno a las modificaciones tributarias impulsadas por el gobierno y discutidas en el parlamento.

En el congreso y en otros medios se debatió intensamente la aprobación de una propuesta que busca aplicar un paquete de medidas económicas para rebajar la carga tributaria de los chilenos. Las medidas de reactivación incluían rebajar el impuesto específico a las bencinas, la eliminación del impuesto de Timbres y Estampillas para las Pymes, esto último de manera de rebajar de créditos. El asunto es que, para compensar estás rebajas, el ejecutivo plantó un aumento en los impuestos a la construcción que se traduce reducción de la franquicia tributaria que descuenta un 65% del IVA a la construcción.

La propuesta inicial incluía mantener la franquicia para las viviendas bajo las 2 mil UF. Frente a esto, la Alianza y el Senador DC Hosaín Sabag resistieron defendiendo la misma postura de la Cámara Chilena de la Construcción, que pedía que el beneficio tributario se mantuviera para las casas de hasta 3 mil UF y se estableciera una rebaja estándar de 225 UF para las que van de las 3 mil a 4 mil 500 UF.

En La Nación Domingo del 23 de marzo se lee:

“Tal como quería la CChC, las viviendas de hasta 90 millones quedarán con un beneficio tributario, pese a que la intención inicial de la exención era estimular la construcción de viviendas sociales. “No es lógico que alguien que compra una casa de 90 millones de pesos, reciba hoy 10 millones del Estado y el próximo año reciba 4 millones y medio”, manifiesta el diputado PS Carlos Montes, uno de los impulsores de la modificación.

El Ministerio de Hacienda por su parte busca transformar el actual subsidio a la oferta -las viviendas- en uno a la demanda -la gente-. Según Velasco, con el mecanismo vigente, una persona puede comprar una casa en la costa, otra en Santiago, una en un lago y otra en la nieve, recibiendo todas un cuantioso subsidio fiscal, porque no hay límite y por que no se aplica sólo para la primera vivienda, como ocurre con los otros subsidios que existen en el sector habitacional.”

Respecto al mismo tema, en El Mercurio del 14 de marzo, la editorial declaraba:

“El Gobierno argumenta que necesita compensar la caída de ingresos fiscales por las otras disminuciones de impuestos propuestas; que dicho beneficio recae en el segmento de mayores ingresos, y, en fin, que la sana doctrina indica que los impuestos deben ser parejos para todos y no tener excepciones.

Parece exagerado querer compensar una caída de ingresos fiscales de menos de 200 millones de dólares, cuando el superávit fiscal se proyecta nuevamente sobre ocho por ciento del PIB para este año (entre 13 mil y 15 mil millones de dólares), pero el Gobierno ha dicho que ésos son ingresos extraordinarios, que no cabe considerar como permanentes. Y si bien la población que puede adquirir viviendas por más de dos mil o cuatro mil UF es la de mayores ingresos relativos, siempre es complejo precisar cuál es el límite correcto para definir éstos. Por lo demás, los impuestos a las personas ya son progresivos, de modo que quienes perderían ese beneficio son los que ya pagan más impuestos. Por eso, el más plausible argumento del Gobierno es el que se basa en la necesidad de no otorgar excepciones a las reglas impositivas; y si el IVA grava la compra de bienes, debería gravar a todos los bienes, y no sólo a algunos.”

Lobbistas

Por sobre este debate puntual, en el reportaje mencionado de La Nación Domingo, se analiza el papel de la Cámara Chilena de la Construcción como fuertes negociadores y con una enorme capacidad de ejercer presión cuando corresponde la aprobación o implementación de medidas que afectan al rubro.

Esto se inserta en otro debate, que es la regulación del lobby en chile.

Por Lobby se entiende a “un grupo de presión que, por medio de distintas estrategias, trata de influir en centros de poder ejecutivo o legislativo con el fin de favorecer sus propios intereses o los de aquellos a quienes representa. Los lobbies no suelen participar directa y activamente en política (por lo que no suelen formar su propio partido), pero sí procuran ganarse la complicidad de algún grupo político que pueda terminar aceptando o defendiendo los objetivos de dicho grupo”.

