Un tema pendiente de las autopistas
(La Nación, 04/03/2009)
El MOP adelantó, provisoriamente, el dinero para los cambios a las empresas de servicios básicos y ahora busca recuperarlo sin obtener respuesta de ellas.
Por Patricio Herman, Fundación Defendamos la Ciudad.
Como consecuencia de la ejecución de las distintas autopistas concesionadas a partir de 1996 en la Región Metropolitana fue necesario trasladar una serie de cables, ductos y redes de distribución de las empresas de telecomunicaciones, de electricidad y de gas instalados en los lugares donde se emplazan esas nuevas vías de alta velocidad, que facilitan y hacen más rápido los desplazamientos vehiculares. Por tal razón, sus usuarios pagan peajes por distintos montos, de acuerdo con el horario de ingreso a esas modernas rutas.
Estas obras se rigen por el decreto supremo 900 del MOP, publicado el 28 de diciembre de 1996 en el Diario Oficial, cuyo artículo primero (Disposiciones Generales) establece las reglas para estas concesionarias que utilizan en su beneficio los bienes nacionales de uso público y fiscales. Para tal fin existe un reglamento y los derechos y obligaciones de esas empresas quedan expresados en las bases de cada licitación y, naturalmente, en los contratos de concesión suscritos por cada particular con el MOP.
Pero el Estado chileno fue bastante dadivoso con el monopolio de las concesionarias de autopistas, porque ellas no sólo explotan el negocio de la creciente circulación vehicular, sino que tienen otros beneficios, tales como, a modo de ejemplo, los servicios turísticos, autoservicios de comidas y hasta pueden cobrar por las paletas publicitarias instaladas en sus recorridos. El plazo de las concesiones es de 30 años. Se contemplan algunos subsidios del Estado; a las concesionarias también se les garantizan ciertos ingresos mínimos y cuando el Estado entrega a ellas bienes o derechos para ser usados en la concesión se les exigen unos pagos.
Las tarifas de los peajes en las autopistas urbanas se determinan de acuerdo con los flujos y, al igual que el Metro, existen ciertos precios para el horario valle y otros más onerosos en el horario alto. Pero, insólitamente, cuando se produce una saturación de vehículos en las vías cada concesionaria cobra una tarifa sustantivamente superior, con lo cual se produce la paradoja de que, por circular a una velocidad menor, el usuario tiene que pagar una tarifa mayor (sic). Esta curiosa situación es inexplicable pero allí está respaldada por un leonino contrato.
Ahora bien, la ley que comentamos señala que los concesionarios de las obras viales son los que asumen los traslados de cables, ductos y similares, necesarios para la ejecución de las autopistas, pero para hacer más fácil y expedito el trámite el Ministerio de Obras Públicas pidió a los privados que hicieran el traslado de los cables o redes de distribución, en el marco de la construcción de las citadas obras viales, porque esas firmas estaban mejor preparadas. El problema se presenta porque el ministerio les adelantó, provisoriamente, el dinero para los cambios a las empresas de servicios básicos y ahora busca recuperarlo sin obtener respuesta por parte de ellas.
El MOP no se relacionó de manera oportuna con las empresas de servicios básicos, sino que lo hizo mediante las distintas concesionarias, las que ordenaron los trabajos a aquellas y el ministerio, con posterioridad, firmó convenios con las ejecutoras de las obras, a quienes entregó como adelanto recursos adicionales, los que hasta hoy no se devuelven. Por ello, está cobrando estas platas mediante acciones judiciales en contra de Entel, Metrogas, Compañía de Teléfonos y Chilectra. El Consejo de Defensa del Estado (CDE) asumió su rol en los tribunales para que el MOP pueda recuperar unos cuantos millones de dólares entregado a esas empresas.
Las empresas deudoras argumentan, con relativa razón, que el polémico costo de las obras del traslado no les corresponde, porque éste se ejecutó para hacer posible la concreción de las autopistas, cuyos titulares no se dan por aludidas. Otros más audaces dicen que, por la imprevisión del MOP, es el fisco el que debe pagar, lo que ya no es novedad en Chile. En todo caso, serán los tribunales de justicia los que tendrán que dilucidar el entuerto y, en tal sentido, esperamos que los abogados del CDE estén lo suficientemente iluminados para evitar una nueva sangría del erario público.
