Editorial – Intensificación de obras públicas
(El Mercurio, 01/03/2009)
El Ministerio de Obras Públicas (MOP) licitará durante el primer trimestre de este año casi 200 mil millones de pesos en nuevas obras, estudios y asesorías. Además, a partir de abril se iniciará la licitación de proyectos que se financiarán con el fondo de infraestructura para enfrentar la crisis económica, que asciende a 140 mil millones de pesos.
La eficacia del incremento del gasto público como medida contracíclica es muy discutida, sobre todo cuando se financia con mayor deuda pública. En el caso chileno, sin embargo, la disciplina fiscal mantenida por el Ministerio de Hacienda, en un contexto de precio del cobre históricamente alto, acumuló ahorros cuyo mejor uso se debate. Parece, pues, razonable que en un año de desaceleración económica y cesantía en aumento se invierta en infraestructura, ya que, por su efecto en los costos de producción y distribución de bienes y servicios, la extensión y la calidad de la infraestructura de un país son determinantes para su nivel de productividad y, por ende, de competitividad. Y es positivo que dicho gasto se realice mediante licitaciones, ya que la competencia entre empresas es mucho más beneficiosa que la provisión monopólica de estos bienes.
Sin embargo, podría reducir el beneficio social de tales obras el que este año de recesión coincida con uno de elección presidencial, con lo cual las consideraciones políticas tienen un peso mayor. Para contrapesar lo anterior, Chile cuenta con un sistema de evaluación social de proyectos a cargo del Ministerio de Planificación. El MOP ha anunciado que los proyectos a licitar han estado sujetos a ella, pero hay cuestionamientos respecto de que no habría sido realizada en algunos casos. La publicidad de las evaluaciones permitiría despejar dudas al respecto.
Tampoco las licitaciones a privados han estado libres de problemas. Un estudio de Engel, Fischer y Galetovic sobre las concesiones entre 1993 y 2005 estableció que el gasto adicional al originalmente contemplado en las licitaciones ascendió a nada menos que un tercio de éste, y gran parte de él mediante negociaciones privadas entre el MOP y la empresa.
Así, los potenciales beneficios de eficiencia y mayor rentabilidad social de las licitaciones no necesariamente se estarían dando. El diseño organizacional del siste-ma de licitaciones chileno es muy inadecuado, pues la misma institución diseña, implementa y supervisa los contratos. Dado el momento político, incrementar los niveles de publicidad y transparencia en el desarrollo de los proyectos permitiría que el cabal cumplimiento contractual tenga el peso necesario, y prevendría pérdidas en eficiencia y malgasto de recursos.
