Por el libre acceso a las playas, 2009

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En los privilegiados 4.300 kilómetros de costa chilena, se entiende por playa de mar la extensión de tierra que las olas bañan y desocupan hasta las mareas altas. Las playas, así como el mar adyacente, son bienes nacionales de uso público, perteneciente a todos los habitantes de la nación. El problema de que algunos particulares comercializan, prohíban o cobren una tarifa para ingresar, ha provocado una serie de reacciones, desde multas hasta campañas informativas que apelan a la participación ciudadana, como la recientemente lanzada “Por el libre acceso a las playas 2009”.
Algunas aclaraciones sobre estos bienes y las respuestas de los ciudadanos frente al conflicto, a continuación.
Marco Legal

El artículo 13 del Decreto Ley N° 1939, de 1997 establece que si quieres ingresar con fines turísticos o de pesca a una playa que carece de acceso público, los propietarios de los terrenos adyacentes deben abrir un acceso gratuito:
” Los propietarios de terrenos colindantes con playas de mar, ríos o lagos, deberán facilitar gratuitamente el acceso a éstos, para fines turísticos y de pesca, cuando no existan otras vías o caminos públicos al efecto.”

En el caso de que esta vía no logre ser definida en una audiencia con los propietarios de los terrenos, es el Intendente Regional quien la determina.

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  • Denuncias

    Hasta el momento existen 53 denuncias en Bienes Nacionales, como en la playa La Virgen, donde acusan el cobro de una tarifa de $6.000 tanto por el ingreso vehicular como peatonal. A este caso se han sumado el sector de Mirasol en Algarrobo, Luna y Cau Cau, entre otros.
    Es un hecho que esta realidad ha sido ignorada por muchos: empresas de giro turístico como hoteles o campings, que se han anexado extensos terrenos de playa o bien propietarios de inmuebles junto al mar, que restringen el acceso de terceros a la playa que rodea su propiedad, adueñándose ilícitamente de éstas. Muchas veces estas intenciones se materializan en cercas y púas que se alzan con evidente autoridad sobre los desinformados, privados de ejercer sus derechos.Multas

    Desde las políticas públicas y con el fin de hacer efectiva el derecho constitucionalmente consagrado, surge la iniciativa por parte de un grupo de senadores para multar entre 1 y 1.000 UTM el cierre de acceso a playas y riberas.

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    Campañas

    Por otro lado, campañas como “Por el libre acceso a las playas 2009”, busca mantener a los ciudadanos informados para que estos puedan participar y colaborar en el proceso de fiscalización, considerando la dificultad de mantener un control de la costa en su totalidad.
    La campaña surge en la Región de los Ríos, promovida por el Ministerio de Bienes Nacionales, para abrir un espacio de opinión pública respecto a los derechos de millones de chilenos que se desplazan actualmente por el extenso litoral costero. Su sitio web funciona como plataforma informativa donde incluso puedes descargar formularios de denuncia en caso de percibir irregularidades en la materia. De este modo, el ciudadano tiene la oportunidad de garantizar el ejercicio de sus derechos.

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