Editorial – Transporte público: lo importante es lo que pasa en la calle
(La Nación, 05/09/2008)
La decisión opositora de rechazar bajo cualquier concepto el subsidio al transporte público en el país tendrá un costo que pagarán las personas, no sólo de Santiago.
Las diversas alternativas jurídicas, políticas y económicas que ha tenido el debate sobre la modernización del transporte público en el país, con Transantiago como preocupación central pero no exclusiva, ponen en segundo plano lo esencial: cuál es la calidad de servicio que están recibiendo las personas.
Los habitantes de Santiago son los principales beneficiados o perjudicados, según se mire, de lo que sucede con el transporte público. Una evaluación equilibrada de lo que pasa en las calles capitalinas debería llevar a la convicción de que ha habido una mejora permanente desde que asumió la responsabilidad de su conducción el ministro de Transportes, René Cortázar.
Hace muchos meses que se superó la situación de colapso, se ha replanteado el funcionamiento de las mallas de recorrido y se han disminuido los tiempos de espera. No obstante, el sistema dista aún de ser la modernización que se esperaba en beneficio de la gente. Poniendo los elementos favorables y críticos en la balanza, las personas tienen a su disposición un sistema de transporte que funciona, a un precio congelado hace un año y medio, pero que requiere continuar mejorando. Los fondos pedidos por el Gobierno permitirían mantener la tarifa congelada en 380 pesos (con las antiguas micros amarillas debería estar en cerca de 600 pesos), mientras se consolida el proceso de mejoramiento.
La alternativa que propone la oposición es “echar todo (el Transantiago) al tarro de la basura”. La afirmación es una típica frase de campaña electoral, que puede dar algún rédito, pero que no cambiará lo que pasa en la calle. Paralelamente a los arranques demagógicos, el ministro Cortázar ha trazado un camino de mejoras que cuenta con el aval técnico de especialistas de todas las sensibilidades políticas. La decisión opositora de rechazar bajo cualquier concepto el subsidio al transporte público tendrá un costo que pagarán las personas, no sólo de Santiago, sino de todo Chile, a través de un mayor precio del pasaje. En el caso específico de la capital, la opción de recurrir al 2% del presupuesto orientado a catástrofes permitirá mantener en marcha los planes actuales, aunque con menos posibilidades de congelar la tarifa.
Parece ineludible que para mejorar lo que pasa en la calle se requiere de una voluntad política que no se ha manifestado en la Alianza, que desea obtener ventajas del descontento en los comicios municipales. Al contrario, mejorar el servicio requiere de flexibilidad, de manera tal que tanto las instancias privadas (operadores de empresas de transportes, soporte tecnológico representado por Sonda y el Administrador Financiero, que controlan los mayores bancos del país) como las públicas aporten a mejorar el sistema de transporte de Santiago, cualquiera sea su nombre.
El Congreso tiene la obligación de generar las condiciones políticas que permitan cristalizar las iniciativas técnicas que Cortázar está desarrollando para superar el episodio del Transantiago y comenzar un nuevo proceso, consistente en modernizar el conjunto del transporte público del país.
