Un nuevo trato para las concesiones
(El Mercurio, 07/02/2009)
Por Gastón Escala, Primer Vicepresidente de la Cámara Chilena de la Construcción
El 2008 se adjudicaron cuatro proyectos de concesiones, por un total de US$ 685 millones. Esta cifra supera con creces los US$ 29 millones adjudicados el 2007 -correspondientes a dos relicitaciones aeroportuarias-, pero todavía está muy por debajo de los US$ 1.652 millones registrados en 1998, cuando se alcanzó el máximo de inversiones en esta industria, la misma que le ha permitido a Chile contar con una infraestructura de nivel mundial.
Es destacable el esfuerzo de las actuales autoridades del MOP por reimpulsar el desarrollo de las concesiones. Pero también resulta evidente que el país sigue pagando los costos del frenazo que esta actividad experimentó en los años anteriores. En ese entonces se impulsó un cambio legal que, si bien aún no se aprueba, se planteó como requisito previo para la adjudicación de nuevas concesiones, todo lo cual fue acompañado de una campaña de desprestigio contra esta actividad que, a la luz de sus resultados, ha sido particularmente “exitosa”.
Lo trágico es que así se afectó un mecanismo que le permitiría al país suplir su déficit en infraestructura que, según calculamos, ascenderá al año 2012 a más de US$ 22 mil millones, incluyendo los requerimientos de inversión para el Metro. Y no hacer las obras o que todas ellas sean financiadas por el Estado es igualmente perjudicial. Primero, porque la falta de una adecuada infraestructura pública impide a la población mejorar su calidad de vida y les resta eficiencia a los sectores productivos, limitándose el crecimiento potencial del PIB. Y, en segundo lugar, porque cada peso que el fisco destina a financiar obras que pudieran ser concesionadas es un peso menos para ejecutar programas con mayor rentabilidad social.
Así las cosas, es urgente que se establezca un nuevo trato hacia la industria de las concesiones, de modo que siga siendo un aporte clave para el progreso de todos.
El primer paso debiera ser que, en la actual coyuntura económica, se postergue la discusión del proyecto de ley que se tramita en el Congreso. Creemos que de aprobarse el cambio legal, sería necesario implementar adecuaciones al reglamento de la ley, así como a las bases de licitaciones, lo que implicaría modificar la actual operatoria del sistema de concesiones y los contratos vigentes. Más allá de la incertidumbre que esto generará entre los actores de la industria, resulta obvio que el MOP se centrará en resolver estos aspectos, y no en concretar la cartera de proyectos que ha anunciado para este año y cuyo foco es la generación de empleo.
El análisis de la iniciativa legal, que en su estado actual de tramitación es mejor que el proyecto original, podría retomarse una vez pasada la crisis, oportunidad en la cual podría ser mejorada si, por ejemplo, al Consejo de Concesiones se incorporaran representantes del sector financiero y asegurador; si los hechos sobrevinientes -que gatillan las modificaciones de contrato- no quedaran limitados a los actos de la autoridad, sino a cualquier causal que afecte el equilibrio económico de los contratos, y si los fallos del Tribunal Arbitral no pudieran ser objeto de ningún recurso, eliminando el riesgo de judicialización de estos contratos.
Además, si el argumento para modificar el actual sistema de concesiones es que se han producido demasiadas renegociaciones de contratos, lo lógico sería que, en paralelo, se mejoraran las capacidades del MOP para gestionar y administrar los proyectos, dado que casi la totalidad de las obras adicionales han sido solicitadas por esa cartera y no por el concesionario. Potenciar el área de concesiones dentro del Ministerio de Obras Públicas es un requisito ineludible, lo que, en todo caso, no se consigue con la creación de una Superintendencia de Obras Públicas.
En el intertanto, proponemos que se suscriban los convenios complementarios que permitirían acelerar la ejecución de obras de mejoramiento de las actuales concesiones, en un marco de cabal cumplimiento de la ley y plena transparencia de los actos públicos y privados. De hecho, en las últimas semanas presentamos un listado de iniciativas cuya construcción podría comenzar este mismo 2009, ya que cuentan con su ingeniería de detalle y/o el anteproyecto respectivo. De lo que se trata es que las autoridades ministeriales continúen con su política de licitar concesiones con la actual normativa y no condicionar el proceso a la modificación de la ley. En caso contrario, se perderá la posibilidad, indispensable hoy, de contar con la inyección de recursos y los puestos de trabajo que eventualmente generarían y cuya necesidad es evidente.
