Editorial – Evaluación de impacto ambiental
(El Mercurio, 19/08/2008)
HidroAysén, la sociedad que programa llevar adelante la construcción de cinco centrales en los ríos Baker y Pascua, presentó su estudio de impacto ambiental a la Comisión Regional del Medio Ambiente, lo cual es un paso fundamental para obtener la aprobación del proyecto que desean desarrollar las empresas Endesa y Colbún en esa zona. Dichas centrales podrían aportar dos mil 750 MW al sistema interconectado central. Si Chile aspira a ser desarrollado, aunque use de la manera más eficiente posible su energía actual, requiere inversiones adicionales en generación eléctrica; lo contrario significaría renunciar a su desarrollo. La experiencia comparada muestra que los países aumentan su demanda de energía a medida que crece su consumo. No es extraño, pues, que los países desarrollados tengan consumos per cápita que son entre tres y seis veces el chileno.
Por supuesto, este consumo depende de características climáticas, demográficas y productivas, por una parte, y de fuentes disponibles de generación eléctrica y de los precios de la energía, por otra. Evaluando en su conjunto la información disponible, es anticipable que si Chile aspira a llevar su ingreso per cápita a 20 mil dólares en los próximos 15 a 20 años, requiere desarrollar una capacidad de generación adicional del orden de nueve a 11 mil MW. Por cierto, debe intentar hacerlo a costos razonables que le permitan al país mantener una competitividad adecuada. Los desarrollos tecnológicos en energías alternativas aún no son suficientemente competitivos, y en otros países han necesitado importantes subsidios en inversión u operación, o bien han significado fuertes alzas en los precios de la energía para los consumidores.
Los costos de generación hidroeléctrica siguen siendo los más bajos, y el país no puede renunciar a esta opción. Por cierto, hay otros bienes que el país puede querer cautelar, como lo es la preservación del medio ambiente. Por tanto, deben ponerse en la balanza los beneficios y costos de desarrollar una iniciativa importante de generación como HidroAysén. Afortunadamente, Chile tiene una institucionalidad adecuada para hacerlo. El sistema de evaluación de impacto ambiental ha sido, en general, bien evaluado por expertos nacionales e internacionales. En los últimos años se ha adquirido una experiencia apreciable en la valorización de proyectos, y cabe esperar que en esta ocasión se la aproveche para llevar adelante éste por los cauces institucionales.
Naturalmente, la visibilidad del proyecto llevará a una activa participación de organizaciones ambientales nacionales y extranjeras en su tramitación. En un país abierto al mundo esta presencia es inevitable, pero no se puede olvidar que estas organizaciones defienden intereses que no necesariamente coinciden con los de Chile. Por la especificidad de estos grupos, los primeros son esgrimidos con mayor claridad y pasión, pero no por ello son más legítimos que los segundos, más desagregados. Esta realidad lleva también a que algunas organizaciones ambientalistas tengan incentivos para desinformar a la opinión pública. Ejemplo de ello es afirmar que el sistema de evaluación de impacto ambiental no daría garantías, al contemplar en última instancia la participación de ministros de Estado. Pero ¿de qué otra forma podrían balancearse adecuadamente los distintos bienes en juego? El Gobierno tiene que asegurar el buen funcionamiento de nuestra institucionalidad, pero también debe denunciar, velando por un proceso no distorsionado de deliberación, aquellas aseveraciones de grupos interesados que no responden a la verdad o que desinforman a la opinión pública.
