Editorial – Más allá del plebiscito en Vitacura
(El Mercurio, 17/03/2009)
En una convocatoria inédita en la historia comunal chilena, el municipio de Vitacura llamó a los vecinos a un plebiscito para aprobar o rechazar tres modificaciones al plano regulador en sectores específicos. Participó más del 50 por ciento de los ciudadanos inscritos en la comuna -lo que hace vinculantes sus resultados, conforme a la ley-, y, en promedio, tres de cada cuatro votantes se pronunciaron contra dichas modificaciones. Éstas planteaban aumentar la altura de construcción en las calles Escrivá de Balaguer y Kennedy Oriente, e incluían una opción mixta de aumento y disminución de la misma en la zona de Alonso de Córdova y Nueva Costanera. Sin duda, un ejercicio democrático de esta naturaleza debe ser aplaudido, pues hace posible la participación de los vecinos en materias que los afectan de manera directa.
Sin embargo, cabe también observar algunos elementos que rodearon este primer plebiscito, para sacar lecciones que vayan mejorando las opciones futuras. En primer lugar, no es evidente que utilizar el aparataje público propio de las elecciones nacionales sea el más adecuado para plebiscitos comunales, por el mayor costo que significan las formalidades que dichos eventos conllevan y por el hecho de que los inscritos en la comuna no necesariamente coinciden con quienes la habitan.
Por otra parte, la forma en que se gestó este acto -un movimiento popular vecinal debió forzar su realización, requiriendo a la Contraloría para ello, dada la resistencia original del alcalde y su equipo- distorsionó su contenido: en vez de manifestarse por las propuestas específicas que el municipio propuso para el tres por ciento de su superficie, las posturas se caricaturizaron entre “salvar a Vitacura” o “dejarla en manos de las inmobiliarias”, lo que posiblemente influyó en lo abultado del resultado.
Quizás el alcalde Torrealba equivocó el camino original y permitió que el escenario se polarizara. Eso facilitó el rechazo masivo a las modificaciones, lo que no necesariamente conduce a buenos resultados, pues una comuna congelada en su capacidad de innovación constructiva tampoco tiene buenas perspectivas en el mediano plazo. En todo caso, eso es algo que los vecinos tendrán que investigar.
Afortunadamente, ya se escuchan voces prudentes, incluso de opositores al alcalde, que llaman a consensuar posiciones y permitir que la comuna viva con menos tensiones y con un plano regulador que satisfaga mejor los intereses involucrados.
Aun así, queda la duda de si ésta es la mejor forma de resolver esta clase de conflictos de interés. Resultaría mejor otorgar derechos de propiedad a los conos de luz y de vista, por ejemplo, de modo que quienes deseen adquirir predios para construir en altura deban, además de comprar los terrenos, pagar por esos derechos que los vecinos pierden. Así, lo que finalmente decida el futuro de un barrio sería el resultado de transacciones privadas, a precios convenidos libremente, sin discrecionalidad de la autoridad ni votaciones de personas que no habitan un grupo determinado de manzanas.
Tampoco eso resolvería todos los problemas, pues la interconexión de la ciudad hace que ciertas vías de una comuna se transformen en pasaje de tránsito entre otras -caso de Escrivá de Balaguer-, por lo que los intereses de los vecinos de un barrio no necesariamente representan los de la ciudad como un todo.
En todo caso, cabe aquí aprovechar la faceta positiva que tiene el que las decisiones de una ciudad como Santiago estén diluidas a nivel comunal y no centralizadas, por lo que estas fricciones y problemas no alcanzan a escalar a niveles potencialmente bastante mayores.