Esta actividad ha cobrado importancia con el desarrollo del régimen democrático en Chile y las negociaciones que implica el funcionamiento del sistema legislativo, especialmente en las discusiones en que se mezclan intereses económicos. En este sentido, existen distintos ejemplos de iniciativas para regularlo, como la de Alejandro Navarro y otros parlamentarios que afirmaron que el “freno a la corrupción requiere de ley que regule el lobby”. Existe un caso en particular que tiene un enorme impacto directo en cómo se construyen nuestras ciudades, precisamente el de la CChC.

En el caso del IVA, la ley se modificó tal como quería la CChC, que es el gremio empresarial más influyente después de la Sofofa; Patricio Herman, presidente de Defendamos la Ciudad, ha declarado que la entidad es “el poder fáctico más poderoso que hay en el país”.

Hace casi seis décadas se organizó esta agrupación gremial, para capitalizar capacidad de negociación en asuntos que afectaban sus intereses. Desde entonces han logrado un nivel de redes que se suma a ser el gremio con el mayor patrimonio: “según los cálculos más conservadores, éste superaría fácilmente los mil millones de dólares. Ninguna otra organización empresarial puede jactarse de manejar cifras similares. Es que bajo el paraguas de Invesco -la matriz de inversión del grupo- se encuentran firmas tan exitosas como la AFP Habitat, la isapre Consalud y los centros Megasalud”.

El lobby de la CChC repite su influencia en la no aprobación o no implementación de distintas iniciativas, como la modificación a la ley de parcelas de agrado, o el 5% de vivienda social integrada que ha sido ampliamente comentada en Plataforma Urbana.

Dice La Nación:

“En el Ministerio de Vivienda tienen paralizada una de las iniciativas más relevantes que la cartera se propuso sacar adelante cuando llegó la ministra Patricia Poblete. Se trata de la norma que busca obligar a los urbanizadores a ceder el 5% de la superficie total que utilizan para la construcción de viviendas sociales, o bien pagar el valor equivalente. El objetivo es fomentar la integración social. En países como Colombia se aplica con un porcentaje de 25%, pero en Chile la CChC se opone al 5%. Quien fuera el gerente de Estudios del gremio hasta el año pasado, el actual decano de Economía de la Universidad de Chile, Felipe Morandé, apenas se anunció la norma, expresó en una columna: “Este proyecto de ley innova para peor. No será eficaz porque es un hecho que la vivienda asistencial puesta en terrenos de alto valor, no resiste con el tiempo la presión del mercado y finalmente los pobres venden y se van”. Desde entonces, los constructores presionaron y presionaron, y hoy Vivienda aún no logra sacar el proyecto. Otra evidencia poderosa de la influencia del gremio.

¿Hay más? Mucho más. El cambio a la ley de urbanismo y construcciones; el intento por modificar ley de parcelas de agrado; la intención de terminar con los abusos que permite el actual sistema de concesiones; y la ley sobre competencias laborales, son sólo algunos de los proyectos que provocan la fiera resistencia de la cámara. “Cuando algún proyecto tiene que ver con las regulaciones del espacio, del negocio inmobiliario y, principalmente, del suelo, ellos se la juegan con todo porque su punto de vista predomine”, dicen en el oficialismo.”

Por lo menos para discutir

Si el tema del lobby es necesario de abordar en cuanto al sistema chileno en general, resulta fundamental en cuanto a la discusión sobre nuestras ciudades. Esto suena obvio cuando tenemos conciencia del peso de los marcos legales y las políticas en la construcción de nuestra realidad urbana, donde vive el 86% de los chilenos. Hay que decir, sin embargo, que cuesta encontrar en este tipo de decisiones, y otras que no hay espacio para comentar, alguna lógica que pretenda generar una capacidad de gobernar y, por lo tanto, poder articular proyectos coherentes para nuestras ciudades.

La reducción de la capacidad de cualquier instrumento de planificación, especialmente para el gobierno de nuestras concentraciones metropolitanas, hace que los marcos normativos legales y de políticas públicas sean lo único que va quedando en los conductos “oficiales” para hacer de la ciudad un proyecto político, un ámbito en el que negociemos y determinemos una vía para hacer posible que todos podamos beneficiarnos de la vida en las ciudades. La oscuridad de la rotunda pasada de máquina de ciertos grupos que defienden sus intereses, en un sistema que a través de la representatividad democrática debiera ser, de alguna manera que ya parece demasiado abstracta y lejana, nuestro instrumento para determinarnos colectivamente, parece obligarnos a creer que ese proyecto ya no tiene como existir. No según los viejos manuales, al menos.