Editorial – Concesiones a media máquina

(La Tercera, 29/08/2008)

Durante las últimas dos décadas Chile ha experimentado un enorme avance en infraestructura pública, en gran parte gracias a la incorporación de los privados a través del mecanismo de concesiones, lo que ha significado un gran aporte al desarrollo.

Sin embargo, hoy vivimos un inmovilismo en materia de concesiones. De los montos anunciados en 2007 sólo se adjudicó un 4,4% y aún no se da destino a los cerca de US$ 935 millones contemplados para 2008. Un gran problema, si se considera que el déficit de inversión en infraestructura para el período 2008-2012 se estima en US$ 20.563 millones.

Las causas de este menor dinamismo se encuentran, en primer lugar, en los problemas que tuvo el sistema de concesiones cuando comenzó a aplicarse a proyectos de segunda generación (cárceles) y nueva infraestructura vial, por las continuas renegociaciones de los contratos debido a errores en los diseños originales. Además, todos los proyectos de concesiones deben ingresar al Sistema de Estudio de Impacto Ambiental (Seia), lo que hace el proceso más demoroso aún.

Con todo, las dificultades más relevantes están en la gestión del MOP, cuya solución depende exclusivamente de la voluntad política para ejecutar los proyectos. Así, señalar que el actual marco jurídico no es razonable es un mal argumento. Si así fuera, no se habrían invertido caso US$11.000 millones en el programa de concesiones y sus beneficios no serían tan evidentes: mejores autopistas urbanas e interurbanas, puentes, túneles y aeropuertos.

La reforma legal en trámite en el Congreso es perfectible. Si bien permitirá solucionar problemas de obras adicionales y renegociaciones, y adecuar las concesiones a proyectos más complejos – como hospitales y en el futuro escuelas -, claramente no soluciona los problemas de gestión del MOP. Ello requiere una modernización de la institucionalidad que, lamentablemente, no se ha materializado.

Entre los aspectos preocupantes del proyecto está la forma de designación de los miembros del Panel Técnico y las Comisiones Conciliadoras, y la composición del Consejo Consultivo. También que el MOP pueda recurrir a las Comisiones Conciliadoras y poner término anticipado a la concesión cuando la obra se hace innecesaria o requiere un rediseño que supere en un 25% al presupuesto oficial, previo informe del Consejo de Concesiones y con la firma del ministro de Hacienda.

Se debe asegurar la independencia del Consejo Consultivo, ya que lo positivo de su creación es hacer impugnables las decisiones e incentivar a quienes lastiman a hacerse responsable de ellas. Por otra parte, se debe mantener la norma actual, que sólo permite al concesionario recurrir a las Comisiones Conciliadoras. Darle esta atribución al MOP genera desconfianza, pues el Ministerio podría parar una obra justo antes de su puesta en marcha, con todos los costos que ello implica.

El menor ritmo de concesiones tiene un costo real para el país. Se estima que esta menor inversión implica cerca de un 0,36% menos en el PIB. Por ello es esencial vitalizar las concesiones de segunda generación, promoviendo acuerdos que perfeccionen la actual normativa, respaldando el derecho de propiedad privada, la transparencia y una respuesta eficaz y oportuna del sector público. Ello les dará seguridad jurídica a los inversionistas y colaborará en la reactivación de este sector. Se podría extender el sistema a la gestión de cárceles y hospitales, y a futuro concesionar escuelas y colegios municipalizados.

Por María de la Luz Domper
Economista del Instituto Libertad y Desarrollo