SE BUSCA: Malabaristas, Payasos y Mendigos
Una nueva medida fue adoptada para controlar la identidad de malabaristas, payasos y mendigos de ciertas esquinas conflictivas donde ya son recurrentes los asaltos con piedrazos a vehículos en las comunas de Vitacura y Las Condes. La polémica implementación por parte de la Fiscalía Metropolitana de Oriente, busca frenar los robos a través de la elaboración de una lista con los primeros sospechosos, medida cuestionada como inconstitucional e inadecuada.
Tras una sumatoria de más de 140 casos de asaltos -que suelen afectar a mujeres solas en sus vehículos-, los Fiscales junto con Investigaciones y Carabineros empadronarán a malabaristas, limpiadores de vidrios y mendigos que frecuentan esquinas sensibles como Los Militares con Presidente Riesco, Vespucio con Kennedy y Tobalaba con Bilbao. El padrón incluye su identidad, antecedentes penales, características físicas, residencia y ocupación.
Si el registro de los trabajadores callejeros tiene como fin tener un control respecto de las personas que habitualmente realizan actividades lucrativas, así como el Servicio de Impuestos Internos tiene un registro de quiénes son los contribuyentes del impuesto a la renta, la medida no presentaría mayor polémica.
Sin embargo, expertos ya afirman que la medida se realiza mediante la estigmatización a ciertas personas, haciendo una especie de listado de presuntos sospechosos de los delitos que puedan configurarse en la vía pública, incurriendo en una grave arbitrariedad de parte de los organismos públicos hacia los trabajadores callejeros. Dado que lo que se busca con el empadronamiento es, entre otros datos, compendiar las características físicas y antecedentes penales de éstas personas, se entiende claramente que el fin no es tener un simple registro de quienes ejercen actividades de giro comercial en la vía pública. Lo que se estaría logrando sería facilitar la tarea de Carabineros y el Ministerio Público en la búsqueda de los delincuentes en las comunas de Vitacura y Las Condes, basándose en presunciones arbitrarias.
El abogado del estudio jurídico de la Universidad Diego Portales, Francisco Cox, manifestó su desacuerdo al calificar la iniciativa como inconstitucional: “porque no hay causa legal para hacer un control de identidad. Tienen que haber sospechas si esas personas participaron o no en algún delito“.
Por otra parte, el fiscal de Las Condes, Rodrigo Varela defendió la iniciativa, “Esto es solo una fiscalización, porque esas son las esquinas donde se han registrado el mayor número de delitos. Algunas características físicas también podrían coincidir. Es un empadronamiento, no los estamos deteniendo“.
Desde el punto de vista lógico de la investigación y en relación a dichas esquinas críticas, sería contraproducente por parte del trabajador callejero cometer un delito en su propio lugar de trabajo: es riesgoso y le podría significar sacrificar su “foco estratégico” habitual.
La problemática no radica en el intento de mantener un control en la vía pública, así como no se invalida el registro del trabajador en su espacio laboral. El conflicto se despliega en la metodología del empadronamiento. Las fiscalizaciones deben realizarse bajo ciertos parámetros de respeto a los derechos constitucionales. Entre estos, no deberían existir diferencias arbitrarias, por lo que todas las comunas deberían realizar el mismo registro a quienes realicen labores en las calles y sus características no deben invadir la privacidad de las personas ni ser presunción de sospecha sobre los delitos que ocurren en el recinto.
