Caos vial en sector urbano de moda
(La Nación, 08/10/2008)
Por Patricio Herman, Fundación Defendamos la Ciudad
OBSERVATORIO CIUDADANO
La libre empresa debe asumir los riesgos del mercado y, tal como nos alegramos cuando obtienen ganancias, rechazamos de plano que el erario público los ayude económicamente en sus emprendimientos.
En la zona donde limitan por el norte las comunas de Providencia y Las Condes se están ejecutando, sin las prevenciones ambientales y de transporte necesarias, diferentes megaproyectos inmobiliarios que saturarán todavía más la congestión vial existente. La mayoría de las construcciones está en desarrollo y la que tiene el mayor volumen es el complejo comercial denominado Costanera Center, que se emplaza en el cuadrante conformado por las calles Andrés Bello, Los Leones, Vitacura y Tajamar. Consiste en cuatro torres y un centro comercial con 700 mil metros cuadrados construidos, la torre más alta medirá 300 metros y tendrá 64 pisos. Sus promotores, que están invirtiendo 600 millones de dólares, aducen que es la más elevada de América latina. ¿Será verdad?
La obra se inició en marzo de 2006 con un permiso de 2001, en circunstancias que la vigencia de estos actos administrativos es de tres años y el 30 de marzo de 2007 se otorgó un nuevo permiso que adolece de varias fallas y, por ello, en base a la ley de transparencia y probidad administrativa, solicitamos al director de Obras de Providencia que nos entregara ciertos documentos para analizarlos. Recordemos que en Chile los ciudadanos -en teoría- tenemos acceso a la documentación de carácter pública que tienen los diferentes servicios del Estado. Pero este funcionario no nos entregó la información solicitada.
Como respuesta al secretismo municipal, el pasado miércoles 1 de octubre, dimos una conferencia de prensa en nuestra sede con el presidente de la Unión de Juntas de Vecinos de Providencia, el presidente de la junta de vecinos de la zona en donde se está edificando ese complejo mercantil, un concejal municipal, el ingeniero que conoce en detalle el caos vial que se acerca y un arquitecto especialista en temas de planificación urbana. Todos, con distintos matices, criticamos la falta de fiscalización de parte de las autoridades, tanto locales como centrales, e hicimos un llamado a la ministra de Vivienda y Urbanismo, Patricia Poblete, y al ministro de Obras Públicas, Sergio Bitar, para que asuman sus roles conductores para resolver el impasse que se está viviendo en el sector.
En el permiso de marras se asegura que existe un Estudio de Impacto Ambiental de 2001, pero eso es inexacto: el titular del negocio, para hacer más fácil la tramitación, tomó la decisión de ingresar al sistema de evaluación por medio de una simple y modesta Declaración de Impacto Ambiental, la que como sabemos es un saludo a la bandera. Como era de esperar, fue calificada de forma favorable por los integrantes de la Corema, que no se complicaron exigiendo el cumplimiento de la ley.
Dado que las obras viales que se tendrán que materializar pronto son de cierta envergadura, aprovechamos para reiterar que sería francamente grotesco que el Estado ayude a los privados que libremente tomaron la decisión de invertir. Hemos escuchado que el dueño de Cencosud está en conversaciones con el Metro para hacer posible la extensión de la Línea 4 al mall, lo que nos parece muy bien, porque se privilegia el transporte colectivo, pero en ningún caso la inversión de 70 millones de dólares con aportes compartidos. La libre empresa debe asumir los riesgos del mercado y, tal como nos alegramos cuando obtienen ganancias, rechazamos de plano que el erario público los ayude en sus emprendimientos.
En cuanto a la saturación ad portas, el ingeniero Samuel Tupper dijo: “El proyecto del túnel San Cristóbal privilegiaba el eje El Salto-Vespucio. Pero con posterioridad la autoridad cambió radicalmente su objetivo desplazándolo al eje El Salto-Tobalaba, sin medir las consecuencias. Según la propia Unidad Operativa de Control de Tráfico (UOCT) lo más grave será el caos vial que causará en el cruce Andrés Bello-Tajamar y sus áreas circundantes. Todavía existen algunas soluciones, pero las autoridades se niegan a discutirlas”. El arquitecto y sociólogo Daniel Jadue manifestó que “existía un notable abandono de deberes de parte de las autoridades de la comuna y el director de obras”, lo que compartimos.
