Editorial – ¿Sirven los cierres de calles y pasajes?
(El Mercurio, 23/11/2008)
Cada cierto tiempo un grupo de vecinos solicita al municipio el cierre de su calle o pasaje, como medida contra la delincuencia. Algunos alcaldes lo rechazan de plano, estimando que eso vulnera principios constitucionales de libre acceso a los espacios públicos; otros lo autorizan bajo ciertas condiciones, como la voluntad de determinado porcentaje de vecinos. En varias ocasiones, la Contraloría ha facultado a los alcaldes para autorizar la intervención de vías interiores por motivos de seguridad en ciertas circunstancias, pero las diferencias de interpretación persisten.
En abril de 2005, dos diputados presentaron una moción para legislar al respecto, pero ella no había tenido mayor tramitación hasta esta semana. Estudia este tema la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas de la Cámara, a la que fue invitada hace poco la ministra de Vivienda para dar a conocer la opinión del Ejecutivo. El proyecto no tiene urgencia y los parlamentarios no han comprometido fechas de avance.
¿Sirven los cierres de calles y pasajes para combatir la delincuencia? Se argumenta que al bloquear o controlar el acceso a un conjunto residencial es posible prevenir la ocurrencia de delitos, porque se evita que los malhechores merodeen en busca de oportunidades, se dificulta que los sospechosos se escondan entre los transeúntes y se bloquean las vías de escape. La investigación confirma que las áreas de fácil acceso exhiben mayores tasas delictivas que las de diseño más restrictivo, y los países anglosajones han aplicado el cierre de calles para combatir el delito por más de cuatro décadas. Sólo una pequeña parte de esas iniciativas ha sido evaluada y no siempre con suficiente rigor, pero, en conjunto, las mediciones sugieren que tal medida puede ser eficaz, en especial si se acompaña de otras acciones de prevención y control, aunque en cierto modo refleja el fracaso del Estado en su función primaria de mantener la seguridad pública.
Pero para juzgar la bondad de una medida deben considerarse también sus costos privados y sociales, que en este caso no son menores: se impide la libre circulación, especialmente cuando se cierran calles de dos salidas, lo que conlleva molestas repercusiones prácticas, como, por ejemplo, tener que caminar más cuadras (y quizá entrar en zonas peligrosas) para tomar la locomoción. Las rejas y barreras también entorpecen el tránsito de bomberos, ambulancias y policías, con riesgos para la población dentro y fuera de las zonas cercadas. También deben ponderarse la merma en conectividad, la interrupción de la trama urbana, y lo que eso significa en cuanto a desarrollo y convivencia social. Los costos crecen exponencialmente a medida que aumenta el porcentaje de calles bloqueadas en una zona, y claramente son superiores cuando involucran calles de dos salidas que cuando se cierran pasajes.
Así, si bien la medida cuenta con algunas evaluaciones favorables en la experiencia extranjera, no es una panacea y tiene costos privados (para los vecinos, poner la reja y mantener el espacio interior) y sociales, como los mencionados. La valoración ha de hacerse caso a caso, idealmente en el contexto de un plan integral de seguridad pública para la comuna.
