Carta – Plan Regulador de Santiago

(El Mercurio, 13/08/2008)

Señor Director:

Está en el debate público el proyecto del Ministerio de Vivienda para modificar el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, que expande el radio urbano en aproximadamente unas nueve mil hectáreas. Ello se ha reflejado en sucesivas cartas al Director y en artículos y opiniones que este medio ha recogido.

Antes que todo, deseo expresar reconocimiento a la transparencia con que el ministerio ha puesto en discusión esta reforma, poniendo a disposición de la opinión pública en su sitio web el total de la información existente a la fecha.

Creo que en las opiniones recogidas e informaciones publicadas se han deslizado errores e imprecisiones que vale la pena aclarar, pues distan mucho de la realidad. En efecto, el valor del suelo en Santiago ha permanecido estable (ver informes de Pablo Trivelli) y no ha subido en forma importante (causa principal de la crisis subprime en Estados Unidos y Europa), debido a la política desarrollada por la autoridad de aumentar la oferta de suelo disponible, generándose en consecuencia la posibilidad de llevar adelante ZDUC en la zona de Chacabuco y PDUC en zonas de la periferia.

Santiago consume anualmente, según las estimaciones técnicas más reconocidas, entre 600 y 900 hectáreas, y en su radio urbano quedan disponibles con uso habitacional o mixto algo más de dos mil 500 hectáreas, también según los estudios más confiables; es decir, para satisfacer la demanda de sólo unos tres a cuatro años.

De no producirse un cambio en el límite urbano, el precio subirá y con ello se seguirá alejando la posibilidad de que los sectores de bajos y medios bajos ingresos vivan en la ciudad, a pesar de la política de subsidios de localización. Es decir, se expulsará a estos sectores a vivir a decenas de kilómetros, con todos los costos personales y sociales que ello conlleva.

Santiago, aunque el mito señale lo contrario, es una ciudad de densidad media, con densidades inferiores a las principales ciudades de los países desarrollados e inferiores a las de países subdesarrollados.

Si bien el proyecto de modificación señalado contiene algunos aspectos para discutir, tales como el porcentaje de áreas verdes que exige o la búsqueda de una asociatividad entre propietarios aún muy incipientemente enunciada, está basado en un principio que comparto y que es que todo nuevo desarrollo debe hacerse cargo de las externalidades que causa.

Asimismo, la reforma en estudio está elaborada en la búsqueda de referentes geográficos para establecer los límites urbanos, como por ejemplo que llegue hasta el río Maipo o Mapocho, y no en la discrecionalidad del lápiz con que ese límite se dibujó, lo que también resulta elogiable.

Vicente Domínguez Vial
Abogado