Columna – Lecciones de un plebiscito
(El Mercurio, 18/03/2009)
Bettina Horst
Investigadora Libertad y Desarrollo
Lo único cierto del plebiscito de Vitacura es que ganó el “no”. Si esta opción urbana es la más valorada por la comunidad no se sabe. ¿Por qué? Muy simple, las alternativas eran “sí” o “no”. Dados los resultados del plebiscito, la opción del “no” era más valorada que la del “sí”; pero ¿qué pasa con el amplio abanico de posibilidades entre ambas alternativas? Nuestra regulación urbana no permite espacios para negociar un proyecto intermedio, no admite un esquema de compensaciones entre los beneficiados y perjudicados a partir de modificaciones de un plan regulador. Ello en definitiva lleva a que la comunidad deba optar por una de las dos soluciones extremas, “sí” o “no”, y no por una tercera, intermedia, que eventualmente pudiera ser más beneficiosa para todos los actores en su conjunto.
Es sabido que modificaciones a los planes reguladores generan importantes cambios al entorno en que están insertas las propiedades, y muchas veces ellos van de la mano de significativos efectos patrimoniales. Algunos sectores pueden aumentar en forma importante su plusvalía, mientras que otros puede ser que pierdan determinados atributos, como tranquilidad, privacidad, luz, etcétera. Hoy en día nadie es dueño de los atributos que tiene una propiedad como consecuencia del barrio en el cual está inserta.
En consecuencia, no se puede negociar, y con ello compensar a quienes pierden determinados atributos por el solo hecho de un cambio en el plan regulador. Para permitir la posibilidad de negociar los atributos que ganan o pierden las propiedades a partir de un cambio de la planificación urbana, es razonable pensar en crear asociaciones de vecinos en determinadas zonas y entregarles a ellos facultades en materia de regulación urbana. Al interior de esas zonas se generarían negociaciones entre los afectados, ya sea por cambios o bien congelamiento de normas urbanísticas.
Ello permitiría que fueran los propios vecinos los que determinen cambios a la planificación urbana, sobre la base de modificaciones al plan regulador, maximizando el bienestar de los afectados en su conjunto. En el caso de Vitacura, nunca sabremos si congelar el plan regulador es la opción más valorada; sólo sabremos que es más valorada que los cambios propuestos, pero nada se sabe de todas las alternativas intermedias.
Del plebiscito de Vitacura no sólo se pueden sacar lecciones en lo urbano, sino también en lo que respecta a participación ciudadana, ya que más del 60% de los inscritos para votar en la comuna lo hicieron, reflejo del interés en participar y de que se efectúen con mayor frecuencia. Por ejemplo, no estuvo exento de polémica el que los establecimientos comerciales que expenden bebidas alcohólicas en la comuna tuvieran que cerrar antes que comenzara el día del plebiscito. Ello implicó cerrar a medianoche del sábado, dejando de percibir las ventas de las primeras horas del domingo. Extraña regulación, si se considera que cruzando la calle, en la vereda de otra comuna, continuaba con toda normalidad el expendio de alcohol.
Dado el cada vez mayor interés de la gente por incidir en las decisiones que toman sus autoridades locales, urge contar con una normativa que por un lado asegure a la ciudadanía que el proceso electoral sea confiable, pero por otra permita llevarlo a cabo sin que genere mayores trastornos en la vida cotidiana de la comuna. Por ejemplo, resulta perfectamente factible que determinadas materias pudieran ser consultadas en forma conjunta a una elección de autoridades locales. De esta forma, el costo de la consulta se reduciría prácticamente a cero. Pero en nuestro país la cosa es al revés. Se prohíbe hacer plebiscitos comunales en año de elecciones municipales, lo que motivó que este plebiscito, que ya se había decidido efectuar el año 2007, recién se haya hecho ahora. Sin duda que para tener plebiscitos comunales menos engorrosos, y en consecuencia más viables de realizar, se requiere de una modernización del registro electoral, que es el llamado a garantizar la confiabilidad de los resultados.
Con todo, tanto en materia de planificación urbana como en plebiscitos comunales nuestra normativa no se ajusta a una ciudadanía que cada vez quiere tener mayores espacios de decisión, ya sea para planificar acorde con sus preferencias o para fijar las decisiones que adoptan sus autoridades locales.
