Editorial – Improvisación urbana y mitigaciones viales
(La Tercera, 15/10/2008)
Se ha informado que la Seremi de Transportes de Santiago ha efectuado múltiples objeciones a la propuesta de mitigación vial presentado por el proyecto Costanera Center, en lo referido tanto al diseño como al alcance de las obras planteadas.
En el último tiempo se han suscitado ya varias discusiones en torno a este proyecto y a otros que se están desarrollando en la zona circundante, respecto al impacto que significarán para la infraestructura vial con que cuenta actualmente esa parte de Santiago y los graves problemas de congestión y contaminación que se pueden producir de no efectuarse las obras requeridas.
Lo que resulta sorprendente para la opinión pública es el hecho que las obras de estos proyectos se encuentran ya en plena ejecución y, algunas de ellas, próximas a ser inauguradas. Es decir, los permisos que debían ser otorgados por cada una de las entidades públicas relacionadas con el tema -municipalidades, autoridades de transporte y medioambientales- previos a la construcción, parecen haber omitido la definición específica de este aspecto esencial para el buen funcionamiento de la ciudad. Ello demuestra una insuficiente coordinación entre esas autoridades y una institucionalidad inapropiada para enfrentar cambios de esta magnitud al entorno urbano.
En la zona cercana a la Costanera Andrés Bello se desarrollan más de 68 proyectos inmobiliarios que involucran la llegada de decenas de miles de personas al sector, lo que amerita un cambio en la infraestructura de transporte de la zona. Se requerirán más estacionamientos para satisfacer las necesidades de quienes vivirán, trabajarán o simplemente visitarán los locales comerciales u oficinas del sector. Pero también deberá ampliarse la infraestructura vial existente, para soportar todo el tráfico vehicular adicional.
La improvisación con que ha sido manejado este tema queda de manifiesto al apreciar la gran cantidad de vías de alto tránsito vehicular que ya confluyen en el sector y la pésima solución en sus accesos y salidas. Por ejemplo, el tramo de la Costanera Norte existente en el sector debió servir como ayuda a la descongestión, pero el mal diseño de sus accesos causa el efecto contrario.
Otro ejemplo paradigmático de la descoordinación en el mismo lugar es lo ocurrido con el túnel bajo el cerro San Cristóbal, el cual, a pesar de estar terminado no tuvo sus ingresos disponibles a la fecha de apertura.
Llama la atención que no exista una coordinación eficaz entre todas las reparticiones públicas que han participado en estos proyectos.
Junto al diseño de las obras requeridas, se ha discutido también a quién corresponde su financiamiento. En este ámbito cabe distinguir entre aquellas obras cuya necesidad surge exclusivamente de las decisiones adoptadas por los desarrolladores inmobiliarios, donde debería ser de su cargo el financiamiento requerido. Distinto es el caso de los requerimientos de infraestructura pública que son propios del crecimiento de la ciudad y su infraestructura, de las cuales se beneficiarán no sólo quienes las utilicen, sino todos los habitantes. En ese caso, cabe imputar a los recursos públicos su financiamiento, por el hecho de ser obras de uso general, considerando también que las nueve urbanizaciones benefician al erario por la vía de permisos, contribuciones, patentes e impuestos que deben pagar los nuevos ocupantes.
Ha trascendido el propósito del Ministerio de Vivienda de diseñar un proyecto de ley que resuelva orgánicamente los problemas asociados tanto a al definición de las soluciones de mitigación vial, como al financiamiento de las mismas. Ese proyecto deberá contener las normas de coordinación institucional requeridas, con responsabilidades claramente asignadas a cada repartición pública con facultades en la materia. Asimismo, es indispensable que se recojan las herramientas de regulación que se han probado con éxito en otros países – como derechos transables y compensaciones urbanas – para definir la forma de financiamiento más adecuada.
