Opinión – Modificación al plano regulador de Santiago: transfiriendo responsabilidades

(La Tercera, 22/09/2008)

El segundo objetivo que propone la modificación del Plano Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) es la sustentabilidad ambiental. Este objetivo se define como: “Aumentar de forma significativa el stock de áreas verdes asegurando su financiamiento público y privado. También se incluyen exigencias para evitar la urbanización de áreas de riesgo y valor ecológico”. En concreto, se propone la creación de 4.379 hectáreas de áreas verdes, cuya localización se identifica en el área de expansión propuesta.

Sería maravilloso si esto se hiciera realidad. Estas áreas verdes se desglosan, por una parte, en 1.550 hectáreas de parques intercomunales y 1.758 hectáreas de forestación de cuñas y cinturones verdes, que serán financiadas por particulares a través del mecanismo de mitigación y, por otra parte, en 1.071 hectáreas de forestación de cuñas y cinturones verdes a ser financiadas por el Estado.

Hay respecto de este planteamiento del Seremi Minvu una cantidad de dudas e interrogantes que sería bueno que se aclarara ante la opinión pública, los habitantes del Gran Santiago y los propietarios de los terrenos designados como área verde.

Los parques urbanos son bienes públicos tanto por su naturaleza como por su función. Constituyen uno de los elementos esenciales de la cosa pública en las ciudades. ¿Por qué le asigna el Seremi Minvu al sector privado la responsabilidad de construir bienes nacionales de uso público que serían tan necesarios para resolver una grave carencia de esta ciudad? ¿Qué clase de política urbana es esta? ¿Hasta dónde llegará la reducción de las responsabilidades de las instituciones del Estado en la construcción y funcionamiento de la ciudad?

Parece razonable que se exija a los particulares la forestación de áreas que no pueden ser destinadas a otros usos urbanos, como quebradas y áreas de riesgo. No así la exigencia de construcción de parques, a no ser que formen parte de un núcleo urbano integral como en el caso de las PDUC.

La propuesta del Seremi Minvu exige a los particulares desarrollar 1.550 hectáreas de parque. Esto significa un esfuerzo que va mucho más allá de lo que nunca haya hecho el Minvu ni otros organismos del Estado por nuestras ciudades.

Al respecto, téngase en cuenta que en un esfuerzo inédito, el Minvu creó el Programa Nacional de Parques Urbanos en el año 1991. En 10 años se construyeron en todo Chile 47 parques con una superficie de 322 hectáreas.

Si la autoridad competente de la ciudad ha llegado a la conclusión fundada que se requieren con urgencia más parques y áreas verdes, ¿no sería más lógico que adopte las medidas presupuestarias y de gestión necesarias para su implementación, en vez de imponerlo como una condición al desarrollo eventual de terrenos por parte del sector privado, esperando una iniciativa que podría tardar muchos años, si es que alguna vez ocurre?

Si el objetivo es hacer del Gran Santiago una ciudad más amable, con mayor cantidad de áreas verdes, también cabe preguntar ¿por qué se contempla solamente el desarrollo de grandes parques y áreas forestales en algunos sectores de borde? ¿Por qué se ignora que esto también tiene que ver con el desarrollo de los barrios y la normativa establecida en los Planes Reguladores Comunales? Considérese por ejemplo, el caso de Providencia, que ha llegado a ser una de las comunas más verdes de Santiago Metropolitano y que, sin embargo, no tiene ningún gran parque.

Si para el Seremi de Vivienda es legítimo exigir a los particulares el desarrollo de un 30% de la superficie que se integraría al desarrollo urbano para áreas verdes; si el déficit de áreas verdes es bastante generalizado en las comunas del Gran Santiago y en general en las ciudades chilenas, también cabria preguntar: ¿Por qué no considerar un aumento en la exigencia de desarrollo de áreas verdes incrementando el 7% que contempla el artículo 2.2.5. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones para todas las nuevas urbanizaciones?

La sustentabilidad ambiental del Gran Santiago es un tema mucho más amplio que la dotación de parques. Una propuesta para satisfacer las necesidades de áreas verdes en el Gran Santiago requeriría una acción pública directa, clara y decidida, con el financiamiento adecuado, una distribución física más equilibrada en términos de tamaño y localización, un modelo de gestión y mantención que hoy no existe, elaborada en el marco de una estrategia de desarrollo metropolitano integral y con un alto grado de participación.

Pablo Trivelli O., Profesor Universidad Mayor