Providencia y Las Condes con más edificios con sello rojo
Las dos comunas suman más de 500 edificios que no cumplen con las exigencias de manutención de las instalaciones de electricidad y gas, según el último informe de la SEC. Les siguen Nuñoa, Santiago, Recoleta y Estación Central. Por Felipe León
Un total de 541 edificios de Providencia y Las Condes han sido calificados con sello rojo, cifra que representa el 37,5% del total de inmuebles – 1.441-que han sido reprobados por los organismos de certificación en la Región Metropolitana.
Así lo indica el último informe del sistema de sellos por comuna realizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) en febrero de este año.
El documento indica que estas dos comunas suman 541 edificaciones reprobadas por los organismos de certificación, que clasifican con una etiqueta de color rojo a aquellas construcciones donde sus instalaciones eléctricas y de gas se encuentran en estado crítico, con acumulación de dióxido de carbono y falencias de las conexiones internas como externas. Es decir, pueden sufrir accidentes por fugas de gas.
En el caso de fallas menores, la fiscalización se evalúa con un sello amarillo y, si no existe ningún problema, con uno verde.
El mismo estudio detalla que Ñuñoa y Santiago también lideran esta lista con 178 y 148 edificios con instalaciones reprobadas respectivamente.
A la vez, Recoleta y Estación Central suman 141 inmuebles con sello rojo de 206 evaluados, es decir, el 68,2% del total de residencias reprobadas en la capital.
MÁS SELLOS VERDES
Aunque la cantidad de sellos rojos sigue siendo alta, el número de edificios reprobados desde la puesta en marcha del programa de certificación ha bajado y los aprobados han presentando un gran alza.
En mayo del 2001, el primer informe de la SEC señaló que el 24,8 % de los edificios capitalinos fueron evaluados con sello verde, el 24,2 con amarillo y el 50,9% con el color rojo.
Asimismo, según el último estudio realizado por el organismo estatal en febrero de este año, las cifras de aprobación aumentaron a casi el triple y hoy en día el 64% de las edificaciones del Gran Santiago cumplen con el sello verde, el 11 con el sello amarillo y un 26% con la calificación roja.
Esto significa que la cantidad de edificios aprobados por las empresas fiscalizadoras llegan a los 3.561 construcciones de las 5.593 existentes en toda la Región Metropolitana.
VIGILAR Y REVISAR
El Superintendente (S) de Electricidad y Combustibles, Jack Nahmíais, sostuvo que la SEC no es la entidad encargada de reparar las instalaciones, sino que las empresas privadas aprobadas por el organismo tienen la responsabilidad de llevar a cabo un diagnóstico de éstas y arreglar si hay conexiones en mal estado.
Además, la autoridad enfatizó que “la ciudadanía son los primeros fiscalizadores, ellos tienen la obligación de vigilar y revisar de manera permanente el sistema de eléctrico y las cañerías de gas y también ventilar los espacios cerrados”.
Nahmíais explicó que cada administrador tiene plazos para informar sobre las reparaciones de cada instalación y para contratar a las empresas encargadas. A
hora, si éste no cumple con las exigencias de la Superintendencia, “nosotros nos contactamos con él, que es el interlocutor entre la SEC y los usuarios, y le comunicamos que si las acciones no se realizan, la superintendencia aplica sanciones monetarias que varían entre cinco a diez UTA, lo que no significa que en algunos casos éstas sean mayores, llegando hasta las 400 UTM”.
Responsables de certificación
Los organismos encargados de la certificación de los edificios son:
Las empresas privadas encargadas de mantener y revisar las instalaciones eléctricas y de gas. Estas deben ser contratadas por los administradores de los edificios.
Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC): entidad del Estado que debe fiscalizar la tarea de los organismos privados, aprobar su calidad y sancionarlos si no realizan su trabajo correctamente,
Administradores de Edificios: Son los responsables junto a la comunidad residente en los inmuebles de contratar obligatoriamente cada dos años a los organismos de certificación para revisar el estado de las conexiones en los departamentos y exteriores.