2008: ciudadanos sin respuesta
(La Nación, 29/12/2008)
Urge que desde el Estado se incorpore de manera real y efectiva a la ciudadanía en la toma de decisiones relevantes, mediante canales de comunicación abiertos y permanentes. Por Favia Liberona, directora ejecutiva Fundación Terram.
En el ámbito medioambiental, 2008 ha estado marcado por una serie de avances institucionales. Entre los hitos más relevantes se pueden mencionar el envío al Congreso del proyecto de reforma institucional que crea el Ministerio de Medio Ambiente, que ya comenzó a ser discutido; la promulgación de dos decretos y una ley destinados a proteger a las ballenas en el territorio nacional; la promulgación de la Ley sobre Energías Renovables No Convencionales; la promulgación de la Ley de Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal; el lanzamiento del Plan de Acción contra el Cambio Climático 2008-2010; la designación de fiscales ambientales en la Fiscalía Nacional y la promulgación de la Ley sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública. Sin duda, todas estas iniciativas impulsadas desde el Estado -algunas de ellas surgidas desde la ciudadanía- representan una mejoría que deberá dar sus frutos en el corto y mediano plazo.
Sin embargo, estos avances en política pública si bien son relevantes, implican una contradicción, porque recogen algunos grandes temas propuestos por organizaciones ciudadanas, pero cuyos planteamientos no son tomados en cuenta por el Gobierno a la hora de la toma de decisiones. Por esto encuentran su talón de Aquiles en la ausencia de la ciudadanía; en efecto, el proceso de decisiones, en todos los ámbitos, ha dejado de lado de modo sistemático la participación ciudadana, entendida ésta como una forma de trabajo desde el Estado que recoge y discute posiciones, y que vincula y articula las diferentes visiones con la toma de decisiones.
Tal vez el ejemplo más relevante del fracaso de la participación ciudadana, que ha pasado a ser un mero trámite, ha sido del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que luego de casi 15 años de aplicación ha dejado más que claro que necesita una urgente reforma, porque ha sido incapaz de implementar un sistema que recoja o siquiera escuche la opinión de la ciudadanía frente a proyectos de inversión que afectan la vida de las personas en temas clave, como el cambio climático o el empleo de los recursos hídricos. Esto genera un contrasentido y algo que puede representar un avance corre el riesgo de ser una política de papel.
Esto, pese a que precisamente durante el año que termina la ciudadanía ha marcado una presencia activa en un sinnúmero de conflictos surgidos por la presencia de proyectos -muchos de ellos energéticos- que afectan el medio ambiente en diversos rincones del país. Las comunidades han mejorado sus niveles de organización y han salido fortalecidas al comprender que la participación en el ámbito local es la mejor alternativa para hacer oír sus demandas, conseguir transformaciones y, eventualmente, retrasar o impedir proyectos nocivos. Un ejemplo claro de ello ha sido la masiva movilización en oposición a las mega-represas en Aysén, que en términos formales significó la presentación de más de 11 mil reparos al proyecto en el marco del SEIA. Otro caso destacable es el de los vecinos del Maule, que se oponen a la construcción de la termoeléctrica Los Robles, y que construyeron un ataúd gigante para llamar la atención de la opinión pública nacional. También se organizaron los vecinos para oponerse al proyecto Alto Maipo de AES Gener, y la comunidad de La Higuera, en la que existen tres proyectos para construir centrales termoeléctricas: Farellones, de Codelco; Barrancones, de Energy, y Cruz Grande, de la Compañía Minera del Pacífico.
Urge que desde el Estado se incorpore de manera real y efectiva a la ciudadanía en la toma de decisiones relevantes, mediante canales de comunicación abiertos y permanentes, como única manera en que los logros en materia ambiental sean efectivos y duraderos.
