Editorial – La vivienda, compromiso del Estado y derecho ciudadano
(La Nación, 07/10/2008)
Se trata de que los recursos del Estado, orientados a las familias más vulnerables, se utilicen íntegramente en las residencias, y no en cualquier construcción, sino en una de calidad.
A fines de los ’90, a un ritmo de construcción de más de 100 mil viviendas sociales al año, Chile avanzaba hacia la superación del déficit habitacional. Sin embargo, esta construcción masiva presentó problemas de calidad y puso de relieve el desafío de garantizarla. Fue así como en 2005 se diseñó el Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC), sistema de gestión integral, que garantiza la calidad de todos los procesos y productos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu).
El plan entró en plena vigencia a partir de 2006 y fiscaliza tanto a los actores internos como externos que participan en todas las fases del desarrollo de proyectos. Con esta iniciativa en marcha, el Ministerio de Vivienda ya no es un banco de subsidios que entrega recursos y se desentiende. Se trata de que los recursos del Estado para las familias más vulnerables se utilicen íntegramente en viviendas, no en cualquiera, sino en una de calidad.
Mediante el PAC, el Minvu se preocupa de que la gente reciba la mejor información para acceder a este programa, de colaborar en su organización, directa o indirectamente, de entregarle los elementos para que pueda formular su proyecto habitacional, adecuado a las características de cada grupo, y de apoyar la instalación y habilitación social de las familias en su nuevo barrio.
El plan es en especial relevante en el desarrollo de la política habitacional, dado que en su ejecución intervienen actores externos importantes, como las Entidades de Gestión Inmobiliaria Social (EGIS) y las empresas constructoras, lo que no exime de la obligación ética de asegurar la calidad de las viviendas financiadas con fondos públicos.
Durante todo el proceso de acceso a la vivienda, se considera la activa participación de los beneficiarios, que muchas veces se transforman en verdaderos directores de obra de la construcción de sus casas. Ellos son los principales aliados del ministerio para lograr este objetivo.
Una primera evaluación del PAC ha detectado falencias, algunas de las cuales coinciden con observaciones hechas por la Contraloría y también con un reciente estudio del Programa de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Éstas se refieren a falta de incentivos para que nuevos y mejores actores privados participen en los programas habitacionales. A raíz de esto, en muchas regiones, los propios Servicios de Vivienda y Urbanismo (Serviu) han asumido el rol asesor de las familias por falta de oferta de EGIS o mal desempeño de ellas. También ha habido problemas de gestión en la asignación, ejecución y pago de subsidios habitacionales. Esto genera, entre otros, proyectos deficientes, exceso de burocracia y plazos excesivos.
Por otra parte, también se han registrado efectos no deseados en la fiscalización: al sancionar a una EGIS se retrasa el desarrollo de un proyecto, perjudicando a las familias. Y si no se sanciona, se avala la ineficiencia.
El Minvu ha valorado las observaciones, recomendaciones y alcances que retroalimentan su trabajo, porque le brindan la oportunidad de mejorarlo de forma permanente.
