Editorial – Conama e HidroAysén
(El Mercurio, 16/10/2008)
El proyecto Complejo Hidroeléctrico Aysén (CHA) está compuesto por cinco centrales para generar hidroelectricidad en la XI Región, ubicadas en los ríos Baker y Pascua, aprovechando parte de su potencial energético. Una vez operativo, el CHA contaría con una potencia instalada de dos mil 750 MW y generaría una energía media anual de 18 mil 430 GWh, que se incorporaría al Sistema Interconectado Central, que abastece al 93 por ciento de la población. Como parte de la regulación a que está sometido un proyecto de esta naturaleza -involucra una inversión estimada en tres mil 200 millones de dólares para construir los embalses y las centrales generadoras-, presentó su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) a Conama el 12 de agosto.
La ministra de Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte, informó recientemente que dicho EIA “no está a la altura” de la envergadura de tales obras. Esta afirmación, de inusitada dureza, se funda en el informe de 36 servicios públicos distintos que examinaron el proyecto. De ellos, 32 indicaron su “no conformidad”, entre los cuales 11 consideraron que no acompañaba la información relevante y esencial para efectuar la calificación ambiental, lo que sería una “infracción manifiesta a la normativa ambiental vigente”. Por eso, el director regional de Conama indicó que con esos informes se elaborará un “informe consolidado”, que determinará si corresponde solicitar a la empresa la información considerada faltante, o si se rechaza el informe y, en consecuencia, el proyecto. En el primer caso, la información solicitada a la empresa permite continuar con la evaluación del EIA. En el segundo, la empresa puede preparar un nuevo estudio e ingresarlo otra vez al sistema.
Esta situación deja en delicada posición al proyecto energético más importante en estudio para los próximos años, y en el cual se basa la normalización de la generación energética y de precios que el país espera tener desde 2012. En todo caso, la empresa anunció que revisará cuidadosamente los informes de los servicios, para responder detalladamente a ellos. Su gerente técnico sostuvo ayer -como se da cuenta en esta misma edición- que los servicios públicos referidos cometieron “graves errores” en sus observaciones. Así, por ejemplo, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Aisén informó que la ” inundación es mayor en 90 por ciento a lo declarado por Hidroaysén”. Según el ejecutivo, esa afirmación es “completamente falsa”, pues el SAG se basó en un modelo de cálculo o cartografías inadecuados, y esto hizo caer en error a otros servicios. Aseguró que la superficie a inundar, cinco mil 910 hectáreas, está correctamente calculada, sobre la base de datos oficiales del Instituto Geográfico Militar. Igualmente, refutó los informes de la Conaf y de la Dirección General de Aguas, y concluyó que los juicios emitidos por la ministra “probablemente fueron inducidos por la mala información que le entregaron los servicios públicos”.
La resolución de la autoridad ambiental tiene un carácter inevitablemente político, pues la suficiencia o insuficiencia de las medidas que la empresa proponga para mitigar el impacto ambiental de un proyecto como éste depende de valoraciones de funcionarios, que nunca son por completo objetivas, pues los cálculos acerca de lo que ocurra en el futuro son necesariamente estimaciones imperfectas. Tanto es así, que los juicios al respecto de diversos personeros de Gobierno no son concordantes, salvo en que “deberá cumplirse la normativa ambiental vigente”. Eso es, precisamente, lo que deja un espacio de maniobra político y transforma este proyecto en emblemático, tanto para quienes se oponen a él -incluido un poderoso lobby externo- como para quienes lo apoyan.
Está en juego, suponiendo mitigaciones adecuadas, la valoración que la población, representada por el Gobierno, le da a mantener virgen el territorio de Aisén, versus la alternativa de escasez o mayor precio de la energía, posiblemente generada -paradójicamente, sin oposición de ambientalistas- con combustibles fósiles que contribuyen al efecto invernadero.
En esta coyuntura, lo sensato es que este proyecto sea finalmente aprobado, con medidas de mitigación reales.
